Fiscalía: Funcionarios recibieron dádivas de H.Solís por millonario incremento presupuestario
Gerente y funcionaria habrían incrementado en ₡600 millones presupuesto para obras
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusa a Mélida Solís Vargas, propietaria de la empresa constructora H.Solís, de promover y entregar dádivas a 2 funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para que se incrementara en ₡400 millones el presupuesto asignado a un contrato de conservación vial, enfocado en atender rutas nacionales en la región Chorotega (Guanacaste).
Así reza la acusación presentada por esa oficina del Ministerio Público a finales de abril de este año, en el testimonio de piezas (expediente aparte) 24-000130-1218-PE derivado del caso “Cochinilla”.
El documento de 74 páginas detalla que, entre abril y agosto de 2020, la empresaria habría coordinado el acuerdo y la entrega de dádivas a Carlos Solís Murillo, entonces gerente de Adquisiciones y Finanzas de Conavi, y a Elsie Carmona Rivas, entonces encargada de controlar la ejecución presupuestaria de la gerencia de Conservación de Vías y Puentes de la entidad, para conseguir la millonaria modificación presupuestaria de una de las líneas de trabajo contenidas en la licitación 2014LN-000018-0CV00 a cargo de H.Solís.
Según la Fiscalía, Solís Vargas junto con varios de sus subalternos (de apellidos Naranjo Vargas, Godínez Abarca y Abarca Quesada) habría promovido la entrega de $9.000 al gerente Solís Murillo como dádiva por concretar la modificación presupuestaria. Asimismo, habría gestionado la entrega de dinero en efectivo (por un monto indeterminado) y la compra de una computadora marca Lenovo a la funcionaria Carmona Rivas, quien habría intervenido en el proceso para propiciar el cambio en el presupuesto.
La acusación apunta que la modificación presupuestaria se coordinó en abril de 2020 y fue avalada por el Consejo de Administración de Conavi en julio de ese mismo año por un monto total de ₡600 millones (₡200 millones más que lo que habría pretendido la empresa).
"Para julio del 2020, en esta línea 6 (intervenciones en rutas de la Región Chorotega) se evidenció un aumento de contenido presupuestario, el cual fue consensuado y concretado producto de las acciones delictivas conjuntas de las personas acusadas, en las cuales mediaron dádivas a cambio de los actos de corrupción y la única finalidad de satisfacer los intereses de la empresa H. Solís.
"Este incremento se materializó a través de la modificación presupuestaria 03-2020, cuya propuesta fue elaborada por la funcionaria pública Elsie Carmona Rivas, quien luego la presentó ante la gerencia de Conservación de Vías y Puentes, siendo después avalada debido a la intervención del funcionario Carlos Solís Murillo, ante la Comisión de Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Presupuesto Institucional del Conavi y finalmente aprobada en forma definitiva para la respectiva ejecución por parte del Consejo de Administración del Conavi", puntualiza la acusación.
Solís Vargas cumplió prisión preventiva durante 9 meses, entre junio de 2021 y marzo de 2022, tras ser detenida en los allanamientos efectuados el 14 de junio de 2021 por este caso. Luego, permaneció en arresto domiciliario por 6 meses (hasta setiembre de 2022). Actualmente, está libre sin medidas cautelares y únicamente debe reportar de previo a autoridades judiciales si saldrá del país.
Con base en la prueba recopilada a partir de intervenciones telefónicas, documentos y registros bancarios, la FAPTA sostiene que para ejecutar el ilícito, según el rol que le correspondía, previo aval y coordinación con Solís Vargas, el acusado Abarca Quesada ejecutó el ofrecimiento de $9.000, por cuanto de los cuales ofreció directamente al acusado y funcionario público Carlos Solís Murillo.
"Por su parte, entre el 5 y 11 de agosto del 2020, el acusado Godínez Abarca, con pleno conocimiento de su actuar delictivo y según la distribución funcional, procedió a entregar directamente dicha dádiva de dinero en efectivo al funcionario público y acusado Solís Murillo", cita la acusación.
La fiscalía sostiene que existió una organización criminal con roles y funciones establecidas, entre representantes de la empresa y funcionarios, para cometer los hechos ilícitos. A Solís Vargas y a sus 3 subalternos la FAPTA les achaca el presunto delito de penalidad del corruptor, mientras a Solís Murillo y a Carmona Rivas un aparente cohecho propio.
Mélida Solís, propietaria de H.Solís, durante una audiencia judicial realizada a mediados de 2023. Archivo CRH/Con fines ilustrativos
“La Fiscalía se apresuró”
Francisco Campos, abogado de Mélida Solís Vargas, consideró que la FAPTA se “apresuró” al presentar la acusación y recalcó que en este testimonio de piezas solo se acusa un supuesto evento delictivo de los varios que se le achacaron a mediados de 2021.
Campos dijo que están pendientes de resolver todas las apelaciones sobre la clasificación del caso como de “crimen organizado”, otras sobre las intervenciones telefónicas aportadas como prueba clave en la investigación y sobre gestiones realizadas durante los allanamientos.
“Presentar una acusación en estos momentos me parece apresurado y aventurado por parte del Ministerio Público. De prosperar cualquiera de esos recursos, la prueba se puede caer. No sé cuál sería la razón de la Fiscalía (para presentar la acusación)”, expuso el representante legal.
El abogado acotó que la FAPTA reconoció que están pendientes de resolución las apelaciones y las actividades procesales defectuosas de la defensa.
“Desde 2022, que se presentaron, no se ha podido resolver ninguna. Todavía falta la apertura de toda la prueba electrónica. En esta acusación se ofrece la prueba electrónica, ofreciendo masivamente todos los dispositivos y la información que salgan de esos dispositivos, junto con un informe de la Sección de Crimen Organizado sobre la información que salga de esos dispositivos. Esos dispositivos tienen que abrirse dentro de la causa principal. No existe un sentido lógico en a pretender correr con acusaciones sobre temas puntuales, cuando dependen de prueba y diligencias pendientes en la causa principal”, manifestó Campos.
La investigación penal principal versa sobre una presunta de red de corrupción conformada por empleados públicos que habrían acordado, y recibido, dádivas y sobornos a cambio de, aparentemente, otorgar beneficios en contratos de conservación vial adjudicados a empresas constructoras como H.Solís y MECO S.A.
La FAPTA formuló 2 acusaciones bajo el expediente secundario 24-000130-1218-PE: una por el caso de H.Solís y otra por el caso de MECO S.A.
En el expediente principal figuran más empresas contratistas y 67 personas imputados. “Sin embargo, debido a la multiplicidad de hechos y personas investigadas, y debido a que ya se contaba con prueba idónea para formalizar cargos en contra de los 12 imputados, fue que se logró concluir el expediente secundario”, indicó la fiscalía, el 29 de abril pasado.
Esa lista restante de imputados no está descartada, sino que la Fiscalía continuará haciendo indagaciones para llevarlos a juicio más adelante. La investigación ha estado cargada de demoras, reconoce el Ministerio Público.
La causa penal principal mantiene como imputados a un total de 21 funcionarios de Conavi y a 4 del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). No se descarta que en una futura acusación se pida elevar a juicio otros imputados u otras compañías involucradas.
