Funcionario del PANI sobrevive a ataque armado que dejó su vehículo con 4 impactos de bala
Funcionario del PANI sobrevive a ataque armado que dejó su vehículo con 4 impactos de bala
Un chofer del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) estuvo a punto de ser alcanzado por las balas cuando el vehículo oficial que conducía recibió cuatro disparos durante una visita de campo en Purral, Goicoechea, el pasado martes 5 de agosto.
Erlan Ramírez, funcionario de la Oficina Local de Guadalupe, contó a CR Hoy que ese día debía acompañar a una psicóloga a una visita rutinaria en una vivienda de la zona conocida como El Matadero, en Los Cuadros.
"Llegamos como a las 9 de la mañana, la señora nos estaba esperando. Pasaron 10 o 15 minutos y escuché una balacera. Como a la tercera o cuarta detonación sentí que le dieron a la lata del carro que yo conducía, ahí dije: 'esto es conmigo'. Arranqué el carro y salí", narró.
Ramírez se alejó unos dos kilómetros y revisó que no estuviera herido. Sin embargo, su compañera se había quedado dentro de la vivienda, por lo que llamó al 9-1-1.
"Pasaron como 15 minutos en llegar la primera patrulla y nos fuimos a la casa donde estaba la compañera y en el transcurso del camino se nos unieron 2 patrullas más. Ahí Fuerza Pública coordinó con OIJ para recolección de indicios"
De acuerdo con su testimonio, en total, escuchó entre 8 y 10 disparos, de los cuales cuatro impactaron directamente en la carrocería: uno entre el aro y la llanta, otro en la compuerta, uno más entre la compuerta y el bumper y el cuarto en el bumper trasero.
Él dijo suponer que los atacantes posiblemente buscaban intimidar a los funcionarios del PANI. Tras el incidente, estuvo incapacitado el resto de la semana por crisis nerviosa, ansiedad y recibió atención psicológica y psiquiátrica; sin embargo, cuestionó la falta de atención de la institución.
"Hasta el momento, nadie del PANI me ha llamado", afirmó.
Otro caso de riesgo
Dos días después, el jueves 7 de agosto, José Carlos Rojas, chofer de la Oficina Local de Hatillo, también vivió un momento de tensión.
Mientras realizaba una visita en Sagrada Familia para retirar a unos menores de edad, fue rodeado por varios habitantes de calle que portaban puñales y varillas.
"No nos hicieron nada, pero nos estaban amenazando. Supongo que querían intimidarnos. A mí hace muchos años me tiraron un balazo en la puerta del carro. Ellos lo que buscan es intimidar", contó Rojas a este medio.
Sindicato denuncia falta de medidas de protección
Estos hechos motivaron al Sindicato de Empleados del Patronato Nacional de la Infancia (SEPI) a enviar un oficio a la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza Sánchez, y a la auditora interna, Auxiliadora Chaves Campos, exigiendo acciones inmediatas.
En el documento —del cual CR Hoy tiene copia— el sindicato señaló que no se trata de incidentes aislados y que, desde abril de 2024, han advertido sobre la necesidad de implementar el Lineamiento para minimizar y controlar la violencia externa en la ejecución del trabajo (Directriz N.° CSO-004-2018), de acatamiento obligatorio para el sector público.
También citaron la Ley General de Control Interno (Ley N.° 8292), que obliga a los jerarcas a identificar, analizar y minimizar riesgos que pongan en peligro los objetivos institucionales.
El sindicato pidió, entre otras cosas:
- Detallar las acciones tomadas tras los hechos del 5 y 7 de agosto.
- Conformar una Comisión Especial de Seguridad Laboral con participación sindical.
- Elaborar un mapa de zonas de alta vulnerabilidad y rutas seguras.
- Proveer a los funcionarios de campo de equipos de autoprotección y comunicación.
- Establecer un protocolo obligatorio para reportar, denunciar y dar seguimiento a incidentes de violencia externa, con tiempo laboral para hacer las gestiones ante el OIJ y recibir atención médica o psicológica.
CR Hoy pidió una respuesta al PANI sobre los 2 primeros casos denunciados. En la institución dijeron que:
"En el primer caso, el personal está bien. Se interpuso denuncia judicial y se está gestionando acompañamiento permanente de la Fuerza Pública. En el segundo caso, el supuesto incidente no se ha hecho de conocimiento formal a la administración. Ambos casos se estaba interviniendo por conflictos familiares y alto riesgo para niños, niñas y adolescentes".
