Fiscalía y OIJ advierten parálisis en investigaciones ante rigidez presupuestaria

La Fiscalía General, el Ministerio Público y la Defensa Pública unieron voces para expresar ante Corte Plena sus temores ante los impactos por las limitaciones presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda de cara a los próximos años.

El tema es una disposición que impide trasladar fondos entre subpartidas presupuestarias, una herramienta que han usado las instituciones para atender eventualidades o asuntos que trasciendan con el paso de los días

Esta directriz se conoce como la ‘norma 10’ y está establecida en el Presupuesto Nacional de 2019.  Según las autoridades judiciales, la medida limita el movimiento entre subpartidas para recursos a ejecutar.

En concreto y en palabras un poco más sencillas, con ello no se pueden destinar los remanentes de distintas subpartidas para incrementar otras.

Los jerarcas de las instituciones antes mencionadas solicitaron a la Corte Plena recalcar ante el Ministerio de Hacienda los impactos que tendría esta medida en la operatividad de cada instancia.

Emilia Navas, fiscala general, señaló eventuales perjuicios en el trámite de las investigaciones y recalcó que –por ejemplo- se afectaría la asignación de peritos especializados que concluyen pesquisas.

“Vamos a tener que salir a Costa Rica y dar explicaciones de por qué las investigaciones se van a parar. El clásico ejemplo son los peritajes. Hay muchas investigaciones que no pueden llegar a un final si un perito o un experto no nos dan la explicación o nos rinde un dictamen para tomar una decisión.

“Ya para junio se va a carecer de dinero para el aspecto de peritajes. Pensando en la posibilidad de priorizar, estuvimos viendo todas las gestiones que hacen los fiscales y no hay posibilidad de dejar de pedir peritajes por las investigaciones que se están tramitando”, indicó la funcionaria, quien pidió a los magistrados definir una estrategia para negociar este asunto con el Poder Ejecutivo.

Para el Ministerio Público las limitaciones presupuestarias afectarían la disponibilidad de fiscales y el pago de horas extras para trabajos extraordinarios.

OIJ alza la voz

Walter Espinoza, director general del OIJ, explicó que la elaboración de presupuestos es compleja y que –contrario a lo que pretende el Ejecutivo- es difícil proyectar gastos en un plazo de 2 años.

“Inimaginable que podamos calcular cuánto vamos a gastar en el año 2021. Por eso, hemos recurrido a la modificación presupuestaria para darle operatividad a la policial. Esa actividad implica mucha flexibilidad, toma de decisiones y acciones que ni siquiera se pueden proveer a 2 años plazo”, citó el jerarca.

Espinoza puso como ejemplo el trabajo que realizan en las celdas judiciales. Según acusó, es difícil determinar cuánto van a requerir para atender la alimentación o los insumos de cuido personal que se les debe proveer a las personas detenidas debido a que es una situación fluctuante al igual que las eventuales horas extras de los funcionarios destinados a celdas.

“Si aceptamos el planteamiento de Hacienda me parece que es excesivamente autónomo, pues la policía (OIJ) por ahí de julio tendrá problemas graves y eso se trasladará a la temática de seguridad y a la atención de los despachos judiciales y en general del país.

“Eso podría tener una redundancia importante en la captación de impuestos, porque un país inseguro y que no resuelve sus conflictos no genera ganancias. Yo creo que la ministra de Hacienda (Rocío Aguilar) no ha querido entenderlo o nosotros no hemos sido lo suficientemente agresivos en decírselo de manera franca, directa y sin empacho”, agregó Espinoza, ante la Corte Plena.

Para el jefe policial, en el OIJ existen los suficientes controles –mediante auditorías internas- para demostrar que el dinero no se dilapida.

El Poder Judicial manifestó que el presupuesto aprobado para este año no registra crecimiento y mantiene el mismo monto aprobado durante el 2018: ¢474 mil millones.