Gerente de Racsa reconoce reuniones privadas con empresa contratada para 5G
Caso se encuentra bajo investigación de la Contraloría y de la Fiscalía
El gerente general de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), Mauricio Barrantes Quesada, reconoció haberse reunido en privado con representantes de la empresa Datasys, de previo a la adjudicación de contratos relacionados con 5G.
Esa respuesta fue proporcionada al diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Francisco Nicolás Alvarado, durante una audiencia en la Comisión de Reforma y Modernización del Estado de la Asamblea Legislativa.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga las contrataciones de Datasys por parte de Racsa.
Los acuerdos comerciales inicialmente pactados ascendían a $3 millones, pero posteriormente el monto varió a $25 millones con órdenes de pedido emitidas en los primeros meses.
Radiográfica publicó en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), el 17 de abril de 2023, el pliego de condiciones del procedimiento especial para contratar servicios de redes 5G.
Tras el cierre del concurso, Datasys resultó adjudicataria por un monto de $3 millones. Sin embargo, en la ampliación de la denuncia presentada el 28 de junio de 2024, se cuestionó la cifra, ya que después de la firma del contrato, el consorcio recibió dos órdenes de pedido por $25,8 millones.
"El proyecto 5G es uno de los más relevantes en la historia de la empresa. Al igual que en la construcción de una casa, es fundamental mantenerse cerca de quienes ejecutan el proyecto para garantizar su entrega en tiempo y forma", señaló Nicolás.
El legislador cuestionó si es común que un alto directivo mantenga una relación cercana con un proveedor antes y después de una adjudicación.
Secretismo y falta de transparencia
Los diputados de la Comisión de Reforma y Modernización del Estado criticaron la falta de claridad en el manejo financiero de Racsa.
Durante la audiencia del jueves 27 de marzo comparecieron el gerente general de la institución, Mauricio Barrantes Quesada, y el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Marco Acuña.
Ambos fueron convocados para referirse al proyecto de ley 24.105, cuyo objetivo es el cierre de Racsa. Los jerarcas rechazaron la iniciativa y argumentaron que presenta vicios de inconstitucionalidad.
Tanto Barrantes como Acuña indicaron que 2014 fue el último año en que Racsa reportó pérdidas.
El gerente general afirmó que en 2023 no hubo cifras negativas, pero cuando la diputada independiente Kattia Cambronero Aguiluz preguntó sobre el monto de las utilidades, respondió que no podía revelar esa información.
Cambronero criticó la gestión de los datos financieros, señalando la falta de transparencia, claridad y rendición de cuentas ante la ciudadanía.
Una publicación del Diario La Nación, el 8 de abril de 2024, reveló que Racsa cerró 2023 con pérdidas por 265 millones de colones, lo que representa una caída del 158 % en comparación con la ganancia de 455 millones reportada en 2022.
La diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Vanessa Castro Mora, dijo que no está a favor del cierre de Racsa, pero expresó un sinsabor por la falta de transparencia para suministrar información pública.
