Fiscalía secuestró expedientes por posibles irregularidades en proyectos de vivienda
En abril anterior, OIJ realizó secuestro en el Banco Hipotecario de la Vivienda por orden de la Fiscalía
El OIJ realizó el secuestro de expedientes en abril pasado. (Imagen cortesía del Banhvi)
Dos proyectos de vivienda construidos desde el 2013 por un valor de más de ȼ5.400 millones están bajo la lupa de las autoridades, por posibles irregularidades y delitos en su realización. Ambos llevan el nombre de La Campiña y en su momento beneficiaron a más de 350 familias.
El caso es investigado en la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) bajo el expediente 16-000100-1218-PE. El Ministerio Público confirmó a CRHoy.com que se analiza la posible comisión del delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados en perjuicio de los deberes de la función pública.
El Ministerio Público respondió que el caso está en recolección y análisis de pruebas. "De momento, no se han tomado declaraciones indagatorias, por lo que aún no existen imputados identificados", agregó en una breve respuesta.
Pero este medio supo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó un secuestro de expedientes en el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) el pasado 13 de abril por orden de la Fiscalía. La Sección de Delitos Económicos del OIJ declinó dar detalles. El gerente del Banhvi, Luis Montoya, confirmó el acto judicial ocurrido hace un mes.
Los proyectos llegaron a la esfera judicial luego de pesquisas internas. La Auditoría Interna del Banco realizó una investigación, de la cual derivó el informe FO-ESP-001-2014. Este fue remitido por la Junta Directiva del Banco al Ministerio Público el 2 de noviembre de 2016. Sin embargo fue considerado confidencial.
Además de esa investigación, en el 2016, el Banco contrató un abogado externo para realizar procedimientos internos a Martha Camacho Murillo (entonces directora del Fondo de Subsidios para la Vivienda, Fosuvi), el ingeniero Israel D'Oleo Ochoa y al exfuncionario Carlos Cortés Ortiz. Pero no se encontraron fallas en su actuar.
"La resolución del procedimiento determinó que no hubo mérito para imponer sanción disciplinaria, por no haber falta grave cometida o acreditada", respondió el Banhvi.
Proyectos en Cartago
Los proyectos en cuestión se llaman La Campiña S-001 y para su construcción se aprobaron ȼ4.446,4 millones; y La Campiña llave en mano, el cual recibió ȼ1.015,9 millones. La Junta Directiva aprobó el primero para 303 viviendas en mayo del 2011. El segundo se diseñó para 55 casas y se aprobó en sesión de junta de mayo del 2013, es decir en la pasada administración, cuando el ministro y presidente de la junta del Banco fue Guido Monge.
Entre ambos se le otorgaron ȼ5.462.301.387. Se construyeron en Agua Caliente de Cartago desde mediados del 2013 y todas las áreas públicas se entregaron a la Municipalidad. En mayo del 2013 en un comunicado de prensa, el Banhvi informó que las familias beneficiarias provenían de precarios. La empresa desarrolladora fue Viprohab S.A.
Acciones judiciales
El proyecto La Campiña se realizó en dos partes desde el 2013. (Imagen del Banhvi)
Aunque aún no existen imputados, el 5 de abril cuando la Fapta ordenó el secuestro de expedientes, señaló que la causa se sigue contra "Juan Rojas Cascante y otros". Así consta en su oficio FAPTA 460-2018 enviado al Banhvi y del cual CRHoy.com tiene copia.
Consultado por este medio, Juan de Dios Rojas dijo que conoce del secuestro de expedientes y de la mención de su nombre en la causa. Señaló que no ha sido llamado ni notificado. El exfuncionario del Banhvi aseguró que no conoce el informe de auditoría, aunque sí conoce bien los detalles del proyecto La Campiña.
Sobre el proyecto, negó haber conocido irregularidades. Pero sí explicó que hubo cambios con respecto a lo aprobado, en detalles como acabado de calles y la planta de tratamiento. Según Rojas, Fosuvi analizó la situación y realizó cálculos para la liquidación. Cinco años después de la entrega, la liquidación podría estar pendiente, de acuerdo el exgerente.
El 2 de noviembre del 2016 el Banco remitió el informe de auditoría por la relación de hechos en torno al Proyecto La Campiña, al entonces fiscal General Jorge Chavarría. Seis días después la entonces fiscal a.i. Berenice Smith señaló que el reporte fue remitido a Probidad, Transparencia y Anticorrupción, Fiscalía que investiga el caso.
El pasado 15 de enero dicha Fiscalía pidió los expedientes disciplinarios de quienes llamó "absueltos administrativamente", incluidos Rojas Cascante, Camacho Murillo, Cortés Ortiz, D'Óleo Ochoa y otras 6 personas; 10 en total. En marzo de este año, el Banco remitió lo solicitado. Así consta en los oficios entre ambas instituciones.
El gerente Luis Montoya dijo que el tema se discutió solo en Junta Directiva en sesiones del 2016, pero se consideró de forma confidencial y él no conoció el detalle. De hecho, se puede corroborar que en las actas de esas fechas no consta el detalle de dichos diálogos.
El ministro de Vivienda y presidente de la Junta, Rosendo Pujol, dijo escuetamente que tras conocer el informe de auditoría, la Junta consideró que "existían elementos suficientes" para que el caso fuera investigado por las autoridades del Poder Judicial.
Al ser declarado confidencial por Ley, no dio detalles de lo encontrado. "Lo importante es que se realice el debido proceso y dependiendo de los resultados de las investigaciones que realice el Poder Judicial se tomen las medidas respectivas, de acuerdo con el marco legal correspondiente", afirmó Pujol, quien finaliza labores este 8 de mayo.
Rojas Cascante ocupó la Gerencia General desde setiembre del 2012 en la administración de Laura Chinchilla, hasta entrada la de Luis Guillermo Solís. Antes era el Subgerente de Operaciones. Ya había sido Gerente interino entre el febrero del 2009 y enero de 2011, es decir del gobierno de Óscar Arias al de su sucesora.
Rojas acumuló más de 25 años en la institución antes de salir por no ser renovado en el puesto y además se le abrieron procedimientos administrativos por posibles irregularidades en un proyecto y otras situaciones administrativas como contratos. Desde noviembre del 2014 CRHoy.com informó sobre estas situaciones alrededor de Rojas Cascante.
Incluso el Ministro Pujol admitió las diferencias en el Banhvi en torno a la figura de Rojas Cascante, a quien no consideraba indispensable, aunque otras personas dentro de la entidad sí lo defendían.
