Gerente de Racsa y 4 personas son imputados por 4 delitos relacionados con contrato de tobilleras
Mauricio Barrantes es investigado por contratos de tobilleras para reos
Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), figura como imputado en la causa penal 23-035050-0042-PE, relacionada con posibles irregularidades en un contrato otorgado de forma directa para el monitoreo de privados de libertad por medio de tobilleras electrónicas.
En este expediente se investigan cuatro posibles delitos relacionados con el contrato de tobilleras para privados de libertad, gestionado a través del consorcio Racsa-Synergy-SGSV, a solicitud del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) confirmó que investiga a Barrantes, a la directora jurídica de Racsa, Ileana Rodríguez Quirós, y a los empresarios De Oliveira Roquim, Carneiro y Bermúdez Leandro, representantes del consorcio.
Según la denuncia presentada por el diputado liberacionista Francisco Nicolás, el consorcio habría obtenido ese contrato de manera "ilegal o ilegítima", generando beneficios por más de $2,7 millones al quedarse con la licitación.
El Ministerio Público explicó que con las pruebas disponibles abrió pesquisas por presunta comisión de incumplimiento de deberes, fraude de ley, sobreprecio irregular e influencia contra la Hacienda Pública. Sin embargo, aclaró que no puede divulgar más detalles porque el caso continúa en investigación, conforme al artículo 295 del Código Procesal Penal.
La denuncia se amplió con información agregada el 26 de junio de este año, sostiene que se fraguó una estrategia para beneficiar económicamente a las empresas que actualmente prestan el servicio de tobilleras con fondos públicos.
"(…) el Ministerio de Justicia pudo ser altamente complaciente por parte de su ministro (Gerald Campos) y de los funcionarios responsables a saber: el proveedor institucional, la asesora legal, la directora de tecnología y el administrador de contrato".
La documentación señala que el MJP pagó un sobreprecio de $2,3 millones desde abril de 2023 con la licitación 2022LI-000001-0006900001, que establecía $5,99 diarios por cada tobillera. No obstante, durante 16 meses ejecutó el contrato de la licitación 2023XE-000001-0006900001, con un costo de $9,61 por dispositivo al día.
Tobilleras: el paso a paso
El Ministerio de Justicia y Paz mantenía un contrato con la ESPH, que utilizaba la tecnología del fabricante BUDDI para el monitoreo de reos. Dicho contrato debía finalizar en 2022.
Ante ese vencimiento, en abril de 2022 Justicia promovió la licitación internacional 2022LI-000001-0006900001, denominada "Arrendamiento operativo llave en mano de una solución integral de mecanismos electrónicos alternativos". En noviembre, adjudicó el contrato al consorcio Racsa-SGSV-Synergye por $5,99 diarios por cada tobillera, pese a las apelaciones presentadas.
En febrero de 2023, el ministerio alegó una "supuesta necesidad urgente" y riesgo de interrupción del servicio, por lo que recurrió a una contratación directa por emergencia (licitación 2023XE-000001-0006900001).
"(…) la cual se adjudicó a dedo RACSA por 1 año (venciendo el 29 de junio del 2024) por un monto de $9.605 por uso de tobillera diaria. Es decir, un 60,5% de sobreprecio respecto lo que ya habían ofertado en el concurso internacional al MJP por el propio consorcio integrado por Racsa-SGSV-Synergie, esta última representada por los empresarios brasileños Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez", dice la denuncia.
Con el contrato en curso, el consorcio incorporó en setiembre de 2024 la tecnología BUDDI, antes usada por la ESPH, lo que elevó el costo de $5,99 a $6,37 diarios por cada tobillera, según el documento.
"Desde la implementación del programa de tobilleras por parte del Ministerio en el año 2017, siendo proveedor la ESPH se tuvo que desechar la tecnología de la Synergye, porque fue una tecnología que presentó graves deficiencias: 1) las tobilleras explotaban, 2) hubo monitoreados quemados, 3) lo más grave es que existían múltiples monitoreados sin saber su paradero ante la pésima precisión de localización; todo lo cual provocó una serie de cuestionamos del MJP hacia la ESPH en la prensa nacional y que derivó en un reemplazo de la tecnología en dos ocasiones por parte de la ESPH", recrimina la denuncia.
El denunciante argumenta que este cambio de tecnología "sin razón de ser" podría formar parte de un plan ideado por los imputados para ofrecer una tecnología "inservible pero barata".
A su criterio, con esa estrategia lograban un mejor precio inicial y, después, aprovechaban la urgencia del MJP para cobrar más caro. Finalmente, sustituían la tecnología por otra funcional que introducían al final, generando un segundo sobrecosto.
"Adicionalmente, con la incorporación de BUDDI en setiembre del 2024 y el aumento de precio al día de hoy RACSA-SGSV-SYNERGIE-BUDDI, se han visto beneficiadas en un sobreprecio de $441.188,50.
De igual forma, resulta medular que se investigue si la empresa SGSV ha sido objeto de fiscalización y cobros retroactivos por posibles evasiones de impuestos en las importaciones de las tobilleras al país, así como de otros tributos nacionales", reprocha el diputado, quien califica los hechos como un posible abuso de figuras excepcionales.
Tobilleras electrónicas para monitoreo de reos
Consorcio: "son acusaciones falsas"
La representación comercial del consorcio respondió por medio de su asesor de comunicación, quien aseguró que todo el proceso se realizó con transparencia y apego a la legislación.
"Con relación a los temas consultados, por presuntas y supuestas irregularidades de SGSV, asociadas a Racsa con el tema de las tobilleras electrónicas, la empresa es enfática en que son acusaciones falsas", indicó el asesor de comunicaciones.
Añadió que la ley prevé los contratos entre empresas del Estado, "así como la contratación de una empresa privada que desde hace tres administraciones presta servicios a Racsa con éxito".
Además, destacó que los contratos, con un plazo máximo de tres renovaciones, se han condicionado a la satisfacción de las partes por los servicios recibidos. "SGSV es una empresa costarricense con amplia trayectoria y respeto en el sector de telecomunicaciones, siempre apegada a las leyes y a los buenos principios, razón de su éxito", finalizó.