FMI confirma que gobierno contempló aumentar impuestos y espera que venda activos

(CRHoy.com) Si bien el gobierno ha venido defendiendo que no impulsará nuevos impuestos para atender la emergencia por el COVID-19 en el país, lo cierto del caso es que esta es una idea que ha estado muy presente en la cabeza de las autoridades económicas del país.

De hecho, esta fue una de las soluciones propuestas por las autoridades económicas a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cual se discutió la aprobación de un crédito por $504 millones para el país.

El señalamiento de aumentar los impuestos no fue un compromiso adquirido con el Fondo ni una exigencia de la organización, pero sí fue uno de los aspectos que Costa Rica mencionó que estaba "contemplando" para atender la crisis ocasionada por el COVID-19.

Así consta en las páginas 7 y 8 del documento "Solicitud de compra bajo el instrumento de financiamiento rápido" que incluye un informe del personal del FMI, un análisis de sostenibilidad de la deuda de Costa Rica y la carta de intención enviada por el gobierno al organismo. (Puede ver el documento completo -en inglés- al final de este artículo).

En el punto 13, correspondiente al Informe de Personal del FMI, la entidad señala que el gobierno manifestó tener como opción bajo análisis, el aumentar la base impositiva y realizar eventuales incrementos en el impuesto al Valor Agregado (IVA), así como otros "impuestos especiales":

Las medidas podrían combinar una gama de opciones tanto en el lado de los ingresos como del gasto, algunas de las cuales están siendo contempladas por las autoridades. Por el lado de los ingresos, podrían implementarse medidas sobre  administración tributaria y exenciones (como se anunció a principios de febrero) para reducir las brechas de cumplimiento estimadas en alrededor del 1.9-2.7 por ciento del PIB y expandir la base impositiva. El  fuerte descenso de los precios del petróleo brinda la oportunidad de aumentar los impuestos especiales sobre la gasolina y el diésel. Los impuestos a la propiedad y al medio ambiente, y las tasas impositivas de consumo más altas (IVA o impuestos especiales) podrían proporcionar ingresos adicionales.

De todos ellos, hasta ahora el único impuesto avalado fue el que se impuso sobre los combustibles.

En las últimas semanas se habló de opciones como llevar el IVA al menos al 15%, imponer una nueva tasa a las zonas francas o establecer un tributo "solidario" sobre los salarios de personas no afectadas, todas ideas altamente cuestionadas por políticos y empresarios.

Regla fiscal y venta de activos

Recientemente el ministro de Hacienda Rodrigo Chaves afirmó que el FMI no había impuesto ninguna condición para aprobar ese crédito; sin embargo, el documento señala que al final sí existieron algunos "compromisos" adoptados por el país y algunas "recomendaciones" realizadas por ese organismo multilateral para facilitar la negociación.

Entre los compromisos se encuentran que Costa Rica retomará el camino de la consolidación fiscal una vez que atraviese el periodo de crisis, con lo cual debería retomar la aplicación de la regla fiscal flexibilizada este año para aumentar el gasto en varias instituciones del sector Salud y Seguridad, especialmente.

Asimismo, el FMI señala como "recomendación" dentro de esa ruta de consolidación fiscal, trabajar en la venta de activos estatales, por un monto de al menos un 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB).

El mandatario costarricense Carlos Alvarado anunció en su informe ante la Asamblea Legislativa que impulsaría el cierre de órganos desconcentrados, pero hasta el momento no ha dicho cuál es la ruta que seguirá al respecto, ni siquiera dentro de su "plan de reactivación" anunciado el viernes. De lo único que se había hablado antes de la pandemia, era de la eventual venta de Bicsa y de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal).

Las medidas en torno a la regla fiscal y venta de activos se mencionan en la página 7 del documento, en el punto 12 del apartado Informe del Personal:

Un deterioro temporal de la posición fiscal en 2020 está garantizado por las necesidades médicas, humanitarias y económicas inmediatas provocadas por la crisis, incluyendo la activación temporal de la cláusula de escape de emergencia de la regla fiscal.  Sin embargo, debe preservarse el camino de consolidación fiscal anterior a la crisis, anclado por la reforma fiscal de 2018.
El personal acoge con beneplácito el compromiso declarado de las autoridades con el camino de consolidación fiscal y los esfuerzos inmediatos para contener el impacto de la pandemia al priorizar el gasto, incluso a través de la congelación de salarios públicos anunciada para 2020 y contemplando medidas compensatorias adicionales. 
A partir de 2021, y una vez que la economía se recupere de la pandemia, el personal recomienda poner fin a todas las medidas de gastos de emergencia y volver a aplicar la regla fiscal. Acompañando la regla fiscal con medidas adicionales de al menos el 2 por ciento del PIB durante 2021-24 y las ventas de activos de aproximadamente el 1.4 por ciento del PIB, ayudaría a reducir la deuda al 67 por ciento del PIB para 2025.

Durante un foro realizado el viernes, la excoordinadora del Equipo Económico Edna Camacho confirmó lo que el FMI espera de Costa Rica y señaló que la aprobación de los recursos significaban un "respaldo poderoso" que abre las puertas a empréstitos de otros organismos.

Según Camacho, antes del COVID-19 el monto al cual hubiese podido acceder el país como máximo habrían sido unos $250 millones, pero las medidas de flexibilización de los organismos internacionales para atender la emergencia han permitido duplicar la oferta de recursos a los países.

El documento del FMI también hace un análisis de las condiciones económicas de Costa Rica y señala importantes debilidades en materia de endeudamiento y presión fiscal.

Se espera que los ingresos fiscales reciban un impacto directo, con una caída proyectada de alrededor del 1,3%del PIB por el impacto de una actividad económica fuertemente menor y las medidas de desgravación fiscal.

También se espera que el gasto total aumente aproximadamente un 2,4 por ciento del PIB, impulsado por la provisión de transferencias sociales a los sectores e individuos más afectados (1% del PIB), el gasto médico (0,3 % del PIB) y el impacto de menor crecimiento.

Como resultado, el déficit fiscal primario y general para 2020 se ampliaría a 4,8% y 9,8% del PIB, respectivamente, llevando la deuda pública a aproximadamente el 68 % del PIB.