Gobierno busca que proyecto de ley “nivele la cancha” entre taxistas y plataformas

(CRHoy.com). Este 2023 se cumplirán 8 años desde que las plataformas tecnológicas de transporte llegaron al país para gestionar servicios de traslados privados de pasajeros. Estos mismos años han pasado sin que las autoridades gubernamentales y legislativas construyan una propuesta para la regulación de este tipo de aplicaciones (como Uber, DiDi o InDriver).

Los gobiernos de Luis Guillermo Solís (2014-2018) y Carlos Alvarado (2018-2022) no plantearon propuestas contundentes para otorgar un marco legal óptimo a estas figuras. Ahora, la brasa caliente está en manos de la Administración Chaves Robles (2022-2026).

Pese a que el gobierno actual había dicho que presentaría un nuevo proyecto de ley para regular las plataformas a más tardar finales de 2022, eso no ocurrió. Sin embargo, ya existe un documento listo y la intención de las autoridades es enviarlo en las próximas semanas a la Asamblea Legislativa para que sea discutido.

"El proyecto está listo. Lo tiene Presidencia. Se está socializando con los taxistas y con los que manejan plataformas. Ya se les está presentando y enseñando el alcance, para que ellos nos den retroalimentación de lo que el proyecto va a indicar", citó Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes.

La construcción del proyecto la lideró Laura Ulloa Albertazzi, ex viceministra de Transportes y de Seguridad Vial, quien fue despedida el pasado 20 de enero tras una investigación administrativa liderada desde Casa Presidencial, por una solicitud de la exfuncionaria para bloquear una serie de correos electrónicos que sugerían ataques personales y una presunta participación en hechos anómalos dentro de la institución.  Ella negó cualquier irregularidad cometida en el ejercicio del cargo.

Amador dijo que la intención primordial del proyecto es "emparejar la cancha" para que los taxistas formales y los conductores de plataformas compitan en igualdad de condiciones. Por ejemplo, los taxistas deben acudir a la Revisión Técnica Vehicular (RTV) 2 veces al año y los concesionarios deben pagar cánones al Consejo de Transporte Público (CTP) y a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).

"Estamos asegurándonos de que el proyecto nivela la cancha, que ambas partes (taxistas y plataformas) están de acuerdo y que podamos llegar a la Asamblea Legislativa con un proyecto en que ambas partes estén apoyando. Lo que han intentado previamente es un proyecto que está desbalanceado en los intentos previos, o para un lado o para el otro", agregó el ministro.

¿Cuándo se enviará el proyecto a los diputados? Según Amador, todo depende de Casa Presidencial.  "Presidencia va programando los proyectos de ley según van caminando. No está listo, porque se está haciendo esa labor de compartir con las partes involucradas y que todo mundo está 'on board'", citó.

Entre los taxistas hay voces, como la de Rubén Vargas, líder de la Unión de Taxistas Costarricenses (UTC), o la de Gilberth Ureña, del Foro Nacional de Taxistas, que urgen la regulación de los servicios gestionados a través de las plataformas.

Asimismo, hay posturas como la de Ricardo Venegas, de la Alianza C-1 Taxis, que insisten en que se debe respetar la legislación existente y anular la oferta de servicios de las "apps".

"Tenemos que regular porque al taxista se le cobra el canon de la Aresep, del CTP, tienen que estar inscritos y registrados. Un montón de cosas y son sujetos a fiscalización. Debemos tener una igualdad de condiciones en el sentido de que no se beneficia ni a uno ni al otro. El que tiene que salir beneficiado es el usuario.

"Si la plataforma está cobrando tanto, el taxista debe tener la flexibilidad de cobrar menos y la Aresep ha confirmado que el taxista tiene un tope máximo. Por ahí andamos bien. Pero, hay que regular, para habilitar ambos y que puedan coexistir", había dicho el ministro, en diciembre pasado.

En el MOPT consideran que las plataformas pueden mantener el esquema de cobro mediante tarifas dinámicas, según la oferta y la demanda existentes en un momento determinado. Así las cosas, la cuestión para las autoridades radica en que los taxistas también se puedan ajustar a esa volatilidad del mercado.

En 2007, el país registraba 12.500 concesiones de taxi. En la actualidad, esa cantidad se redujo a aproximadamente 11 mil. La proyección es que esta tendencia se mantenga y adquiera mayor fuerza en los próximos meses.

La aplicación Uber opera en Costa Rica desde agosto de 2015, mientras DiDi inició funcionamiento en noviembre de 2019.  En el caso de Uber, de capital estadounidense, cuenta con casi 29 mil conductores registrados y un promedio de 1 millón de clientes en todo el país.

Precisamente, durante su reciente visita a Davos (Suiza) para participar en encuentros del Foro Económico Mundial, el presidente Rodrigo Chaves confirmó que sostuvo reuniones con representantes de Uber. Pero, no detalló en las discusiones de fondo que hubo.