Fiscalía sobre caso de Óscar Arias: “se pidió sobreseimiento por hechos prescritos”
Desde 2014 presunta donación fue desestimada por Fiscalía Anticorrupción
El Ministerio Público reiteró que la investigación penal contra el expresidente Óscar Arias Sánchez (1986-1990 y 2006-2010) por una supuesta donación cercana a los $200 mil que presuntamente recibió la Fundación Arias para la Paz está prescrita desde 2014.
La fiscalía explicó que "no solicitó ni decretó" la prescripción del caso seguido contra el exmandatario, tal y como sostuvo la defensa del político.
En el pasado se investigó la supuesta donación a la Fundación Arias Para la Paz realizada -supuestamente- por miembros de la empresa canadiense Infinito Gold Mining. Compañía que impulsó el fallido proyecto minero en Crucitas de Cutris, San Carlos. Sin embargo, al no existir la prueba suficiente el caso no avanzó.
Según señaló Rodolfo Brenes Vargas, abogado del expresidente Arias, en noviembre de 2017, cuando el mediático caso Crucitas fue reabierto, el exmandatario acudió a una indagatoria en la Fiscalía General.
En ese momento le imputaron 2 delitos de prevaricato (al decretar el proyecto minero como de conveniencia nacional) y un presunto cohecho por el dinero de la donación.
Sin embargo, en agosto de este año, cuando se presentó la acusación contra Arias, la Fiscalía General solo lo acusó por un presunto delito de prevaricato.
El abogado indicó que la Fiscalía General pidió el sobreseimiento del caso de la donación tras conocer que la Sala Constitucional dio curso a un recurso de amparo planteado por ellos en reclamo a aparentes violaciones en el trámite de la investigación.
"La fiscalía determinó que una parte del caso investigado tenía la prueba suficiente para ser acusado, y la otra parte (relacionada con la presunta donación a la Fundación Arias para la Paz) estaba prescrita desde el año 2014, es decir, desde hace 4 años.
"Como ambas líneas de investigación estaban en un mismo expediente, se tuvo que pedir un sobreseimiento por los hechos que están prescritos. Respecto al caso acusado, la fiscalía se encuentra a la espera de que se realice la audiencia preliminar, en la cual solicitará al Juzgado Penal el auto de apertura a juicio", indicó la fiscalía, mediante un correo electrónico.
En 2014, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) solicitó que se desestimara el caso por la supuesta donación.
Según informó la fiscalía en esa oportunidad, el expediente 12-000124-621-PE había salido con solicitud de desestimación por falta de pruebas, pese a que existía la posibilidad de negociar con el gobierno de Canadá para que entregara nueva documentación que sirviera como prueba.
En ese momento, aunque la información se consideró necesaria para esclarecer el caso, la Fiscalía evitó seguir con la solicitud de ampliación de la prueba.
Lo acusado
Arias fue acusado por un presunto delito de prevaricato al decretar en 2008 el proyecto minero –impulsado por la empresa Infinito Gold Mining en Cutris de San Carlos- como de conveniencia nacional.
Ante el limbo existente sobre el papel de Arias, en setiembre del año pasado un juzgado penal solicitó determinar la situación jurídica del expresidente.
¿Por qué? El exmandatario nunca fue imputado por el otorgamiento de la concesión minera ni por la declaratoria de conveniencia nacional de esa actividad.
De hecho, el anterior fiscal Jorge Chavarría lo separó de la causa que se siguió por este caso contra el exministro de Ambiente Roberto Dobles.
Arias y Dobles firmaron el decreto de conveniencia nacional. Sin embargo, solo Dobles fue acusado y- posteriormente- condenado en enero de 2015.
Dicha sentencia fue anulada y se está a la espera de una audiencia preliminar para establecer si el caso va nuevamente a juicio.
Ahora, la causa se elevará al Juzgado Penal de Hacienda. Ese órgano, mediante una audiencia, determinará si existen los suficientes elementos para llevarlo a juicio.
Arias fue indagado el 8 de noviembre de 2017, donde insistió en su inocencia.
La reactivación del caso estuvo amparada en un análisis jurídico ordenado por la fiscala general Emilia Navas con el fin de ahondar en la búsqueda de nuevos elementos de prueba que no fueron incorporados al legajo de investigación durante el momento oportuno.
