Globalvía insistirá en participar en ampliación de la ruta 27

Globalvía, concesionaria de la ruta 27 entre San José y Caldera, confirmó el interés en participar de lleno en la ampliación de esa carretera.

Borja Santamaría Mariscal, gerente general de Ruta 27, operada por Globalvía (Autopistas del Sol S.A.), se refirió al tema en la conferencia de prensa previa al evento deportivo de ciclismo Gran Fondo Andrey Amador (GFAA) que se correría este 24 de febrero en ese corredor vial.

Durante los casi 2 años de la Administración Chaves Robles (2022-2026) la compañía se ha mantenido al margen en este tema y las apariciones públicas de Santamaría fueron escasas como para conocer la posición empresarial.

La discusión sobre la necesidad de modernizar la ruta es un tema abordado desde el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) o la Casa Presidencial. Poco se ha dicho por parte de la empresa.

"Vamos a ser conscientes de la falta de capacidad que tiene nuestra ruta. Por cierto, hablando de ese eslogan, de hacer posible lo imposible, la verdad es que lo hacemos nuestro y vamos a ver si somos posibles de hacer la ampliación de la ruta 27. Parece imposible, pero trabajamos en esto y el éxito de este evento (el GFAA) nos da mucha ilusión de conseguirlo", expuso Santamaría Mariscal, en la conferencia efectuada el viernes 23 de febrero.

El gerente general de Ruta 27 indicó que participan en eventos de este tipo para demostrar a la ciudadanía y a los usuarios de la carretera, sobre prejuicios y barreras, que "no son esa transnacional fría y depredadora que está despreocupada de esos problemas del país".

"Esto está totalmente alejado de la realidad y esa visión nos duele", apuntó el ejecutivo.

Posterior al evento, este medio abordó a Santamaría para consultar más sobre los planes de ampliación. Pero, no fue posible obtener mayores detalles debido a que sus asesores de prensa alegaron que solo se hablaría "de la actividad (ciclística) como tal".

Al inicio, la Administración Chaves Robles intentó encontrar caminos para romper el contrato con la concesionaria, pero no tuvo éxito y constataron que esta intención podría acarrear un pago indemnizatorio por parte del Estado.

Casi 2 años después de asumir el poder, el gobierno continúa en acercamientos con la empresa para alcanzar un acuerdo que permita mejorar las condiciones de la carretera hacia el Pacífico Central.

El contrato entre el Estado y la concesionaria vence hasta el año 2033.

"Estamos en reuniones con Globalvía. Estamos negociando para que la tasa de incremento del peaje sea lo más baja posible y que sea únicamente cuando ya esté ampliada la carretera, el segmento que sea ampliado. Ahí estamos en negociaciones", dijo Luis Amador, ministro del MOPT, el 10 de enero pasado.

El funcionario admitió que confía en dar un "anuncio" durante 2024 sobre el acuerdo de negociación para ampliar la ruta. "Todavía no tengo la solución definitiva", añadió.

Tras constatar las complejidades legales para romper la relación con la empresa europea, con una millonaria indemnización de por medio, las autoridades de gobierno buscan la fórmula para que la vía se amplíe. El menú de alternativas no es amplio y son solo 2 las alternativas más viables:

• Que el Estado busque los recursos para que una empresa realice las obras (siempre en el marco de la actual concesión) y que las tarifas de peajes no tengan mayor impacto.
• Que el concesionario que desarrolle las obras, con la consecuencia de que los peajes a los conductores podrían subir o que el contrato de concesión se amplíe para amortizar esa inversión.

Para modernizar los 77 kilómetros que comprenden la vía se requeriría una inversión estimada en $600 millones y $700 millones, los cuales el Estado no tiene.

Una de las alternativas que exploró el gobierno en meses reciente radicó en solicitar al Ministerio de Hacienda pedir un crédito de $600 millones discutido de manera verbal con el Reino de Arabia Saudita. Este dinero serviría para entregar los recursos como aporte estatal a la ampliación, pero esto no está cerca discutirse o concretarse.

Ante las dificultades expuestas, el Poder Ejecutivo apostaría en encaminar la ampliación en la primera fase, entre el Gimnasio Nacional y Siquiares (Alajuela). Esta cuenta, desde hace varios años, con las expropiaciones requeridas casi listas.

A principios de octubre, Dahianna Marín, exsecretaria técnica del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y actual viceministra Administrativa del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), explicó que las negociaciones con Globalvía estaban paralizadas hasta que no contaran con los recursos.

"Hasta que no tengamos claro cuál va a ser el contenido económico y cómo vamos a integrar las partes. Y, con el estudio de tráfico presentado por Globalvía, efectivamente ellos indicaron que no se les permite hacer una inversión y nosotros tenemos que ver cuál es la fuente de financiamiento", expuso la funcionaria.

En el caso de Arabia Saudita, las autoridades de ese país estarían anuentes a negociar el financiamiento, pero la solicitud formal debería ser tramitada por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC). En ese sentido, las autoridades saudíes no han formalizado el ofrecimiento del crédito por escrito y hasta que eso no suceda poco se puede planear.

La ruta entró en operación el 27 de enero de 2010, en los meses finales de la Administración Arias Sánchez (2006-2010). No obstante, rápidamente se reportaron problemas operativos (desprendimiento de taludes) e inconvenientes de capacidad.

En el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022) hubo negociaciones con Globalvía para concretar una ampliación del corredor vial. En primera instancia, se estimó una propuesta preliminar de modernización vial que rondaría entre los $550 millones y los $600 millones.

Según el CNC, a nivel técnico existen avances sobre la propuesta para ampliar el corredor vial. Esto incluye diseños, prediseños, ampliación de puentes, estimaciones de algunos costos y gestión de expropiaciones. No obstante, un aspecto clave está aún en el aire: las estimaciones futuras de tráfico, con las cuales se afinaría el costo final de las obras y el aporte económico que podría ofrecer el Estado.