Fiscalía espera de nueva audiencia de medidas cautelares contra presidente de CNE
CR Hoy reveló que Tribunal anuló resolución previa que dejó sin medidas o con restricciones muy reducidas a imputados en caso Pista Oscura
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) confirmó que está a la espera de que se señale una nueva audiencia de medidas cautelares contra el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola; y otros dos funcionarios más, investigados por el escándalo de supuesta corrupción conocido como Pista Oscura.
Tal como reveló CR Hoy este miércoles, una jueza del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José declaró ineficaz y anuló la resolución dictada el pasado 19 de mayo, en la que se dejó en libertad y sin ninguna medida cautelar al jerarca de la CNE tras su captura, y con reducidas restricciones a los demás.
La jueza Ilsi Pérez Sanabria acogió una apelación presentada por la Fiscalía, en la que se solicitaba convocar una nueva audiencia para valorar la imposición de otras medidas contra Picado, una de las fichas inamovibles del gobierno de Rodrigo Chaves Robles.
En la resolución 306-2025, la juzgadora indicó que ese mismo tribunal, mediante otro juzgador, "no valoró la probabilidad de participación del imputado Alejandro Picado, ni la pertinencia de las medidas cautelares rechazadas respecto de los demás indiciados".
El primer juez que tramitó la solicitud de medidas cautelares a mediados de mayo rechazó la mayoría de las restricciones planteadas por el Ministerio Público.
El exjerarca del MOPT; Henry Villalobos Solís, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE, y Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil, quedaron con restricciones como la prohibición de acercarse a testigos o a instituciones públicas implicadas.
Inicialmente, se había solicitado impedimento de salida del país, obligación de firmar una vez al mes, prohibición de contacto y cercanía con testigos, restricción para perturbarlos y también para acercarse o ingresar a las instituciones involucradas: la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
Dado que tres de los imputados son funcionarios activos del gobierno, también se había pedido la suspensión de sus cargos.
Caso Pista Oscura
En este escándalo de corrupción se investiga la posible desviación de $40 millones destinados a reparar la pista del Aeropuerto Internacional de Guanacaste, así como una aparente reducción de las obras en perjuicio del erario público.
Los imputados son vinculados con la presunta comisión de irregularidades relacionadas con la declaratoria de emergencia para rehabilitar la calzada de aterrizaje de la terminal ubicada en Liberia.
En mayo, la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), junto al Ministerio Público, allanó las casas de Batalla, Picado, Castillo y Villalobos, donde además procedieron con su detención, al figurar como sospechosos de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos.
Las supuestas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación. La primera está vinculada con la preparación del contrato para las obras y la modificación del decreto de emergencia por tormentas tropicales que se modificó meses después, para incluir al cantón de Liberia y, por ende, a la terminal aérea.
La segunda línea recae sobre la ejecución de las obras, dado que, al parecer, en medio de irregularidades se redujo la cantidad de reparaciones en la pista, mientras que el valor del contrato disminuyó solo en $4 millones.
Según la jueza que resolvió la apelación, existieron discrepancias en la resolución anterior, por lo que, con esta nueva decisión, deben considerarse los elementos que fueron omitidos para determinar las medidas cautelares correspondientes contra el presidente de la CNE.
La jueza señala en el documento que a Picado Eduarte se le imputa haber afectado la Hacienda Pública al incluir al cantón de Liberia en una declaratoria de emergencia emitida a raíz de dos ondas tropicales y la tormenta Bonnie, que provocaron estragos en el país en julio de 2022.
Sin embargo, la investigación apunta a posibles favorecimientos derivados de esa declaratoria, firmada por el mandatario Chaves Robles en Casa Presidencial, ya que se presume que fue utilizada para otorgar un contrato destinado a reparar la pista, pese a que esta no habría sufrido daños directamente causados por los fenómenos naturales referidos.
Desde el inicio, Picado trabajó con Rodrigo Chaves Robles, la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, y el exjerarca de Obras Públicas, Luis Amador, en la elaboración del decreto ejecutivo que permitió licitar esas obras por la vía de emergencia, sin fiscalización previa de la Contraloría General de la República (CGR).
La jueza señaló que la figura del imputado Picado Eduarte es de suma importancia para la investigación, ya que, al ocupar la posición de más alto nivel dentro de la CNE, se presume que propició la inserción de datos falsos en el acuerdo 91-06-2023.
Dicho acuerdo sirvió como base para ampliar el decreto ejecutivo que permitió disponer de los fondos de emergencia mediante un régimen de excepción, con el fin de evitar un proceso de contratación ordinario.
Ante este panorama, Pérez concluyó que el imputado no tuvo una intervención mínima, como lo había afirmado previamente el Juzgado.
Esa instancia también había manifestado que no existía prueba de participación por parte de Picado; no obstante, Pérez consideró que el acuerdo tomado por la directiva de la CNE —presidida por Picado— fue determinante para encaminar la firma del decreto de emergencia.
Según la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), Picado figura como uno de los principales gestores de las irregularidades al facilitar la firma del decreto mediante acciones que califican como delictivas.
Rodrigo Chaves Robles también figura como imputado por estos hechos, aunque en una causa paralela a cargo de la Fiscalía General, debido a su condición de integrante de uno de los supremos poderes del Estado.
