Fiscalía investiga si diputado, alcaldesa y jerarcas de Gobierno recibieron dádivas y beneficiaron a autobusero
Autobusero alajuelense fue detenido a mediados de 2024 y cumple prisión preventiva
La Fiscalía General del Ministerio Público confirmó que investiga a 5 altos mandos de entidades estatales por aparente recibimiento de dádivas de parte de un empresario autobusero, de apellido Herrera, imputado en el caso "Madre Patria" y tráfico de influencias, supuestamente en favor de esta misma persona.
En una acción conjunta con el Ministerio Público, este miércoles 22 de enero el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisó los teléfonos celulares de Carlos Ávila Arquin, viceministro de Transportes; Marlen Luna Alfaro, presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM); Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Leslye Bojorges León, diputado del PUSC por la provincia de Alajuela, y Lourdes Sáurez Barboza, directora de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del Ministerio de Educación Pública (MEP). Una sexta persona, de apellidos Campos Araya, también fue objeto de las pesquisas.
"Los expedientes bajo investigación, por presuntos delitos de tráfico de influencias, son 23-000087-0033-PE (contra Bojorges León) y 24-000059-033-PE (contra el resto de personas sin fuero especial).
"En términos generales, la Fiscalía General confirmó que se investiga el aparente recibimiento de dádivas provenientes de un empresario vinculado con una compañía autobusera y tráfico de influencias. De momento, es todo lo que puede informarse, para no entorpecer la investigación", detalló el Ministerio Público, a través de un correo electrónico.
Una serie de intervenciones telefónicas contenidas en el expediente del caso señalaron que un autobusero investigado en el caso, de apellido Herrera y que cumple prisión preventiva desde mediados de 2024, aseguró que recibía ayuda del viceministro de Transportes con trámites a lo interno de la cartera y del Consejo de Transporte Público (CTP).
Pese a que Ávila negó esta situación, el 16 de agosto de 2023 hubo una reunión en el despacho del viceministerio entre el jerarca y el empresario Herrera.
En junio de 2024, el viceministro confirmó la cita y explicó que el encuentro obedeció a una petición de los empresarios para tratar temas referentes a la operación de una ruta de transporte público en la provincia de Alajuela.
Allanamientos por el caso Madre Patria, en julio de 2024. Archivo CRH/OIJ
Caso "Madre Patria"
La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FACDO) del Ministerio Público confirmó en octubre que se mantendrá 1 año de prisión preventiva como medida cautelar en contra de 21 personas imputadas en el caso "Madre Patria".
Así lo determinó el Tribunal Penal de San José, en una resolución emitida el pasado 25 de setiembre, tras analizar un recurso de apelación planteado por la defensa técnica de los imputados en la causa contra una decisión del Juzgado Penal de San José emitida en julio.
A los imputados se le vincula con los presuntos delitos de falsedad ideológica, uso de documento falso, estafa mayor, legitimación de capitales, procuración de impunidad y cohecho.
La supuesta organización se dedicaba a perpetrar fraudes registrales con propiedades de alto valor en distintos puntos del país. La investigación desarrollada por la FACDO señala que, presuntamente, los dueños reales de los terrenos (extranjeros y adultos mayores) eran despojados de las propiedades a través de maniobras registrales perpetradas por abogados afines a la agrupación.
La supuesta organización era liderada por 2 ciudadanos españoles, de apellidos León y Gómez, quienes habrían contado con el soporte de abogados y notarios.
Al parecer, el grupo legitimaba el dinero producto de la actividad ilícita a través de otro tipo de negocios: empresas que gestionaban rutas concesionadas por el CTP, inversión en criptomonedas, adquisición de vehículos de alto valor o inversiones en tiendas tipo "outlet".
Entre los imputados que deberán cumplir 1 año de prisión preventiva figura un juez penal de la República, destacado en el Tribunal Penal de Desamparados, de apellidos Venegas Marín.
El Tribunal Penal de San José mantuvo las medidas cautelares ordenadas en contra del imputado Rosales Apú, funcionario del CTP, quien presuntamente habría beneficiado a la organización con trámites a lo interno de la entidad estatal. Por esa razón, el sospechoso continuará suspendido del cargo y deberá mantener domicilio fijo, presentarse a firmar, y tendrá impedimento de salida del país.
En el caso de los oficiales de la Policía de Tránsito y los abogados, el decidió revocar las medidas cautelares de suspensión del cargo e inhabilitación del cargo. Así las cosas, continuarán sujetos al proceso penal debiendo firmar de manera periódica, con impedimento de salida del país y sin la posibilidad de acercarse a testigos en la causa.
La investigación continúa en trámite bajo el expediente 22-005018-0042-PE.
