Gloria Navas y Gilbert Jiménez proponen penas de hasta 50 años por sicariato
Propuesta de los fabricistas dictaminada por Comisión de Seguridad y Narcotráfico no es del agrado de todos los sectores
La diputada independiente Gloria Navas Montero y el diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles presentaron un nuevo proyecto de ley para atacar el sicariato.
La propuesta presentada por Navas y Jiménez contempla penas más severas a las planteadas en la iniciativa que ya se dictaminó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso para atacar esta problemática.
El proyecto de Navas y Jiménez atendió la solicitud planteada semanas atrás por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de imponer penas de prisión de hasta 50 años para quienes cometan sicariato.
La propuesta ya dictaminada por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y que fue presentada por la fracción de Nueva República contempla penas carcelarias entre 25 y 35 años.
El plan de los fabricistas para combatir el sicariato pasó al plenario sin un rumbo claro. Además de las penas, el Poder Ejecutivo y las autoridades judiciales señalaron aspectos que revisar en su etapa de presentación de mociones de fondo (ver nota abajo).
¿Qué propone el proyecto de Navas y Jiménez?
El nuevo texto presentado para atacar el sicariato busca reformar y adicionar un nuevo capítulo a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
La iniciativa establece una definición del sicariato, penas más severas, sanciones para la tentativa y medidas para funcionarios policiales, entre otros.
Entre las penas propuestas están entre 25 y 50 años de prisión a quien o quienes maten por encargo. La misma pena se aplicaría para quienes planifiquen o financien un asesinato por sicariato.
Además, propone que el entrenamiento y asesoría a grupos de crimen organizado se sancione con penas entre los 10 y 15 años de prisión, y 20 años de inhabilitación para funcionarios y exfuncionarios policiales que entrenen o asesoren en técnicas de sicariato.
Navas y Jiménez resaltaron que datos del OIJ, con fecha al pasado 30 de julio, indican que 512 personas fueron víctimas de homicidio doloso. De ellas, 302 casos fueron por ajuste venganza y 405 homicidios se cometieron con armas de fuego.
El proyecto que corregir
El pasado 18 de julio los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso dictaminaron de manera afirmativa el proyecto de ley 24.047, el cual pretende atacar el sicariato en el país. Los congresistas avalaron el texto a pesar de que todavía había una serie de aspectos que no estaban claros ni consensuados entre las autoridades.
El texto aprobado en la comisión adiciona un artículo 112 bis al Código Penal para crear el delito de homicidio por sicariato. La propuesta fija penas de prisión entre 25 y 35 años por este crimen.
"Se impondrá prisión de 25 a 35 a quien de muerte a una persona por encargo o acuerdo, con el propósito de obtener para si o para un tercero un beneficio material, económico o personal. La misma pena se impondrá a quien haya encargado o acordado la muerte de la persona" dice el plan.
Añade que la pena privativa de libertad se podrá incrementar hasta en un tercio, si interviene una persona menor de edad.
No obstante, el proyecto mantiene divididos a los 3 supremos poderes de la República. Los diputados, los jerarcas del Poder Judicial y el Gobierno de la República concuerdan que hay que tomar medidas para atacar estos delitos, sin embargo, discrepan en si es necesario crear un nuevo tipo penal y además en las sanciones a fijar para los integrantes de las bandas criminales que se dediquen al sicariato.
Por una parte, desde el Poder Ejecutivo se respalda la opinión expresada en días anteriores por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en el sentido de que se debe revisar si es necesario "segregar o desmembrar" el artículo 112 del Código Penal, que regula el homicidio calificado y que se le otorgue una singularidad al sicariato, ya que este está regulado. Así lo manifestó días atrás el ministro de Justicia, Gerald Campos, en una audiencia con los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
Por otra parte, el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga apeló a revisar las penas contempladas dentro del proyecto. El jefe del OIJ sugirió elevar la pena a los 50 años, tal y como lo contempla la nueva propuesta de Navas y Siles.
Las autoridades también discrepan acerca de la manera en que se debe penalizar a los menores de edad que sean reclutados por las bandas criminales para que cometan asesinatos.
También, mostraron diferencias acerca de las penas para quienes recluten y contraten a personas para asesinar.
Semanas atrás, autoridades del Ministerio de Seguridad Pública indicaron que hoy día en el país unas 1.000 personas se dedican al sicariato, mientras que unas 250 personas, son parte de una estructura de mando de estas bandas criminales.
Las autoridades presumen que los reclutadores de sicarios están ofreciendo a adolescentes, teléfonos celulares o ¢1 millón de colones, para que salgan de la escuela o el colegio y se conviertan en asesinos a sueldo, aprovechándose de la necesidad de sus familias.
Según se mencionó, la vida de estos menores de edad es muy corta, dado que los gatilleros buscados por las bandas delictivas son todos en ese rango de edad.