Gobierno acumula seguidilla de contradicciones en 5 meses

(CRHoy.com) En poco más de 5 meses de gestión, la administración de Rodrigo Chaves Robles no ha escapado de los cuestionamientos por las contradicciones y las posturas disímiles entre sus jerarcas y hasta con el mismo mandatario.

Las contradicciones han permeado desde las acciones para contener el gasto público, hasta temas sensibles como en materia de salud pública y seguridad en carreteras.

En medio de los cuestionamientos de los distintos sectores, la Presidencia solo opta por una misma estrategia: el silencio. 

A continuación una breve reseña de las contradicciones más recientes de la administración Chaves Robles.

Nombramiento tras crítica a pensión de lujo 

Este miércoles 12 de noviembre trascendió que Chaves y su ministra de Educación, Anna Katharina Müller, nombraron como miembro propietario del Consejo Superior de Educación (CSE) a José Guillermo Malavassi.

La designación, hecha desde el pasado 13 de septiembre pero dada a conocer hasta este mes, se dio luego de que Malavassi fuera señalado por el propio mandatario por su pensión y afirmar que irían hasta las últimas consecuencias a nivel legal para reducirla.

El 3 de agosto anterior, Chaves afirmó que era necesario levantar un proceso de lesividad en contra de 78 jubilados de lujo que recibían más de 8 millones de colones. Mencionó entre las personas al propio Malavassi, quien tiene una pensión de lujo de ¢8.146.840.

"El compromiso de seguir luchando contra las pensiones de lujo es incólume e inquebrantable, tenemos una ruta (…) hace días anunciamos que íbamos a iniciar un proceso de lesividad contra exdiputados y exdiputadas de la República por el monto de sus pensiones de lujo (…). Para yo dar un ejemplo de las personas a quienes se les va a presentar el proceso de lesividad, estas incluyen: Myrna Mayorga Arce, Guillermo Malavassi Vargas, Ana Isabel Ulate Herrrera, Ana Espinoza Vargas, Luz María Díaz Rocha, con pensiones de lujos de 8 millones 146 mil colones por mes (…) vean, nosotros vamos a ir hasta las últimas consecuencias, dentro del marco de la ley de Costa Rica", expresó el mandatario en ese momento.

Hasta esta publicación la Presidencia no se había referido a esta contradicción y los motivos del nombramiento. Tampoco si pensaba revertirla. 

Contradicciones en medio de 9 muertes en Cambronero

El pasado 18 de septiembre, un día después de la tragedia que cobró la vida de 9 personas en Cambronero, Chaves, dijo que el sitio de la tragedia estaba identificado como uno de los puntos vulnerables sobre la ruta nacional 1.  Sin embargo, sus palabras fueron desmentidas por Mauricio Batalla, director ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi).

Chaves afirmó que el lugar exacto del suceso figuraba entre los puntos inestables, previamente identificados, que requerían atenderse mediante una licitación promovida por el Conavi que tardó casi 2 años en ser adjudicada. No obstante, su versión fue desacreditada luego por Batalla, quien confirmó a los medios de comunicación que el sitio específico de la tragedia no estaba plenamente identificado bajo los puntos en riesgo de deslizamientos. Incluso, recalcó que una emergencia de este tipo era impredecible.

Además de la inestabilidad de la zona, hay que sumar que uno de los 5 informes técnicos que elaboró el Conavi para investigar la tragedia choca con las publicaciones oficiales hechas por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) horas antes del suceso.

El informe DRC-127-2022-0776, con fecha del 27 de setiembre de 2022 asegura que el día del suceso "nunca se dio un cierre total" de la carretera, mientras se efectuaban las labores de limpieza de los deslizamientos sucedidos entre el jueves 15 y el viernes 16 de setiembre en otro punto: el kilómetro 65+400 (sector del hundimiento).

Sin embargo, a las 7:19 a.m. del 17 de setiembre, a través de la página oficial en Facebook, el MOPT anunció a los usuarios que sería necesario "aplicar un cierre total para el desarrollo de los trabajos". Incluso, se advirtió que las labores "se extenderían hasta que el material que cayó en la vía sea retirado en su totalidad".

Sobre este tema en particular y pese a que la tragedia cobró la vida de 9 personas,  ningún funcionario asumió la responsabilidad política de la apertura de la calle, pese a que las condiciones inestables del clima y del terreno eran evidentes.

No ocurrió la misma situación con una licitación del Ministerio de Seguridad (MSP) con una empresa automotriz, por la que Chaves despidió al ex viceministro Randall Vega por "pérdida de confianza" y ser "el responsable político" de una presunta modificación al cartel para favorecer a dicha compañía, esto pese a que no hay evidencia de que Vega solicitara o hiciera ningún cambio a las solicitudes.

Cierres y suspensiones de lecciones

El pasado 6 de setiembre en la interpelación en la Asamblea Legislativa la ministra de Salud, Joselyn Chacón, se refirió a la saturación que ya presentaba el Hospital de Niños por la alta circulación de virus respiratorios. La ministra aseguró que el hospital pediátrico "se ha colapsado todos los años".

Sin embargo, para esa oportunidad, la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital de Niños, aseveró que esas declaraciones no se apegaban completamente a la realidad y afirmó que las medidas de prevención de contagios, como la mascarilla y el lavado de manos evitaron que el centro médico percibiera ese pico de infecciones en otros años.

El grupo técnico de virus respiratorios, del que Arguedas es integrante y también la ministra Chacón, recomendó al Ministerio de Salud un "receso lluvioso" en conjunto con la reinstauración de la mascarilla y el lavado de manos para intentar cortar la transmisión, entre otras medidas.

Sin embargo, el pasado lunes 10 de octubre, la ministra Chacón solo ordenó el "receso" que suspendió el curso lectivo, sin aplicar las otras medidas sugeridas.

Ahora, este viernes, la jerarca nuevamente echó marcha atrás e instauró el uso obligatorio de las mascarillas, para atender los virus respiratorios en general; es decir, no necesariamente solo el COVID-19.

Proyecto contra corrupción incompleto

Aunque fue promesa de campaña, el Gobierno omitió incluir, en su proyecto estrella de combate a la corrupción, la recompensa económica que se le daría al llamado "testigo de la corona", es decir, a aquellos que denuncien los hechos corruptos.

En su plan de gobierno, el Partido Progreso Social Democrático (PPSD) indicó sobre el tema de combate a la corrupción: "Promoveremos la aprobación de una ley de protección al denunciante, con recompensas económicas cuando el Estado recupera fondos por los casos cuestionados".

Pero el texto presentado a la corriente legislativa no incluye por ningún lado la recompensa económica para los que denuncien.

Consultada sobre el tema en esa ocasión, la jefa de fracción del PPSD, Pilar Cisneros, reconoció que el texto no incluye el detalle de la promesa de la recompensa económica, porque no "estaba listo", pero que sí lo incluirán dentro del proyecto, vía moción en su momento.

Diferencias con el BCCR sobre reserva de dólares

En mayo, pocas semanas después del inicio de esta administración, el propio presidente del Banco Central de Costa Rica salió a desmentir al presidente Chaves.

En ese mes, Chaves acusó al gobierno de Carlos Alvarado por incurrir en un "error de política pública" por presuntamente dejar al país con pocas reservas de dólares en el BCCR, lo que en su criterio hoy le deja muy poco margen para atenuar el tipo de cambio.

Según dijo el gobernante, en el periodo anterior, se usaron "$2.300 millones de reservas para sostener artificialmente el tipo de cambio".

Sin embargo, tras las declaraciones del presidente, el BCCR salió a desmentirlo y dijo que el país sí tiene "suficientes reservas" de dólares y aseguró que en la pandemia, desde febrero del 2020 a mayo del 2022, el saldo de las reservas se redujo en $1.263 millones, y no en $2.300 millones, como dijo Chaves.

Reglas distintas

Otra de las contradicciones de los últimos meses del Poder Ejecutivo tiene que ver con lo suscitado con el Parque Viva y la revisión de la nueva normativa para estadios y otras edificaciones.

Pese a que este lugar de eventos abrió sus puertas oficialmente en 2015, el Cuerpo de Bomberos de Costa Rica nunca emitió a lo largo de estos 7 años un criterio que alertara sobre los posibles inconvenientes que podría provocar un aforo alto en el recinto. Héctor Chaves, director de Bomberos, indicó que en su institución únicamente emiten una opinión solo bajo la solicitud de una parte interesada.

Aún así, en julio de este año, el Gobierno, por medio del Ministerio de Salud, ordenó el cierre del lugar, basándose en "riesgos" de evacuación por el colapso de las calles y las salidas de acceso.

Según Salud en ese momento, si ocurría una situación, el acceso de una ambulancia o una unidad de Bomberos era muy difícil.

Cuando se solicitaron los criterios técnicos que sustentaron esa posición, se pudo constatar que estos se dieron después de que se anunció el cierre. En otras palabras, la ministra Chacón los recibió después de que ordenó el cierre del Parque Viva. 

Un trato diferente recibieron los equipos de fútbol de Primera División del país esta semana, cuando el Poder Ejecutivo anunció que la normativa que tiene en problemas los recintos donde se juega fútbol y que les impedía operar con una totalidad de aforo, sería modificada para que pudieran operar.

Precisamente, la situación se daba debido a criterios del Cuerpo de Bomberos sobre la atención de emergencias y los aforos en estos recintos.

Este miércoles, tras el Consejo de Gobierno, se informó que se creará una comisión técnica para estudiar dicho reglamento, que es aplicado por el Cuerpo de Bomberos.

El grupo que se encargará de dicho análisis está conformado por: autoridades del Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Cámara Costarricense de Construcción y un representante académico con la especialidad técnica requerida.

Precisamente este jueves, el Ministerio de Salud informó a los equipos de Primera División que podían jugar con el 100% de afición en los estadios.