Gobierno busca ahorrarse ¢41 mil millones en pensiones

(CRHoy.com) El ministro de Hacienda Nogui Acosta señaló el respaldo al proyecto de ley 23.733 que propone homologar el aporte Estatal tanto para el Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio (RCC), como del Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (FPJ) para que sea igual al aporte que se da hoy al Régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja.

"Lo que se busca es equilibrar el aporte del Estado para cada uno de los trabajadores. Esto viene a eliminar una discriminación entre el aporte del IVM y los otros regímenes, en el caso del Magisterio el aporte hoy es del 6.75%, mientras que en el Poder Judicial el Estado aporta el 14.36%", afirmó Acosta.

La propuesta busca que ambos regímenes se ajusten hasta llegar al 5.62% del IVM.

Según el ministro de Hacienda, que compareció ante la Comisión de Gobierno y Administración que ve el proyecto, si esta ley es aprobada en el primer año generaría un ahorro de ¢120 millones, ¢2400 millones en el segundo año y hasta ¢3800 millones en un tercer año.

Acosta agregó que al final del proceso de consolidación de la cuota el Estado se ahorraría ¢41.658 millones, bajando el aporte estatal a un monto cercano del 15%.

Aportes

El ministro explicó que todos esos aportes salen del presupuesto de la República.

Por ejemplo señaló que de los 262 mil empleados públicos se distribuyen así en esos regímenes:

• 162 mil funcionarios públicos están en el IVM, lo que significa un 62% de la planilla.
• 85 mil están con el Magisterio, es decir un 33%.
• 13.142 están en el Poder Judicial que significa un 5%.

Acosta recordó que por ejemplo a pesar de ser la menor cantidad de empleados el Poder Judicial recibe el 18% del presupuesto.

No hay estudios

La diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) Dinorah Barquero consultó si Hacienda tiene estudios actuariales sobre el impacto a estos regímenes.

Acosta reconoció que no existen esos estudios, pero sí el impacto sobre las finanzas públicas y el ahorro que generaría al Estado que calificó como de importante y que son recursos que se podrían dedicar a otros fines.

El jerarca dijo que ese ahorro se reflejarían en el presupuesto de la República, y que esos recursos podrían usarse para "otras cosas", aunque no pudo especificar en qué, y recordó que la Ley 9635 eliminó los destinos específicos lo que les impide dar un destino específico a estos recursos.

Agregó que el país lleva 15 años en un déficit fiscal y que si se logra un ahorro la hacienda pública se deberá endeudar menos.

El diputado del Frente Amplio (FA) Antonio Ortega volvió a insistir en la falta de estudios actuariales.

Acosta dijo que esos estudios los debe realizar la Superintendencia de Pensiones hacer ese análisis y además que es una proyecto que busca la equidad para que todos reciban lo mismo.

Pero Ortega lo interrumpió para cuestionar que no haya estudios que respalden la decisión y que lo que hace es igualar hacia abajo.

"Apoyan un proyecto que genera una igualdad hacia abajo y que no tiene estudios sobre el impacto para los trabajadores", afirmó.

El frenteamplista preguntó cuestionar las diferencias del aporte Estatal, cuando el aporte de los trabajadores es distinto en cada régimen, por ejemplo en Jupema donde los trabajadores cotizan el doble que en el IVM.

El ministro indicó que están de acuerdo en que el trabajador aporte más, pero no en que sea el Estado quien mantenga esas diferencias.

Acosta señaló en el tema de la sostenibilidad de los regímenes que algunos otorgan beneficios más allá de lo que aportan.

"Si mantenemos estas diferencias vamos a beneficiar a un grupo particular de trabajadores", agregó Acosta.

El Estado otorga ¢133 mil millones a los distintos regímenes de pensiones del país.

El proyecto sigue en análisis en dicha comisión.