Fiscalía pidió adelantar testimonio contra narco “Sobrino” porque testigo estaría en riesgo
Mediante anticipo jurisdiccional de prueba, buscan tomar testimonio antes de juicio por temor a su seguridad y que no pueda llegar
La Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó adelantar el testimonio clave de un hombre en el caso que se sigue contra el supuesto narcotraficante capitalino Edwin Vargas García, alias Sobrino, debido a que temen que la seguridad y la vida del testigo estén en riesgo.
Fuentes judiciales confirmaron a CR Hoy que se trataría de un finquero, quien al parecer estaba a cargo de administrar una propiedad del cabecilla en Cutris de San Carlos.
Meses atrás, este hombre fue aprehendido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), durante un allanamiento realizado en abril con el objetivo de propinar un fuerte golpe económico a la organización criminal dirigida por Vargas.
El Ministerio Público solicitó, en específico, lo que legalmente se denomina un anticipo jurisdiccional de prueba.
Esta diligencia le corresponde a un juez y ocurre cuando se considera necesario ejecutar un acto definitivo e irreproducible, o cuando debe recibirse una declaración que, por un obstáculo difícil de superar, se presume no podrá evacuarse durante el juicio.
El anticipo jurisdiccional de prueba también puede aplicarse cuando exista probabilidad de que el testigo olvide circunstancias esenciales, o bien si se trata de personas que deben abandonar el país. En este caso, al estar en riesgo la seguridad del testigo, la Fiscalía optó por solicitar que el testimonio sea recibido de forma adelantada ante un juez.
Esa solicitud fue apelada por el equipo de defensa legal de Sobrino y este martes se celebró una audiencia en los Tribunales de Goicoechea para escuchar los alegatos.
Este sujeto es perfilado por las autoridades como un cabecilla criminal que, pese a estar asentado en el Valle Central, ya extendía sus tentáculos hacia la Zona Norte.
Aunque cumple prisión preventiva desde enero de este año, por sospechas de narcotráfico y legitimación de capitales, al parecer continúa operando desde los niveles de mayor contención dela cárcel conocida como La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
"Es conocido que hay celulares, y cuando no tienen celulares, por medio de mensajes cifrados hablan desde los teléfonos públicos y dan órdenes", explicó esta semana a CR Hoy el subdirector del OIJ, Michael Soto.
Escurridizo cabecilla
Sobrino operaba principalmente en la zona de Tirrases de Curridabat, pero había adquirido una extensa finca de varias hectáreas en la localidad de Coopevega, distrito de Cutris, una zona ubicada a menos de una hora por carretera de la línea fronteriza con Nicaragua.
El amplio terreno —presuntamente comprado con dinero proveniente del narcotráfico— era utilizado para mantener más de 90 cabezas de ganado: decenas de vacas, toros y terneros, además de equinos y otros animales.
Entre lo que encontraron en la propiedad, también había fauna exótica como pavos reales y ponis —raza de caballo caracterizada por su baja estatura—, así como emús, un ave no voladora originaria de Australia, considerada la segunda más grande del mundo después del avestruz.
Gracias a una investigación de largo aliento, las autoridades judiciales lograron corroborar que la finca y la vivienda construida en sus linderos pertenecían a alias Sobrino y que, presuntamente, fueron financiadas con dinero producto de la venta de estupefacientes.
El hombre, de 31 años, fue capturado a finales de enero mientras transitaba por la vía pública en un vehículo. Para detenerlo, fue necesario un operativo especial del OIJ, que incluyó al comando élite del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), debido a la peligrosidad del sospechoso.
La detención fue algo atropellada, ya que Vargas, al parecer, maniobró el vehículo para evitar su captura. Por ello, los oficiales del OIJ terminaron colisionando contra el automóvil, lo que provocó lesiones leves a los ocupantes.
Según las autoridades, Vargas García lidera una estructura robusta dedicada al narcomenudeo, es decir, a la venta directa de drogas a consumidores finales. Algunos miembros de esta red están presuntamente vinculados con homicidios.
Los agentes judiciales ahora enfrentan la compleja tarea de determinar si el cabecilla tuvo alguna participación o incidencia en esos crímenes, algo difícil de comprobar mediante pruebas directas.
Parte de las líneas de investigación buscan también determinar si la banda tiene relación con otras muertes violentas, a través de gatilleros que trabajarían para la organización. Se contabilizan al menos ocho casos.
A la agrupación criminal se le venía siguiendo la pista desde 2021. No obstante, Sobrino utilizaba métodos sofisticados para ocultar su paradero y evitar su captura.
Por ejemplo, aparentemente usaba la plataforma Airbnb —que ofrece alojamientos temporales— para alquilar viviendas por periodos cortos. Así, evitaba residencias permanentes donde pudiera ser localizado fácilmente por las autoridades.
Además, el día de su arresto no se movilizaba en un vehículo vistoso o de lujo, como suele ocurrir con otros narcotraficantes. En su lugar, conducía un pequeño automóvil compacto, marca Suzuki, lo cual contribuía a pasar desapercibido.
Debido a su perfil escurridizo, las autoridades decidieron ejecutar su captura apenas lo localizaron, aunque el resto de diligencias y allanamientos no se habían realizado aún. Consideraban que podrían perder la oportunidad si esperaban más tiempo.
Durante su arresto se le decomisaron ₡10 millones en billetes de curso legal, además de dólares y euros. También se confiscaron un arma de fuego, joyas y otros objetos de alto valor.
La detención tuvo lugar frente al condominio Monte Alto, en Granadilla de Curridabat, a unos 200 metros del residencial Monterán, donde se ubica la casa del presidente Rodrigo Chaves Robles.
Junto a Vargas fueron detenidos otros dos sospechosos: uno viajaba con él en el vehículo, mientras que el tercero fue localizado en otro sector. Uno de ellos es de apellido Espinoza, de 46 años y nacionalidad nicaragüense; el otro se apellida Portuguez, de 28 años.
Los tres cumplen seis meses de prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones del caso "Granero", como fue bautizado por las autoridades judiciales.
