Gerald Campos renunció a inmunidad tras avance en Corte de causa penal en su contra
Renuncia fue enviada a Rodrigo Arias, presidente del Congreso
El ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde, presentó este lunes una renuncia formal a su fuero de improcedibilidad para ser procesado y juzgado ante la Corte Suprema de Justicia por aparentes actos de corrupción.
Presentó la renuncia ante la Asamblea Legislativa, luego de que la Corte Plena acordara, por mayoría de votos, trasladar al Congreso la solicitud para levantar su fuero y permitir su enjuiciamiento penal.
La decisión del jerarca se da más de un año y medio después de que la Fiscalía General de la República formulara acusación en su contra por presuntos delitos de peculado, falsedad ideológica y reconocimiento ilegal de beneficios laborales, cometidos cuando ocupaba el cargo de subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
El caso ha estado empantanado precisamente por el blindaje que ofrece la inmunidad propia del cargo de ministro.
En un oficio dirigido al presidente del Congreso, Rodrigo Arias Sánchez, Campos comunicó su decisión “irrevocable” de renunciar al fuero que lo protege en su calidad de integrante de los Supremos Poderes.
Argumentó que lo hace “en aras de garantizar la más amplia transparencia y el pleno desarrollo de las audiencias que corresponde celebrar ante la Sala de Casación Penal”.
“Confío en que se coadyuvará al pronto esclarecimiento de los hechos y al imperio de la justicia”, señala Campos en la misiva, de la cual CR Hoy tiene copia.
Este medio consultó al despacho de Rodrigo Arias si ya habían recibido el documento, pero comunicaron que al cierre de esta publicación, no consta en la correspondencia electrónica, por lo que están a la espera de la posible remisión de forma física, que se confirmaría hasta mañana martes.
¿Por qué renuncia ahora?
La renuncia de Campos llega luego de que, este lunes, la Corte Plena resolviera —por 17 votos contra 5— continuar con el trámite penal en su contra y remitir el expediente a la Asamblea Legislativa, donde los diputados deberán decidir si levantan la inmunidad.
Este paso, previsto en la ley, es obligatorio cuando se trata de miembros del gabinete presidencial, quienes no pueden ser sometidos a un juicio ordinario sin la autorización del Congreso.
En este caso, corresponde a los diputados determinar si hay lugar a formación de causa para que Campos sea juzgado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia.
La resolución de la Corte, que todavía está en proceso de redacción, fue adoptada tras una audiencia privada celebrada en el Tribunal de la Corte Plena.
Esta sesión marcó un hito en un expediente que llevaba más de un año y medio a la espera de un pronunciamiento: la acusación fue presentada por la Fiscalía desde el 30 de enero de 2024, y la investigación se remonta incluso al 2022.
Acusaciones por corrupción en el OIJ
Los hechos imputados a Gerald Campos ocurrieron durante su gestión como subdirector del OIJ, y están relacionados con el uso irregular de un vehículo oficial, cobros excesivos de horas extra por parte de un custodio apellidado Jara, y la inserción de datos falsos en liquidaciones de gastos para justificar el pago de viáticos.
Según el Ministerio Público, Campos habría incurrido en al menos cinco delitos: dos por peculado, dos por falsedad ideológica y uno por reconocimiento ilegal de beneficios laborales. Estos se habrían dado en concurso ideal, figura jurídica que se configura cuando una misma acción da lugar a múltiples delitos.
Entre los detalles del caso, se señala que Campos habría recibido cerca de ¢900.000 en viáticos y su custodio ¢5,8 millones por horas extra, además de ¢800.000 por concepto de viáticos. También se habría falsificado documentación para justificar desayunos, almuerzos y cenas cobrados con recursos públicos.
Las investigaciones se detonaron tras la publicación, en enero de 2016, de un video en YouTube titulado La cereza del pastel de GCV1, en el que se exponían aparentes irregularidades administrativas cometidas por Campos en su paso por la Policía Judicial.
Un juego de inmunidades
En abril de 2024, renunció a su plaza como subdirector del OIJ justo después de que la Corte le negara el permiso para continuar como ministro sin dejar su puesto judicial.
Esa renuncia fue vista como una estrategia para mantenerse al frente del Ministerio de Justicia y, con ello, conservar la inmunidad mientras el proceso penal no avanzara en el Congreso.
Pese a su promesa inicial de renunciar a la inmunidad si la causa avanzaba, Campos había venido posponiendo su compromiso con distintos argumentos. El día de la renuncia indicó a CR Hoy:
“La inmunidad termina, la causa no. Yo siempre he dicho que investiguen a los que tengan que investigar. El problema es cuando las investigaciones son por cosas basura”.
Sus declaraciones contrastan con la larga espera del caso en sede judicial y con el hecho de que la acusación formal estuvo lista desde febrero de 2022, según consta en documentos de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
El expediente se presentó primero ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José, pero se congeló tras el ascenso de Campos al Poder Ejecutivo.
Tras la renuncia formal de Campos a su inmunidad, la Asamblea Legislativa debe tramitar su solicitud y decidir si la acepta. Aunque la renuncia es irrevocable, ahora el Congreso debe definir cómo actuará.
Una vez aceptada por los diputados, la Sala Tercera asumirá la dirección del expediente. El magistrado instructor designado deberá notificar al imputado, tomarle declaración indagatoria, y dar inicio a la etapa conocida como instrucción de la causa.
A diferencia de un juicio ordinario, en este tipo de procesos el Ministerio Público no dirige la investigación ni interroga al imputado: estas funciones recaen exclusivamente en la magistratura.
El instructor fijará fecha para la audiencia preliminar, admitirá o rechazará pruebas y, finalmente, podrá convocar a juicio oral y público.
