Glen Calvo deja la Fiscalía Anticorrupción, donde lideraba casos “Cochinilla” y “Diamante”
Fue nombrado como juez en nuevo Juzgado Penal de Delincuencia Organizada
(CRHoy.com) Glen Calvo Céspedes dejó -temporalmente- la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), donde lideró las investigaciones de los casos policialmente conocidos como "Cochinilla", así como "Diamante".
La información fue confirmada por la Unidad Administrativa del Ministerio Público el 22 de diciembre de 2022 a través de su departamento de comunicaciones, ante una consulta de CRHoy.com. La fecha de salida del exfuncionario no fue indicada pese a pregunta expresa de este medio.
El propio Calvo Céspedes señaló mediante un mensaje que desde el 21 de noviembre de 2022 ocupa una plaza de juez en la nueva Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizado (JEDO). Enfatizó en que no renunció a su puesto como fiscal, por lo que podrá retornar a esta tan cuando culmine su nombramiento de ocho años como decisor del Juzgado Penal o en caso de que se separe de este.
Los escándalos de presunta corrupción en contratos de obra pública antes mencionados, que se tramitan bajo los números de referencia 19-000025-1218-PE y 20-009616-0042-PE, quedaron en manos de un grupo de fiscales, liderados por el nuevo fiscal adjunto del despacho, Miguel Ramírez López. Ambos avanzan en la fase de recolección y análisis de pruebas, que es privada para terceros, como lo establece el artículo 295 del Código Procesal Penal.
El expediente de "Cochinilla" tenía -hasta el 14 de junio de 2022- 82 imputados y 17 personas jurídicas perseguidas, destacó el exfiscal a CRHoy.com. En una declaración remitida en el primer aniversario del estallido del caso, Calvo Céspedes resaltó que la pesquisa inició en una forma nunca antes vista en casos de corrupción, que atacó mitos que durante 25 años resonaron en la ciudadanía sobre la adjudicación de carreteras y que "estrenó" la Ley de Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas. En la lista de sospechosos destacan los empresarios Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueños de las constructoras MECO y H. Solís.
"Desde el punto de vista personal podría decirle que la investigación ha tenido un avance sumamente significativo, que tenemos bastante trabajo adelantado, que hace falta una cantidad de trabajo que no depende directamente del Ministerio Público, sino de -por ejemplo- señalamientos de apertura de prueba electrónica, de terminación de informes policiales tanto financieros como de investigación propiamente y modos de actuación.
"Pero considero que para el tipo de delito que se investiga, la cantidad de personas involucradas, la situación de las personas jurídicas involucradas y la poca cantidad de personal del Ministerio Público que se encuentra trabajando en esta, tenemos un avance sumamente significativo de cara a lo complejo y enmarañado que tiene la estructura que estamos investigando", subrayó Calvo Céspedes a este medio.
Detalló que, para entonces, seis funcionarios daban tratamiento a la causa, aunque solo uno lo hacía en tiempo completo. Resaltó que ese equipo tuvo que hacer frente a más de un centenar de defensores, que plantearon más 600 audiencias ante el Juzgado Penal en un año, que debían ser respondidas por escrito u oralmente. A esas gestiones debían sumarse las necesarias para continuar con la investigación y diligencias para probar la tesis del Ministerio Público.
Para cuando se cumplió el año de los allanamientos del caso "Diamante", así como las detenciones de los alcaldes Johnny Araya Monge (San José), Mario Redondo Poveda (Cartago), Humberto Soto Herrera (Alajuela), Arnoldo Barahona Cortés (Escazú), Alberto Cole De León (Osa) y Alfredo Córdoba Soro (San Carlos, con credenciales canceladas el 15 de julio de 2022), el entonces fiscal mencionó a CRHoy.com que el Ministerio Público destacó en 30 audiencias orales ante el Juzgado y el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública. En total se tienen 21 encartados y 3 personas jurídicas.
Aseguró que su despacho avanzó en la ubicación y entrevista de testigos, así como en la revisión de la prueba documental decomisada en los operativos.
Por su parte, la investigación seguida contra el alcalde de Corredores, Carlos Viales Fallas, por la aparente construcción de un puente en una propiedad de un presunto narcotraficante de apellidos González Hernández, conocido como "Pancho Villa"; fue asignada a la fiscala Indira Aguilar Villalobos, de la Fiscalía Anticorrupción.
Este medio preguntó a Calvo Céspedes sobre la motivación del cambio de aires o si consideraba conveniente dejar el Ministerio Público cuando esas pesquisas estaban en trámite, este señaló que no daría comentarios al respecto.
