Funcionaria forense se aprovechaba de su puesto para hacer negocio con funeraria
Mujer narró como socio de la empleada judicial la llamó para ofrecerle los servicios funerarios por la muerte de su padre
(CRHoy.com). Una funcionaria judicial fue despedida tras comprobarse que la mujer compartía con una funeraria, donde además era socia, el contacto de familiares de personas fallecidas a quienes después llamaban para ofrecerles el servicio funerario.
La Secretaría General de la Corte comunicó el pasado 9 de noviembre el despido al Departamento de Gestión Humana. El Consejo Superior del Poder Judicial rechazó los argumentos de la defensa de la funcionaria y ratificó la decisión del Tribunal de la Inspección Judicial.
La resolución del Tribunal de la Inspección Judicial fue la 1904-2020 del 18 de junio de 2020. Incluso, la Comisión de Relaciones Laborales, mediante la resolución 89-2020 del 16 de julio de 2020, recomendó rechazar el recurso de apelación presentado y mantener la sanción impuesta.
Los hechos que se le atribuyen a la servidora judicial, quien trabajaba en la Unidad de Patología Forense, se dieron en abril del 2019. A finales de ese mes, una mujer llamó con el fin de consultar sobre el cuerpo de su padre, quien había fallecido dos días antes.
La servidora judicial le tomó los datos personales y luego llamó a su socio en la funeraria para darle el número celular de la doliente. El sujeto la contactó y le ofreció los servicios funerarios, los cuales fueron aceptados por la mujer que consultó por el cuerpo de su padre.
Incluso esta mujer brindó una declaración a las autoridades judiciales donde detalló que el primero de mayo del 2019 estaba en una funeraria de San José, donde fue cremado el cuerpo de su padre.
Al sitio llegó la funcionaria judicial y el socio de ésta. Luego del servicio fúnebre, ambos los acompañaron hasta Limón donde les pagaron. La empleada del Poder Judicial tomó el dinero y lo guardó en un bolso.
Según los hechos probados por el Tribunal de la Inspección Judicial, la funcionaria ocupaba desde febrero del 2019, el cargo de presidenta de la Junta Directiva de la funeraria, en la cual el puesto de tesorero es ocupado por su socio.
La funcionaria tenía 17 años de trabajar en el Poder Judicial y su trabajo era recolectar datos personales de las personas difuntas, información que luego pasa a formar parte los registros internos de la Sección de Patología Forense.
Incluso, la casa de la empleada judicial fue allanada por oficiales del Organismo de Investigación Judicial, los cuales encontraron recibos de dinero de una funeraria josefina por ¢270 mil por el servicio de cremación y dos bolsas plásticas blancas, grandes, usadas para embalar cuerpos de personas fallecidas, mismas que utiliza el OIJ, las cuales estaban nuevas.
"Así las cosas, los hechos ventilados llevan a desconfiar de la servidora investigada, como persona idónea para atender el puesto que le ha sido delegado. Era esperable una conducta apegada estrictamente a las leyes y el ordenamiento jurídico en general, sin que se justifique de ninguna manera el actuar contrario a este, su comportamiento permite que se hagan cuestionamientos acerca de la idoneidad de ejercer el puesto por el cual ha sido contratada, situación que no puede ser permitida, pues ello afecta negativamente la imagen de la Institución, generando inseguridad en la ciudadanía y desacreditando la administración de justicia", determinó el Consejo Superior.
