Fiscalía investiga a alcaldesa de Puriscal por supuesta desobediencia a orden judicial

(CRHoy.com) La Fiscalía de Puriscal investiga a la alcaldesa de ese territorio, Iris Arroyo Herrera, por una presunta desobediencia de las medidas que le fueron ordenadas por un juez en un proceso que se le sigue por supuesto acoso laboral.

El caso fue abierto a partir de un testimonio de piezas dictado en una resolución del Juzgado Civil, Trabajo y Familia de la localidad emitida el 18 de octubre de 2022, revelada por CRHoy.com el pasado 5 de enero de 2023.

La pesquisa avanza en su fase de recolección y análisis de indicios -que es privada para terceros, según el artículo 295 del Código Procesal Penal- con el número de referencia 22-000108-1229-PE.

En principio, la causa se sigue por aparente "incumplimiento de medidas", detalló la oficina de prensa del Ministerio Público ante consulta de este medio. El exdecisor y abogado penalista, Ewald Acuña Blanco, explicó que ese delito no existe, pero que los hechos configuran una potencial desobediencia, por tratarse de una determinación judicial. El ilícito mencionado por el jurista es el mismo por el que el juzgador Rudy Araya Jiménez dispuso hacer la investigación.

La desobediencia a la autoridad está contenida en el numeral 314 del Código Penal, que la define como el incumplimiento de una orden impartida por un órgano jurisdiccional o un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, siempre que se haya comunicado personalmente. El mismo se sanciona con entre seis meses de prisión y tres años de prisión.

Valga recalcar que la respuesta remitida por el departamento de comunicaciones menciona la posibilidad de que el delito sea variado conforme avance el caso.

A la gobernante local, la demandante del presunto hostigamiento, una psicóloga de apellidos Salazar Ramírez, la acusó de irrespetar una medida de abstenerse de propiciar un "vaciamiento de funciones" de la servidora, quien para entonces era la encargada del Centro Cuido y Desarrollo Infantil (Cecudi) así como de la Oficina de la Mujer (OFIM).

Lo anterior en el tanto que el Concejo Municipal de Puriscal aprobó una moción presentada el 13 de setiembre de 2022, para trasladar la supervisión y administración del primero de los despachos a la responsable de Servicios Generales, lo que constituiría una separación de la psicóloga con el Centro de Cuido del que ha sido encargada por más de siete años. Esa determinación -al momento de la gestión- jamás le fue formalmente comunicada a la funcionaria.

A ello se suma que en el presupuesto del ayuntamiento para 2023 incluyó un cambio en la categoría del cargo del responsable de la Oficina de la Mujer, al pasar de profesional municipal 2 (licenciado) a profesional municipal 1 (bachiller). Esto aún y cuando a los psicólogos con grado de bachiller no se les permite el ejercicio profesional, según se extrae de un criterio de la Asesoría Técnica e Investigación del Colegio de Profesionales en Psicólogos, incorporado en la gestión de la accionante.

CRHoy.com procuró un comentario de Arroyo Herrera sobre el expediente iniciado en su contra, pero esta explicó que por recomendación de sus abogados no se iba a referir, toda vez que estaba pendiente de efectuarse el debido proceso.

Presuntas humillaciones

El Juzgado Civil, Trabajo y Familia de Puriscal tramita una demanda por aparente acoso laboral en contra de la alcaldesa Iris Arroyo Herrera. En el proceso, a la gobernante local se le dispuso abstenerse de cualquier conducta que menoscabe, degrade o maltrate la situación psicológica y emocional de la accionante, Salazar Ramírez.

Dicho proceso fue revelado por este medio el 26 de julio de 2020. A través de este, la psicóloga afiliada en la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) reclamó ¢30.000.000 por daños morales derivados del supuesto hostigamiento.

En el documento, Salazar Ramírez alegó un cambio de clima laboral con la llegada de la gobernante local, el 1° de mayo de 2020. Entre las actitudes mencionadas en la demanda resaltan un aparente desinterés por sus labores, presuntas faltas de respeto en reuniones y decisiones administrativas que aparentemente le generaron una carga de trabajo durante su licencia de maternidad, entre otras.

Se señala además que el 19 de mayo de 2020, la alcaldesa emprendió una consulta al Departamento de Recursos Humanos, sobre si podía cambiar el tiempo completo a la psicóloga, si podía hacer una contratación de cuarto de tiempo para el puesto que ocupaba y si se podía contratar a una profesional sin el sobresueldo dedicación exclusiva. Esa solicitud de criterio representa el inicio de una serie de acciones con las que, dos años después, le fue suprimido el plus a Salazar Ramírez, reza el documento.

Para Arroyo Herrera, ese es el detonante del proceso que afronta. "Es una demanda que inició cuando tome la decisión de no continuarle pagando una dedicación exclusiva a la funcionaria, representa más de ¢400.000 mensuales a las arcas municipales y no lo consideré necesario", dijo a CRHoy.com.

En 2021 la accionante escuchó comentarios entre pasillos sobre las intenciones de que en su contra se abra un órgano director para quitarle la dedicación exclusiva; situación que se materializó el 6 de julio de ese año. El proceso tenía como objetivo, además de eliminar el sobresueldo, cobrar las sumas pagadas desde el 2015.

Dicho plus le fue eliminado a la psicóloga el 26 de febrero de 2022, lo que derivó en una reducción sustancial de su salario, al pasar de ¢1.061.813 a ¢684.491.

En la demanda se menciona -a modo de hipótesis- que el hostigamiento se deriva de su participación como testigo en dos demandas contra la municipalidad y la gobernante local. Esa última -también por acoso laboral- fue declarada sin lugar el 18 de julio de 2022, según consta en la sentencia 2022-000107 del Juzgado Civil, Trabajo y Familia, suministrada a por Arroyo Herrera.