Gerente de CCSS responde a ataques de Chaves: “Que presente las pruebas”
Durante las últimas semanas, Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Mónica Taylor, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se han dedicado a atacar a los gerentes de la institución por emitir criterios técnicos contrarios a los del Gobierno.
Este miércoles, durante su show televisado, Chaves cuestionó el accionar de Esteban Vega, gerente de Logística, con respecto a la posibilidad de que la CCSS venda medicamentos al público y a farmacias.
Esteban Vega, el gerente de Logística, ese ha hecho lo imposible porque la Caja no pueda importar medicinas y vender. ¿En la planilla de quién estará ese señor?, manifestó el mandatario.
En la sesión de Junta Directiva de este jueves, Vega se sacudió de los cuestionamientos de Chaves, Taylor y Mary Munive, ministra de Salud:
Siempre me he enfocado a través de acciones concretas, ha impulsar y materializar propuestas que no solo han permitido transparentar los proceso de compra pública, promover los máximos estándares de probidad y ética, sino que generar competencia, a coadyuvar al acceso temprano a medicamentos de alto costo e impacto financiero, promover estrategias regionales que hagan las sinergias necesarias para aumentar las capacidades de negociación, e incluso, a promover políticas públicas a nivel de la Asamblea Legislativa como del propio Ministerio de Salud que permitan disponer de la autopista legal y normativa para corregir las distorsiones del entorno del mercado farmacéutico, y aprovechar las oportunidades que este presenta, razón por la cual no puedo compartir las desafortunadas manifestaciones señaladas.
Asimismo, insto a cualquier autoridad de gobierno representada en este Órgano Colegiado o funcionario en general, para que presente las denuncias junto con la prueba que fundamente las mismas, pues de lo contrario quedará evidenciado que dichas manifestaciones no tienen contenido probatorio alguno y que han sido realizadas de forma ligera y malintencionada, respondió Vega.
El pasado 14 de febrero, durante la inauguración del Área de Salud La Fortuna, Chaves atacó a Gustavo Picado, gerente financiero, por alertar los sobreprecios en las adjudicaciones del caso Barrenador.
Si hay corrupción en la Caja (…) sí, hay sinvergüenzas, ni lo dudo, y esos sinvergüenzas se han aliado con sinvergüenzas en la Contraloría y en la Fiscalía (…) ¿Qué les puedo añadir yo? En términos de la información de la sinvergüenzada, de los ¢221.000 millones de pesos, que regaló y malbarató un gerente financiero que está sentado hoy aquí y que no está en juicio.
Si, señor Picado, corrupto. Me perdona, pero me indigna verlo a usted sentado hoy aquí, dijo Chaves en medio de gritos y señalamientos.
Durante la sesión de Junta Directiva N. 9459, Picado mostró con datos reales cuánto de más pagaría la institución al adjudicar a Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco la administración de 10 Áreas de Salud por un plazo de 10 años.
Primeramente, el gerente resaltó que el cartel se diseñó sin que existiera un estándar o una forma específica para que los proveedores presentaran la oferta, lo cual ocasionó que se necesitara realizar un análisis distinto para cada una de las ofertas. Posterior a esto, les detalló en términos de dinero el significado de la adjudicación.
Yo nada más quisiera, porque me parece que es una decisión muy importante dar algunos datos globales. Lo hemos insistido, los contratos actuales andan alrededor de ¢30 mil millones, las ofertas actuales están en ¢51 mil millones, eso significa que si se adjudican estos contratos, estaríamos pagando ¢21 mil millones más durante 10 años, lo cual significa pagar ¢210 mil millones más.
Yo no estoy diciendo, bueno, los estudios técnicos dicen que es excesivo, pero lo que estoy diciendo es que son ¢210 mil millones más (…) Eventualmente, si los contratos se aceptan como tales, ese costo se supera en una proporción relativamente alta, aseguró Picado.
Por otro lado, en esa ocasión, detalló elementos "razonablemente útiles" para la discusión de ese momento, por ejemplo, confirmó que en la oferta de uno de los oferentes se planteaba el alquiler de su propia instalación que ya está construida.
"La viene usando desde hace años, con un costo anual de ¢300 millones, lo cual significa que si se firma el contrato al final de los 10 años va a recibir ¢3 mil millones, un inmueble que tiene un avalúo, en este momento, de ¢1.700 millones (…) eso lo dejo ahí porque me parece que es un detalle no menor", comentó Picado.
Para concluir su intervención, Picado manifestó que dicha contratación era "muy particular" y le recordó a los directivos que cuando se tuvo un contrato de este tipo con la Universidad de Costa Rica (UCR) se finiquitó porque el costo terminó siendo mayor al institucional, situación que estuvo presente en la investigada adjudicación.
"Estamos hablando y cierro ¢21 mil millones anuales, ¢210 mil millones en los 10 años que tendría vigencia el contrato", concluyó el gerente.
