Fiscalía pide abrir juicio contra exdiputado por favores a grupo narco de Turesky
Óscar Cascante impulsó dos proyectos de construcción de empresario señalado de lavar dinero, según investigación
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó al exdiputado Óscar Cascante Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), como sospechoso de cometer los delitos de tráfico de influencias y cohecho propio en favor de varios empresarios vinculados al caso Turesky.
De acuerdo con la pieza acusatoria, entre 2018 y 2021, el excongresista habría aprovechado su cargo para ejercer influencia ante funcionarios públicos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Banco Popular y otras entidades, con el fin de favorecer a una organización criminal que exportaba cocaína oculta en cargamentos rumbo a Europa.
Si bien los funcionarios no accedieron a las gestiones, se presume que, de igual manera, el exlegislador recibió pagos en dádivas mediante transferencias por SINPE, según el Ministerio Público.
Una investigación de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) concluyó que el exlegislador intervino al menos en 13 ocasiones en favor de los empresarios involucrados.
Según el informe PEP-OFI-761-2022, Cascante habría infringido el deber de probidad establecido en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La PEP reprochó que el exdiputado utilizó su investidura, poder político y acceso a recursos públicos para procurar beneficios privados a favor de los investigados, sin demostrar transparencia, imparcialidad ni integridad.
El principal beneficiado fue Alejandro José Cartín Ramírez, uno de los 23 acusados por narcotráfico y legitimación de capitales en el caso Turesky.
En el documento se detalla que el exdiputado impulsó dos proyectos de construcción vinculados con los investigados: un complejo turístico en Portete de Limón, promovido por la empresa Construcciones y Remodelaciones La Escarcha S. A., representada entonces por Luis Guillermo Cartín Herrera; y un desarrollo habitacional llamado Condominio Vertical D'Elena, en Purral de Goicoechea, también bajo la misma empresa, representada por Cartín Herrera, Cartín Ramírez y Soto Rivera.
En el primer caso, Cascante gestionó reuniones con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) y mencionó el proyecto al entonces presidente Carlos Alvarado. En el segundo, intervino ante el Banco Popular, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
La PEP documentó visitas frecuentes de los empresarios al despacho del exdiputado: siete en el caso de un sujeto Cartín Herrera, cuatro en el de Cartín Ramírez y ocho en el de Soto Rivera.
Dichas acciones fueron calificadas como contrarias a los deberes éticos del servicio público y motivaron una denuncia penal por presunto incumplimiento de deberes ante el Ministerio Público.
La acusación fue comunicada a la PGR el pasado 23 de junio, instancia que debe informar en los próximos días se formulará una acusación particular (querella) y la acción civil resarcitoria, con la que se reclamaría un monto económico por los datos y perjuicios causados al Estado.
Una vez que el expediente regrese al despacho, la FAPTA lo enviará al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, con la respectiva solicitud de auto de apertura a juicio. El caso corresponde al expediente 19-000050-0033-PE.
Médico ligado a exportación de cocaína
El caso conocido como Turesky se encuentra en fase intermedia, en la cual se definirá si los imputados deberán afrontar juicio por narcotráfico internacional, legitimación de capitales y otros delitos conexos. Este es un proceso distinto al vinculado con Celso Gamboa como sospechoso.
En él, Celso Gamboa fungía como abogado defensor del cabecilla de la organización: Alejandro Antonio James Wilson, conocido como Turesky. Cabe señalar que, en una casa propiedad de este sujeto, fue capturado el exministro y exmagistrado para dar inicio al proceso de extradición.
Entre los acusados figura también Alejandro José Cartín Ramírez, el médico costarricense que, según la Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO), habría desempeñado un rol clave dentro de esa sofisticada organización criminal con conexiones en Europa y América Latina.
Cartín es señalado de participar en la distribución de alijos de droga, tanto dentro como fuera del país. Además, según la acusación, colaboró con la comercialización de cocaína y con operaciones logísticas para legitimar las ganancias obtenidas por la red, a sabiendas del origen ilícito de los fondos.
El expediente 18-000092-1219-PE, en manos de CR Hoy, detalla que el imputado utilizó estructuras empresariales, propiedades y otras formas de blanqueo para introducir dineros provenientes del narcotráfico al sistema financiero nacional.
De forma coordinada con otros miembros de la red, Cartín habría facilitado la compra de bienes inmuebles y el manejo de sociedades pantalla, algunas registradas a nombre de terceros, para ocultar el verdadero origen del capital.
La organización criminal de la que supuestamente formaba parte tenía una estructura jerárquica piramidal liderada por James Wilson. El primo de Cartín, Fernando Cartín Ceba, actuaba como sublíder y enlace operativo con el resto de la organización, incluido el propio médico.
Según la Fiscalía, la estructura operó entre julio de 2018 y mayo de 2021, periodo durante el cual se dedicaron a la posesión, almacenamiento, transporte y exportación de clorhidrato de cocaína, principalmente mediante la contaminación de contenedores con carga lícita en el puerto de APM Terminals, en Moín.
Entre los bienes identificados en manos de la organización figuran propiedades, vehículos, sociedades mercantiles y transferencias bancarias sin relación con actividades económicas lícitas.
Aunque no se especifica cuáles están directamente a nombre de Cartín, su vínculo con el manejo de estos activos lo conecta con los esfuerzos de legitimación de capitales investigados por la Fiscalía.
Nexos con Celso Gamboa
El médico vinculado al exdiputado Cascante es también quien firmó un dictamen médico para intentar sacar a Celso Gamboa de máxima seguridad en el centro penal La Reforma, donde permanece detenido mientras afronta un proceso de extradición a Estados Unidos por trasiego internacional de droga.
Gamboa, abogado del cabecilla en el caso Turesky, presentó solicitudes ante el Tribunal Penal de San José —encargado del trámite judicial— y la Dirección General de Adaptación Social —entidad administradora del sistema penitenciario—, para ser trasladado a la cárcel de Cocorí, en Cartago, alegando razones de seguridad y salud.
Para sustentar su petición, presentó un dictamen emitido menos de 24 horas después de su captura, ocurrida a las 12:41 p. m. del martes 24 de junio. El documento fue firmado por Cartín Ramírez, médico colegiado bajo el número MED14489.
El informe clínico incluido en el expediente de extradición pretendía certificar que Gamboa presenta múltiples enfermedades crónicas que, según su equipo legal, requieren atención especializada y condiciones particulares durante su reclusión, pese a que él mismo presumía su estado físico en redes sociales.
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