Denuncian a gerente de Racsa por “maniobras” para direccionar contrato de estaciones de pesaje

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) investiga a Mauricio Barrantes Quesada, gerente general de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), y a la directora jurídica, Ileana Rodríguez Quirós, luego de recibir una denuncia en la que se les señala por, presuntamente, maniobrar en el otorgamiento de un contrato para favorecer a una empresa que ganó la licitación para operar las estaciones de pesos, cargas y dimensiones, conocidas como estaciones de pesaje.

La investigación también alcanza a los brasileños Igor de Oliveira Roquim, Francisco Inacio Carneiro y André Bermúdez Leandro, representantes de la compañía SGSV, la cual se aseguró un pago de casi $450 mil con las adendas del contrato.

El Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) entregó a esta empresa el manejo de dichos puestos de control utilizando como intermediaria a Racsa, una práctica que se ha vuelto habitual en este gobierno para gestionar contratos con instituciones del Estado.

La compañía tiene adjudicado un contrato para operar estaciones ubicadas en Búfalo de Limón, Cañas de Guanacaste, Esparza, Cartago y Villa Briceño de Golfito.

En la documentación que analiza el Ministerio Público se solicitó indagar la participación de la junta directiva de Racsa en la aprobación de este contrato, así como la intervención del Conavi, por supuesta injerencia en "maniobras" que habrían direccionado el contrato hacia la empresa extranjera.

El Ministerio Público trabaja en la recolección de pruebas para determinar si es viable acusar a estas personas por el delito de influencia contra la Hacienda pública.

Según el Poder Judicial, este delito lo cometen funcionarios públicos y sujetos equiparados que, al intervenir en razón de su cargo o posición, influyen, dirigen o condicionan de cualquier forma para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses patrimoniales de la Hacienda pública o al interés general. También incluye el uso de maniobras o artificios tendentes a ese fin.

El delito puede generar un beneficio económico o una ventaja indebida para sí o para terceros, y se sanciona con prisión, con penas que varían según la jerarquía del imputado y la gravedad del acto.

"La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que lo relacionado con el tema de la contratación de servicios de estaciones de peaje se investiga en la causa 25-000328-1218-PE.

De momento, no es posible dar más información, en apego al artículo 295 del Código Procesal Penal", detalló el Ministerio Público ante consulta de CR Hoy.

Lo que dice la denuncia

Como ha ocurrido en otros contratos, el gobierno adjudicó el Programa de Administración de Pesos y Dimensiones del Cosevi por 13 años. Sin embargo, según la denuncia, Cosevi lo otorgó a dedo a Racsa, y esta, a su vez, lo trasladó a SGSV.

"Una vez más, el gobierno aprovecha la facultad de contratación pública de RACSA para movilizar miles de millones entre empresas elegidas a dedo. Otro caso más de aparente corrupción de este Gobierno que se suma a casos como el de los EBAIS de la CCSS, la pista del aeropuerto Daniel Oduber y muchos más en que funcionarios y exfuncionarios de este Gobierno han sido sometidos a procesos penales, allanados y más.

Es claro que, estamos en presencia de un aparente abuso de figuras excepcionales de contratación dando un resultado contrario al interés público (artículo 2 Ley 8422); en donde, tiene que analizarse y determinarse la posible existencia de delitos como la influencia contra la hacienda pública y el fraude de ley en la función administrativa (arts. 57 y 58 Ley 8422)", señala la denuncia acogida por el Ministerio Público.

El documento añade que existe sospecha razonable de precios irregulares o incluso un posible delito de influencia contra la Hacienda pública. Además, se indica que presuntamente existen vínculos familiares entre altos exfuncionarios de Racsa y gerentes de empresas, por lo que no se descarta un eventual tráfico de influencias en decisiones que otorgan millones a compañías beneficiadas.

Racsa-Conavi-SGSV: ¿Qué pasó?

El contrato inicial se firmó el 12 de setiembre de 2012 y, a finales de ese mismo mes, Racsa y SGSV suscribieron un acuerdo para prestar el servicio de automatización del Sistema de Control de Pesos y Dimensiones, así como el Sistema de Infracciones para las evasiones al control de estaciones.

El 3 de diciembre de 2018, Conavi y Racsa firmaron la primera adenda al contrato para incorporar la operación de la estación San José-Esparza, además de personal de Racsa en la estación Cañas-Guanacaste. El 15 de ese mismo mes se suscribió otra adenda para incluir el sistema de infracciones de evasiones al control de estaciones.

Mediante la nota DM-2022-3135, del 11 de julio de 2022, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) notificó a Racsa sobre la no continuidad del contrato. Radiográfica respondió con una primera movida para mantenerse a cargo de la vigilancia.

"Racsa por razones estratégicas, comerciales y económicas presenta a CONAVI el oficio GG-1248-2022 de fecha 08 de agosto del 2022, con la mejora de precio de un 20% a la tarifa del componente operación del servicio, incluyendo las nuevas estaciones de la ruta nacional 27. Evidentemente, podían dar un descuento así de grande, puesto que llevaban 10 años ininterrumpidos prestando la misma tecnología por lo que estaba más que recontra paga".

El 29 de agosto de 2022, la Dirección de Gestión Financiera de Racsa, mediante el oficio DGF-AS-5-2022, determinó que el proyecto no cumplía con los indicadores necesarios para aprobar su viabilidad financiera.

Pese a la falta de anuencia del MOPT, el 4 de setiembre de 2022 se volvió a otorgar el contrato a Racsa para que lo direccionara a SGSV, según la denuncia.

"(…) al igual que en otros casos denunciados, ha sido la línea de este gobierno chavista de darle todos los contratos posibles a Racsa para que no quiebre. Y es así como, Conavi y Racsa terminan suscribiendo la segunda Adenda al contrato, con la finalidad de incorporar la mejora de precio del servicio y la puesta en operación de las 2 estaciones de pesaje de la ruta 27", señala la documentación en manos de la Fiscalía.

Aun así, el 5 de setiembre de 2022, la Dirección de Productos y Proyectos de Racsa elevó para aprobación de la Gerencia General el negocio con SGSV, mediante el oficio DPP-204-2022. Un día después, la gerencia general a cargo de Mauricio Barrantes Quesada aprobó la licitación, como consta en el oficio GG-1452-2022.

Se ignoró criterio de Dirección Financiera

Aunque se había advertido sobre la falta de viabilidad financiera, Barrantes elevó a la junta directiva la posibilidad de una segunda adenda con SGSV y solicitó la aprobación de una inversión por $232.297.842,2 para implementar el servicio y operación de las estaciones de pesaje en la ruta 27.

Ese mismo 8 de setiembre de 2022, la Junta Directiva de Racsa aprobó la adenda en sesión ordinaria Nº2408, tal como lo solicitó Barrantes, para usar la misma tecnología que se empleaba desde hacía 14 años, según la denuncia.

El hecho más reciente ocurrió el 9 de mayo de 2024, cuando Conavi y Racsa suscribieron la tercera adenda al contrato, con la que se añadieron dos nuevas estaciones de pesaje en la Ruta Nacional 2, en el sector La Julieta (San José-Paso Canoas), en ambos sentidos.

Pese a la advertencia de 2022 sobre la falta de viabilidad financiera, el 26 de agosto de 2024 Barrantes aprobó otra inversión, por $219.571,99, para ampliar los servicios de estaciones de pesaje y el sistema de infracciones por un plazo de 60 meses.

Finalmente, la denuncia incluyó dos hechos que marcaron el cierre de las presuntas maniobras. El 27 de setiembre de 2024 Barrantes presentó a la junta directiva de Racsa la solicitud de aprobación del contrato con SGSV para continuar con lo estipulado en la tercera adenda. El 30 de ese mes, la junta aprobó la petición pese a los antecedentes ya conocidos.

¿Qué dicen Racsa, Conavi y SGSV?

Consultada al respecto, Racsa respondió que, a la fecha, no ha recibido ninguna notificación de la Fiscalía, "por lo que no es posible emitir criterio sobre este particular".

Por su parte, Antonio Alexandre, asesor de comunicación de SGSV, afirmó que las acusaciones presentadas ante la Fiscalía son falsas.

Agregó que los contratos entre empresas del Estado están previstos en la ley, "así como la contratación de una empresa privada que desde hace tres administraciones presta servicios a Racsa con éxito".

Además, indicó que los contratos, firmados con un máximo de tres renovaciones, siempre se han condicionado a la satisfacción de las partes por los servicios brindados. "SGSV es una empresa costarricense con amplia trayectoria y respeto en el sector de telecomunicaciones, siempre apegada a las leyes y a los buenos principios, razón de su éxito", concluyó.

Mientras tanto, la Dirección Ejecutiva del Conavi respondió: "En cuanto a la consulta realizada es importante mencionar que esta contratación es del año 2012 en donde esta Dirección Ejecutiva no fue la que formalizó dicha contratación; en cuanto a la denuncia no nos podemos referir al tema por ser es un caso judicializado".