Fiscalía investiga a Diego Miranda por suspender cobro de parquímetros
Se le investiga por el aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) abrió una investigación contra el alcalde de San José, Diego Miranda Méndez, por la suspensión del cobro de parquímetros en la ciudad capital.
El caso se tramita bajo el expediente 24-000333-1218-PE, tras una denuncia interpuesta del 9 de setiembre por la Auditoría Interna del Gobierno Local josefino.
De acuerdo con información del Ministerio Público a crhoy.com, la apertura de la investigación surgió 2 días después, es decir, el día 11 y se le investiga por el aparente delito de influencia en contra de la Hacienda Pública.
El caso se tramita desde el 23 de julio, día en que finalizó el contrato vigente entre la Municipalidad de San José y la empresa Setex-Aparki.
Ese día, el municipio anunció que mientras se adoptaba el nuevo modelo de negocio, se daría un periodo de gracia por 5 semanas de no cobro de los estacionamientos; sin embargo, ya suman 2 meses y 1 semana y todavía el servicio no se reanuda.
El Concejo Municipal de San José adjudicó al consorcio Setex-Alpha el 3 de setiembre anterior el contrato de parquímetros por 5 años prorrogables a otros 5. No obstante, a la fecha no se ha firmado el mismo en medio de dudas por parte de la Proveeduría de índole legal.
Informe auditor
Crhoy.com publicó el 2 de setiembre que la Municipalidad de San José dejó de percibir ₡247 millones en promedio por mes ante la falta de ingresos por el uso de parquímetros en la capital, según enfatizó el informe 018-EA-AI-2024.
Ana Lorena Gil Chavarría, jefa de la Sección de Parquímetros, expresó su preocupación el 21 de agosto anterior por los ingresos dejados de percibir.
Gil citó que el promedio mensual por el cual el gobierno local no percibió los recursos por concepto de venta de tiempo ronda los ₡136 millones, mientras que por infracciones se encuentra en ₡110 millones.
La Auditoría Interna expresó su preocupación porque las decisiones adoptadas por la administración podría derivar en un riesgo por incumplimiento al marco normativo aplicable en el tema de exoneración de espacios públicos y de impuestos.
Detallaron además que habría un riesgo operativo-legal que traería consigo un golpe al erario municipal producto de los ingresos dejados de percibir en el periodo de gracia derivado de las decisiones administrativas.
El auditor interno del ayuntamiento, Israel Barrantes Chacón, indicó a este medio de comunicación, que por estar el caso bajo investigación de las autoridades judiciales, no puede adelantar ningún criterio, por lo que prefirió no referirse al respecto.
Alcalde responde
Miranda Méndez respondió con esta declaración:
La administración pasada nunca planificó la realización, en el tiempo justo, de la nueva contratación del servicio, lo que provocó que una vez perdidas las elecciones quisieran acelerar el proceso de contratación.
Subieron el concurso público a SICOP en enero del 2024 y fue declarado infructuoso por el Concejo Municipal en abril. Este acto tuvo un recurso de apelación ante la Contraloría General de la República (CGP), por parte de la única empresa concursante (Setex Aparki), a quien se le concedió la apelación el 29 de julio del 2024.
Ante esta resolución de la CGR, el Concejo Municipal le readjudicó a la empresa la licitación, en la sesión ordinaria número 017 del año 2024, celebrada el 12 de setiembre del presente año.
El servicio de parquímetros dejó de operar el 23 de julio del año 2024, como consecuencia de que se venció el contrato, que por 12 años, la municipalidad mantuvo con Setex Aparki.
Ante esto, es importante aclarar, que no existe decisión alguna, ni tampoco negligencia, por parte de algún funcionario administrativo para detener el cobro de los parquímetros en la ciudad. Simplemente el cese del cobro obedece a que no existe hoy un operador con contrato vigente y firmado para que se reanude la gestión
Reiteramos, nunca hubo una suspensión del cobro por una directriz. Es una consecuencia de un proceso activo y que aún se está finiquitado. Actualmente, el contrato se encuentra adjudicado y en firme, en verificación de documentos para la firma del contrato.
El auditor tiene conocimiento de todos estos detalles, que además son de dominio público. En una década, no pudo descubrir ni un solo caso de corrupción de una administración plagada de irregularidades y carente de planificación. Ahora, quiere hacer señalamientos y polémica sobre la supuesta inexistencia de un servicio, a pesar de que él más que nadie conoce las razones del porqué hoy no hay servicio. Esto solo confirma su incompetencia.
