Freiner Lara, candidato a diputado de Puntarenas, es investigado por peculado, prevaricato y sobreprecio irregular
El actual alcalde Golfito ha enfrentado otros cuestionamientos a lo largo de sus dos períodos al frente de esa Municipalidad
Freiner Lara fue ratificado como candidato a diputado del PUSC, en primer lugar por la provincia de Puntarenas.
La Fiscalía confirmó que investiga al actual alcalde de Golfito y candidato a diputado en el primer lugar por Puntarenas del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Freiner Lara, por tres distintas causas donde se investigan supuestos delitos de prevaricato, peculado y sobreprecio irregular.
Así se desprende de un estudio solicitado por CR Hoy al Ministerio Público en torno a las causas abiertas en contra de los candidatos a diputados en los primeros lugares de cada partido político.
La Fiscalía indicó que el candidato a diputado en primer lugar por Puntarenas, Freiner Lara, tiene abiertas las causas: 22-000020-1954-PE por sobreprecio irregular, 23-000429-1218-PE por prevaricato y 24-000015-1954-PE por peculado. Todas son investigadas por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
En nuestro país, el prevaricato se refiere a "un funcionario judicial o administrativo al dictar una resolución manifiestamente contraria a la ley o al fundamentarla en hechos falsos. Para que se configure, se requiere que el funcionario actúe con la intención (dolo) de resolver en contra de la ley o basándose en falsedades, afectando así los derechos de los administrados o las partes en un proceso".
El peculado, "es un delito que comete un funcionario público o una persona privada (como gerentes o administradores de entidades privadas) al sustraer o distraer fondos, bienes o recursos públicos que están bajo su custodia o administración en razón de su cargo o función. Este delito busca proteger la correcta administración de los recursos del Estado y puede manifestarse en la apropiación indebida de dinero, el uso de bienes públicos para fines privados, o el desvío de trabajos y servicios pagados por la Administración Pública".
En cuanto al delito de sobreprecio irregular, la legislación indica lo siguiente: "se define en el artículo 50 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, y se sanciona con prisión de tres a diez años. Consiste en pagar precios superiores o inferiores al valor real o corriente de un bien, obra o servicio, en una contratación donde el Estado u otras entidades públicas tienen interés, para obtener un beneficio personal o para un tercero".
Consultado sobre los casos en investigación, este miércoles, el candidato a diputado del PUSC indicó por medio de los encargados de comunicación:
Indica el señor Lara que hasta este momento el Ministerio Público no le ha notificado de una causa en su contra.
En caso de que sea notificado, colaborará de inmediato con las autoridades.
Demoliciones en Pavones
El diputado del Partido Frente Amplio (FA), Ariel Robles Barrantes, el 25 de mayo pasado, interpuso un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y la Municipalidad de Golfito por desalojos efectuados en Pavones.
Las autoridades iniciaron demoliciones y desplazamientos de viviendas, así como de locales comerciales pertenecientes a personas ubicadas en ese punto de la zona sur del territorio nacional.
Según Robles, la intervención policial se habría ejecutado "sin mediar notificación alguna de las partes afectadas sobre algún desalojo", situación que generó un escenario de vulnerabilidad social.
El legislador afirmó que los desalojos carecen de fundamento legal respaldado por un Plan de Acción encargado de brindar atención integral, tal como lo dispone el Decreto Ejecutivo 39277.
"No se les respetó el debido proceso y su fundamental derecho a la defensa en cuanto a la ejecución del desalojo practicado y en curso el día de hoy 26 de mayo de 2025, al no haberse notificado desalojo alguno.
Tampoco se cuenta con el Plan de Acción de atención integral del desalojo, desconociendo cuantas personas adultas mayores, personas menores de edad o en grado de vulnerabilidad se estarían desalojando y sin apoyo alguno de las instituciones correspondientes para resguardarles de la debida manera", indicó Robles Barrantes.
El diputado solicitó declarar con lugar el recurso, además de anular cualquier acto administrativo emitido sin respeto por el debido proceso ni garantías para ejercer el derecho a la defensa por parte de quienes fueron desalojados.
Algunos diputados cuestionaron la demolición de estructuras en Pavones de Golfito.
El alcalde de Golfito, Freiner Lara Blanco, dijo en esa oportunidad, que la intención de la Municipalidad no consistía en demoler todo el poblado de Río Claro de Pavones, sino en intervenir tres edificaciones y cercas vivas ubicadas dentro del derecho de vía.
Lara explicó que el procedimiento ejecutado buscaba recuperar una carretera de 14 metros incorporada en el Plan Regulador Sector Costero, en Quebrada El Macho, actualmente ocupada por construcciones ilegales.
El alcalde sostuvo que los desalojos se realizan dentro de la Zona Marítimo Terrestre, sobre terrenos del Estado bajo administración municipal, sin involucrar propiedades privadas.
Agregó que las personas afectadas no poseen concesión otorgada, sino únicamente solicitudes en trámite.
"No les genera ningún derecho real ni administrativo para ocupar o edificar en la Zona Marítimo Terrestre. Por otra parte, también se les ha respetado el debido proceso y el derecho de defensa", indicó Lara.
Capitanía de puerto
Otro de los cuestionamientos a los que ha hecho frente Lara durante su función pública está ligado a denuncias que investiga la Fiscalía bajo el expediente 24-000069-0455-PE que señala a una funcionaria de la División Marítimo Portuaria del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), de apellidos Salazar Mena por -supuestamente- dar avales para que se desarrollaran encuentros en la Capitanía de Golfito con fines político-electorales durante el período de campaña para alcalde.
El expediente señala lo siguiente:
"Durante la temporada de política, (un colaborador de apellido Solera) mantenía reuniones políticas dentro de la Capitanía con permiso de (Salazar), quien le pedía a los usuarios que votaran por (Freiner) Lara porque así la dejaba a ella como Capitana en Golfito, incluso dio certificados y BIT (Boleta de Inspección Técnica) a cambio del voto por Lara.
"En un desayuno, (Salazar) comentó que el representante de Pesca Pasión le ofreció dinero por las navegabilidades y ella le pidió dárselos a Lara para la campaña política", se lee en uno de los anexos de la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
En la denuncia se ofrecieron a las autoridades judiciales una serie de supuestas pruebas relacionadas con "zarpes con firma falsificada", que tendrán que ser analizadas y corroboradas por las autoridades judiciales.
De acuerdo con el expediente, la presunta emisión de certificados para apoyar al alcalde de Golfito en campaña habrían ocurrido entre noviembre de 2023 y enero de 2024.
La denuncia presentada en la Fiscalía indica que aparentemente con el visto bueno de Salazar, se habrían usado las instalaciones de la Capitanía de Golfito "para hacer reuniones políticas" del PUSC en favor del actual alcalde de Golfito.
Freiner Lara quedó electo como alcalde desde el 1 de mayo de 2020 y su periodo inicial vencía el 30 de abril de 2024.
Sin embargo, para las elecciones municipales del pasado 4 de febrero, Lara fue reelecto en el cargo por 4 años más, por lo que el nuevo periodo para asumir el puesto comprende desde el 1 de mayo de 2024 y hasta el 30 de abril de 2028.
"(Salazar) tenía un interés personal, en que el alcalde quedara reelecto, ya que ella está ocupando la plaza en propiedad que tiene Freiner, y si este perdía la elección, se devolvería a la plaza de Capitán de Puerto y ella quedaría cesada.
"Además, utilizó el vehículo del MOPT unidad número 203-475 placas PE-12-4123 marca Toyota estilo pick up y junto con la escalera de la capitanía, fueron a colocar banderas en diferentes partes de Golfito. Lo anterior se dio durante el periodo de la campaña de elecciones de alcalde de este año 2024", aseguró el contenido de la denuncia sellada con el logo del Ministerio Público.
Hay una investigación abierta en la fiscalía contra una funcionaria del MOPT por el uso de instalaciones de la capitanía de puerto de Golfito, supuestamente para actividades políticas.
La denuncia que interpusieron contra Salazar fue contra un supuesto peculado, es decir, es el delito que consiste en el hurto de caudales del erario, que es cometido por aquel a quien está confiada su administración.
Freiner Lara Blanco, alcalde de Golfito, negó cualquier vínculo que se le quiera involucrar con la Capitanía del Puerto ubicado en el Pacífico Sur.
En declaraciones a CRHoy.com, en abril del 2024, Lara alegó desconocimiento de los supuestos ofrecimientos de certificados de embarcaciones en la Capitanía de Golfito a cambio de votos, tal y como se indica en la denuncia.
"Yo desconozco en lo absoluto, puesto que en ningún momento e inclusive en todas mis salidas haciendo proselitismo me reuní inclusive nunca con grupos de ninguna índole de ese tipo. Siempre salía con el grupo de trabajo a trabajar sábados y domingos", indicó Lara.
Sostuvo que la funcionaria de la División Marítimo Portuaria estuvo al margen de la campaña municipal y nunca estuvo en reuniones ni en los clubes durante el pasado proceso electoral.
CRHoy.com le consultó al alcalde de Golfito si veía anti-ético o inmoral el hecho que algún funcionario ofrezca algún certificado de embarcaciones para tratar de atraer votos en general.
"Es que no puedo emitir ningún tipo de comentario ni opinión de algo que desconozco por completo", precisó el alcalde de Golfito tras consulta de este medio.
El alcalde de Golfito rechazó que se usara la Capitanía para realizar actividades con fines político-electorales.