FOTOS: Estas son las cartas de Johnny Araya y fiscala con que se habría borrado su nombre de una causa
Documentos del expediente en manos de CR Hoy muestran supuesto tráfico de influencias: juicio continúa este miércoles
Dos documentos muestran el intercambio de comunicaciones entre Johnny Araya Monge y funcionarias del Ministerio Público, mediante las cuales se habría gestado un supuesto favorecimiento para eliminar el nombre del exalcalde capitalino de una causa penal.
La documentación que figura en el expediente judicial a la cual tuvo acceso CR Hoy, incluyen un oficio que Araya remitió a la entonces fiscala adjunta —jefa— de la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en el que solicitaba corregir un error que lo colocaba como imputado en una causa penal abierta en 2012.
"Pido que confrontado con la literalidad del expediente, se certifique que no figuro como parte del mismo. Consecuentemente con lo anterior, pido que se corrija el asiento informático con el propósito que no sea lesionado mi derecho de imagen", señala la carta firmada por el exjerarca municipal.
La respuesta llegó en cuestión de 24 horas. La fiscala Natalia Rojas Méndez, de la Fiscalía Anticorrupción, contestó el oficio y dejó claro que actuaba siguiendo instrucciones superiores.
"Se presentó una denuncia contra su persona (Johnny Araya) y otras que dio origen a la causa penal número 12-000096-621-PE, que se tramita de este Despacho, razón por la cual se incluyó su nombre en el expediente informático, que no diferencia a los imputados de los denunciados. Usted no figura como imputado dentro de la sumaria respectiva, sino como denunciado. Por lo cual se procederá a actualizar el sistema informático de la Fiscalía", señala el escrito.
Según la acusación que ahora enfrenta Araya, existieron contactos con el entonces subjefe del Ministerio Público, Celso Gamboa Sánchez, para impulsar el trámite y lograr el cambio en su estatus judicial.
La Fiscalía General sostiene que los tres imputados —Gamboa, Araya y la fiscala subrogante Berenice Smith Bonilla— ejecutaron una serie de acciones concertadas entre noviembre de 2015 y enero de 2016 para manipular la causa penal por presunto enriquecimiento ilícito y eliminar la condición de imputado de Araya en pleno proceso electoral.
De acuerdo con la acusación, Gamboa y Smith utilizaron su jerarquía para influir sobre la fiscala instructora del caso, Natalia Rojas Méndez, y conseguir que emitiera un oficio que —en apariencia— afirmaba falsamente que Araya no era imputado.
El documento clave, identificado como FAPTA-08-2016, fue entregado a Araya el 6 de enero de 2016. Al día siguiente, su nombre fue eliminado del sistema informático de la Fiscalía.
Dos días más tarde, el 8 de enero, el entonces candidato a la reelección como alcalde por el partido Alianza por San José envió el oficio por WhatsApp a una periodista de La Nación, quien preparaba un reportaje especial sobre aspirantes con causas penales pendientes.
Gracias a esa maniobra, el nombre de Araya no apareció en el listado publicado el 2 de febrero de 2016. Según la Fiscalía, los imputados habrían generado una "ventaja indebida" que permitió al exalcalde ocultar su condición procesal ante el electorado.
La cronología de la Fiscalía también detalla cómo Gamboa increpó a la jefa de prensa del Ministerio Público por haber confirmado a la prensa que Araya figuraba como imputado.
Acto seguido, Gamboa ordenó a su asistente, Justo Pastor López Vargas, que solicitara a Araya un oficio pidiendo una certificación oficial de que no era imputado.
López redactó la nota, Araya la firmó, y esta fue dirigida a Smith Bonilla. Posteriormente, Gamboa acudió personalmente a la Fiscalía de Probidad para coordinar la emisión del oficio con Smith y con la fiscala instructora, a quien se le ordenó redactar la certificación.
La Fiscalía sostiene que la supuesta ventaja se materializó en un documento oficial falso y en la eliminación de información clave del sistema judicial, lo cual permitió que Araya se presentara ante el electorado como un candidato sin causas judiciales abiertas.
Natalia Rojas declaró que ejecutó la orden por instrucciones directas de sus superiores, Smith y Gamboa. Smith, por su parte, ha alegado que su participación fue "circunstancial" y que nunca ordenó eliminar a nadie del sistema. Además, sostiene que no tuvo contacto directo con Araya.
No obstante, el Ministerio Público asegura que Smith conocía la nota enviada por Araya y que participó, en su calidad de fiscala adjunta, en la presión jerárquica sobre Rojas.
Los informes telefónicos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) evidencian llamadas entre los tres acusados durante los días en que se gestó la eliminación del nombre de Araya del sistema.
Exalcalde sostiene lo contrario
El exalcalde de San José, Johnny Araya Monge, niega haber hecho gestiones para que los exfiscales Celso Gamboa y Berenice Smith eliminaran su nombre de la causa penal, y afirma que no existen elementos probatorios que lo vinculen con la comisión de delito alguno. Señala que ya fue absuelto en el juicio del 2021, y que los hechos no justifican el costo millonario de un nuevo proceso.
Araya sostiene que la audiencia inicial del juicio anterior se intentó realizar una semana antes de las elecciones municipales de 2016, lo que lo obligó a abandonar su campaña y lo afectó políticamente.
Además, el exalcalde dijo que nunca conoció personalmente a Berenice Smith ni sostuvo relación de amistad con ella, y que la causa penal de la que supuestamente fue borrado, se originó en una denuncia presentada el 20 de agosto de 2012, por una capacitación en la Municipalidad de San José, en la que se alegaba contratación irregular de cuatro funcionarios y una persona externa.
Semanas después se enteró de la denuncia y solicitó una auditoría interna, enviada formalmente el 10 de octubre de ese año. El denunciante retiró la acusación en diciembre de 2012 al confirmar que su información era incorrecta. La Fiscalía, sin embargo, continuó investigando.
De acuerdo con Araya, en junio de 2013, funcionarios del OIJ lo visitaron para que colaborara en la identificación de posibles responsables. Un informe del 30 de setiembre de 2015, firmado por la fiscala Natalia Rojas y dirigido a Smith, concluyó que no había prueba suficiente para incriminarlo.
Araya agrega que, en 2015, una periodista le informó que figuraba como imputado en esa causa. En respuesta, él pidió una carta al Ministerio Público para que se aclarara su situación jurídica. Asegura que la nota fue elaborada por su hija —abogada— y dirigida a Smith Bonilla.
En ella, solicitó una certificación de que no figuraba como imputado, y que se corrigiera el sistema para proteger su derecho a la imagen.

La carta fue enviada el 5 de enero y recibió respuesta apenas un día después, cuando la fiscala Natalia Rojas le indicó que figuraba como denunciado, no como imputado, y que se actualizaría el sistema.
Araya considera que si Rojas hubiese actuado bajo presión, su carta habría sido "más seca" o menos cordial, y que él no buscó obtener ninguna ventaja indebida, sino ejercer su derecho a aclarar su situación jurídica.
Finalmente, afirma que la solicitud de desestimación de la causa penal refuerza su argumento de que no era imputado en el caso.
Este nuevo juicio se desarrolla mientras Celso Gamboa enfrenta, de forma paralela, un proceso de extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de liderar una red de narcotráfico con vínculos con el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Clan del Golfo, en Colombia.
Aunque los tres imputados fueron absueltos en un primer juicio celebrado en 2021 por el Tribunal Penal de Goicoechea, esa resolución fue anulada por el Tribunal de Apelación, el cual ordenó repetir el debate oral.
Araya expuso durante este nuevo juicio la mañana de este miércoles.