Gobierno abre llave del gasto para reestructurar Infocoop

(CRHoy.com).- El Gobierno del presidente Carlos Alvarado modificó un decreto que ordenaba limitar el gasto en reestructuraciones de personal en el Estado para que el Infocoop sí pueda iniciar un proceso de ordenamiento de su planilla.

La nueva orden de la Presidencia de la República se publicó en el diario Oficial La Gaceta el pasado 28 de mayo. El decreto lo firmaron el segundo vicepresidente de la República, Marvin Rodríguez, y la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya.

En su artículo primero el decreto ejecutivo exceptúa "por única vez" al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) de la aplicación del decreto N.° 41162-H, del que firmaron la propia Aguilar y el presidente de la República, Carlos Alvarado, el 1.° de junio del 2018.

Textualmente el artículo 1 de ese decreto indica que: "Únicamente serán aprobadas las reestructuraciones dentro de ministerios, órganos desconcentrados y entidades cubiertas por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, cuyo propósito sea hacer más eficiente la gestión del Estado, siempre que no impliquen la creación de plazas adicionales, reasignaciones de puestos, así como nuevos gastos".

La orden ejecutiva se fundamentó en varios considerandos, el más importante de ellos fue que "el déficit del Gobierno Central refleja claramente que los ingresos corrientes serán insuficientes para afrontar las obligaciones que le corresponden al Gobierno, haciendo necesario implementar medidas adicionales para contener y reducir el déficit fiscal precitado (las reestructuraciones)".

Entre las justificaciones del nuevo decreto están la intervención del Infocoop por parte del Poder Ejecutivo, decisión que tomó a finales de febrero del 2017 el entonces presidente, Luis Guillermo Solís, que la junta interventora designada tomó la decisión, el 15 de marzo de ese mismo año, de crear una comisión especial para la reorganización del Infocoop y que el 11 de setiembre del 2017 se acogió de manera integral el Plan de Reorganización Administrativa y que el 4 de mayo el Ministerio de Planificación aprobó la propuesta de reorganización administrativa.

El nuevo decreto en su considerando décimo justifica que la propuesta de reestructuración no propone un incremento de plazas en su primera fase, aunque también, a renglón seguido, consigna que a mediano plazo se podría presentar un incremento "moderado y razonable" de puestos.

Según el texto, ese aumento en las plazas sería "para cubrir de mejor manera la alta demanda de promoción, capacitación, asistencia técnica, financiamiento, investigación, divulgación y supervisión de cooperativas".

Sin embargo, de inmediato la Presidencia alega que la reestructuración no perjudicará el presupuesto nacional, en tanto que el Infocoop "cuenta con recursos propios de distinta fuente de origen".

La principal fuente de ingresos del Infocoop es el giro que le hacen los bancos públicos, Nacional (BN), de Costa Rica (BCR) y Central (BCCR), del 10% de sus utilidades anuales, es decir, se trata de recursos públicos que no ingresan al presupuesto del Gobierno Central.

"Es fundamental para el sector cooperativo nacional y en aras de generar procesos que dinamicen la economía nacional, que el Infocoop pueda modernizarse y aplicar los principios que han sido planteados ante el Ministerio de Planificación y Política Económica, según la Guía N.º 1 de Reorganización Institucional del Infocoop", defendió Casa Presidencial.

Se le solicitó al director ejecutivo a. i. del Infocoop, Gustavo Fernández, información más detallada acerca de las implicaciones del proceso de reestructuración. Empero, no contestó la consulta que se le hizo antes del cierre de esta publicación.

Movimiento cooperativo denuncia atropello

Geovanny Villalobos Guzmán, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), dijo que la entidad, que representa al movimiento cooperativo, no ha analizado los alcances del nuevo decreto ejecutivo.

Sin embargo, afirmó que temen que el permiso para que el Infocoop realice una reestructuración interna de su personal tenga como finalidad concretar un acomodo de la institución a la medida de los deseos del Gobierno, sin que se tome parecer al movimiento cooperativo.

Villalobos denunció que el decreto que abre la puerta a la reestructuración del Instituto se publicó un mes antes de que finalice el proceso de intervención del Infocoop, el próximo 28 de junio.

"Me parece que es un asunto muy apresurado comenzar a hacer una reestructuración cuando no se han incorporado los representantes del movimiento cooperativo que son los que deberían estar revisando toda esa reestructuración", afirmó.

La junta directiva del Infocoop está compuesta por siete miembros. Cuatro de esos asientos le pertenecen a representantes del movimiento cooperativo. Sin embargo, desde febrero del 2017 la Presidencia de la República ha designado a todos los integrantes de la Directiva producto de la intervención.

"No nos han tomado ningún criterio a los representantes del movimiento cooperativo, lo cual provocará que cuando lleguen las autoridades legítimamente elegidas por el movimiento ya no habrá nada que hacer, porque ya habrán ejecutado la reestructuración", lamentó Villalobos.

El jerarca del Conacoop dijo que la institución desconoce los pormenores de la reestructuración, aunque dijo que están enterados de que el proceso ha provocado mucho sinsabor dentro del Infocoop.

"Creemos que habrá un grupo que tomará completamente el poder en detrimento de otras personas quienes temen que se den despidos y traslados (…). Por supuesto que tememos que vayan a perjudicar a un grupo de los empleados del Infocoop. La persecución que se ha dado ahí desde hace dos años contra un sector de los empleados es evidente. Nunca habían podido realizar la reestructuración y ahora la hacen atropelladamente. No tenemos ninguna posibilidad de oponernos a la reestructuración. Es una arbitrariedad que se está materializando", afirmó.

Desde el principio de la intervención las autoridades del Conacoop acusaron al exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Víctor Morales Zapata, como el autor intelectual de la intervención del Infocoop para que un grupo de empleados afines a él pasaran a administrar el Instituto.

Esa misma denuncia la planteó el Partido Frente Amplio (FA). A pesar de que estaban a favor de la intervención de la entidad, las autoridades frenteamplistas acusaron al gobierno de Luis Guillermo Solís de haberle quitado el poder del Infocoop a un grupo de dirigentes afines al Partido Liberación Nacional (PLN) para entregárselo a Morales Zapata y sus allegados.

El exdiputado, cuestionado por el caso del cemento chino, nunca se ha pronunciado acerca de esa denuncia en su contra.

La intervención del Infocoop se dio cuando empezaron a circular denuncias anónimas en las que se señalaba el presunto uso de la cartera de créditos de ¢106.000 millones del Instituto con fines políticos, para favorecer a cooperativas fieles a los dirigentes liberacionistas.

Días después de la intervención ordenada por Luis Guillermo Solís, el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) allanaron la sede central del Infocoop en Barrio México, así como las casas de varios dirigentes cooperativos.

La Fiscalía acusó de comandar una presunta red criminal que usaba los recursos del Infocoop con fines políticos al dirigente liberacionista Freddy González, expresidente de la Junta Directiva del Instituto, sin que la acusación presente mayores avances dos años y tres meses después de la intervención judicial.

Conforme pasan los meses, la sombra de Víctor Morales Zapata se agiganta sobre el Infocoop. En marzo de este año CRHoy.com publicó que en el 2007 el exdiputado gestionó una dádiva para varios funcionarios que aún hoy ocupan altos cargos dentro del Instituto. La denuncia la hizo el exdiputado liberacionista y cooperativista, Óscar Campos.

Según el dirigente, Morales Zapata presionó a la cooperativa Coocafé R. L., la cual él presidía, para que pagara los boletos a Europa de tres funcionarios del Infocoop "en agradecimiento" porque la institución le aprobó a la empresa cafetalera un plan de salvamento financiero.

Morales Zapata ni desmintió ni confirmó la denuncia de Campos, mientras que la administración del Infocoop prometió realizar una investigación interna sin que aún comunique sus resultados.

Paradógicamente, antes de la intervención el Infocoop gozaba de altas calificaciones en el Índice de Gestión Institucional (IGI) que publica la Contraloría General de la República. Sin embargo, en el 2018 obtuvo su calificación más baja de los últimos cinco años en la medición de eficiencia.

El año pasado el Infocoop obtuvo un puntaje de  71,1. La calificación fue casi 20 puntos menor a la que tuvo en el 2017, cuando tuvo un 90,3.