Fiscalía: en 3 meses “desaparecieron” 7 hectáreas de bosque para facilitar permisos de tala a empresario

El Ministerio Público alegó presuntas contradicciones en el actuar de la regente ambiental, apellido Camacho, contratada por el empresario de apellidos Pacheco Dent para tramitar autorizaciones de aprovechamiento forestal (corta de árboles) en 2 fincas cuyos terrenos serían parte del Refugio de Vida Silvestre Mixto Gandoca Manzanillo, en Talamanca de Limón.

Así lo detalló Luis Diego Hernández, fiscal de la Fiscalía Agrario Ambiental, en la apelación de la resolución firmada por el juez Félix Castellón Ruiz, juez penal del Segundo Circuito Judicial de San José, quien rechazó la solicitud para imponer medidas cautelares contra Pacheco Dent y los demás imputados en la causa que investiga presuntos delitos en las autorizaciones brindadas al empresario para talar 29 árboles 2 propiedades ligadas al empresario.

En la resolución dictada el 5 de agosto, el juez Castellón alegó que el Ministerio Público no aportó pruebas suficientes para argumentar el posible dolo en las actuaciones investigadas en este caso y rechazó las medidas cautelares solicitadas.

Según expuso el fiscal Hernández en un documento fechado el 9 de agosto, en cuestión de 3 meses, Camacho emitió documentos contradictorios y habría “desaparecido” 7 hectáreas de bosque en una de las propiedades investigadas con tal de propiciar las autorizaciones de aprovechamiento forestal a favor de Pacheco.

La Fiscalía Ambiental y la Fiscalía de Probidad Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) apuntan a que las gestiones tendrían como objetivo final un proyecto urbanístico frente al mar.

Ambas dependencias investigan presuntas anomalías en el otorgamiento de permisos por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) para talar 29 árboles en 16 hectáreas ubicadas en 2 fincas (7-48141-000 y 7-59699, plano catastrado número L-110409-1993) propiedad de Playa Manzanillo S.A., representada por Pacheco, quien tiene relación con Rodrigo Chaves, presidente de la República, y con la Casa Presidencial.

El terreno es parte de un área de 188 hectáreas de zona boscosa que pertenecían al refugio hasta 2014, cuando una ley las desafectó. Sin embargo, desde 2019, la Sala Constitucional ordenó al Sinac demarcarlas nuevamente como parte del refugio, tal como lo habían sido concebidas originalmente. Esto último aún ha sido concretado por el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y el Instituto Nacional de Desarrollo Rural (Inder).

Además de Pacheco, investigan al jefe de la subregión Limón-Talamanca del Área de Conservación La Amistad Caribe (Aclac), de apellidos Campbell Lindo; el coordinador del Programa de Prevención, Control y Protección Aclac-Sinac, de apellidos Salas Rodríguez; la administradora del refugio, de apellidos Cruz Torres, y a la regente ambiental (Camacho Calvo).

Según consta en la apelación presentada por el fiscal Hernández, contenida en el expediente 24-000003-1851-PE, Camacho habría actuado dolosamente al -aparentemente- introducir información falsa en documentos públicos y al presuntamente participar en delitos ambientales.

El Ministerio Público la investiga por posibles delitos de falsedad ideológica, cambio de uso de territorio de bosque, apertura de trocha en terrenos con bosque y drenaje de humedal.

La fiscalía sostiene que existen 3 informes periciales hechos por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que acreditan que el territorio donde se efectuó la tala era bosque y, por tanto, impedía que esta se realizara.

Para el fiscal Hernández, existen contradicciones entre la información plasmada independientemente por el funcionario del Sinac, Salas Rodríguez, y la regente Camacho en diferentes documentos preparados por ellos mismos.

Antecedentes y contradicciones, según la fiscalía:

• 21 de noviembre de 2023:

Pacheco presenta ante el Sinac-Aclac una solicitud de aprovechamiento forestal de árboles fuera de bosque para talar 94 árboles de 22 especies leñosas, con un volumen comercial de 165 metros cúbicos en las fincas propiedad de Playa Manzanillo S.A.

Indica que quiere construir un camino público de 1.2 kilómetros de largo y 14 metros de ancho, por lo cual requiere realizar el descuaje del área por donde pasará la calle. Cita que se está aprobando la inclusión como vía cantonal ante la Municipalidad de Talamanca.

• Noviembre de 2023:

Camacho confecciona el "Inventario de árboles para descuaje de camino público" aportado como parte de la solicitud hecha por Pacheco Dent. Ahí se plasma la intención de talar 94 árboles dentro de las 2 fincas para construir el camino público que no existía.

La regente en el apartado "2.6 Uso de la tierra", manifestó que el 100 % de la finca 7-59699 correspondía a área de bosque (3,1 hectáreas, ha), mientras que el 58% de la finca 7-48141 correspondía a área de bosque (7 ha) y solo 5,2 has de esta finca eran repastos (42%).

En el punto "2.8. Existencia de limitaciones biofísicas en el área a aprovechar" reconoció que según "el Mapa de Cobertura de Fonafifo (2000), toda el área se encuentra bajo cobertura de bosque”.

En los anexos 1 y 3, la regente adjunta el croquis con la ubicación de los 94 árboles, contemplando ambas fincas, incluso 54 árboles se ubican en la finca 7-59699 con 100% de cobertura boscosa. Además, se adjunta capa de Fonafifo 2000 determinando que el 100% de ambas fincas era bosque.

*El fiscal sostiene que este aspecto es de interés porque no se cumplirían los requisitos legales para justificar adecuadamente la posibilidad de talar bajo la modalidad de inventario forestal (cuya premisa es la no existencia de bosque sino del comúnmente denominado potrero), pese a la determinación de bosque en la capa de Fonafifo 2000.

• 12 de diciembre de 2023:

Campbell Lindo asigna el expediente del trámite al funcionario Salas Rodríguez.

• 16 de enero de 2024:

Salas Rodríguez emite oficio en el que señala inconsistencias en el documento técnico de inventario forestal presentado por la regente contratada por Pacheco Dent.

La fiscalía sostiene que Salas omitió referir que la finca 7-48141 se traslapa en un 20% con la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) y que, además, conocía que la existencia de bosque, humedal y traslape con al ZMT debido a que había realizado una inspección el 11 de enero de 2024.

Entre las inconsistencias advertidas por Salas se señala que se solicitó la corta de 94 árboles y según decreto 38863-MINAE-2014 solo se aprueban 3 árboles por hectárea en el área efectiva de la finca. De modo que al área total se le debe disminuir las áreas de protección y bosque, para la estimación de la cantidad de árboles que se puedan aprovechar por inmueble.

"Pese a ser conocedores (Salas y Camacho) de la limitación legal existente para cortar más de 3 árboles por hectárea 1, posteriormente, mediante la modalidad de certificado de origen, se saltan dicha prohibición, permitiendo la tala de una cantidad mucho mayor de árboles en la misma zona donde ya se había indicado que era legalmente improcedente", reprochó el fiscal.

Salas también advierte que, en sintonía con esto, en el plano L-110409-1993 solo se podría aprovechar o talar un máximo de 9 árboles. Sin embargo, esta área en su mayoría en apariencia corresponde a bosque, por lo que en esta modalidad no se puede tramitar la corta de árboles".

• 26 de febrero de 2024 y cambio de versiones:

Ante las advertencias de Sala, la regente Camacho presenta ante la oficina del Sinac-Aclac 2 gestiones simultáneas e incompatibles entre sí. Presenta la "Respuesta al oficio SINAC-ACLAC-SLT-012-2024, "Inconsistencias documento técnico de inventario forestal, Playa Manzanillo S.A.y 2 minutos después el Certificado de Origen CO-SAF 0203-AMCC de sistema agroforestal para talar 19 árboles ubicados en la finca 7-48141. Específicamente, en el mismo sitio que se había indicado en el inventario forestal presentado en noviembre de 2023, pues se trata de los mismos árboles que se le había indicado no podía talar por el impedimento legal previsto mediante decreto (máximo 3 árboles por hectárea).

"Esta gestión obedece al interés de saltarse la prohibición legal y alcanzar el objetivo de desarrollo urbanístico a toda costa, por lo que se desarrollará más adelante (…) La imputada Camacho Calvo contestó sobre las inconsistencias, cambiando radicalmente la información que había aportado inicialmente en noviembre de 2023, introduciendo no solo datos falsos sino también contradictorios, con la intención de obtener un permiso que a todas luces sabía que era ilegal por la existencia de bosque y humedal", puntualizó el fiscal Hernández.

Camacho dijo adjuntar la constancia de no bosque para la finca 7-48141 alegando "que la misma mantiene una cobertura de pastizales arbolados en toda su extensión" y acotó que esa finca "cuenta con 12,23 ha de superficie, de las cuales 1,5 ha pertenecen a la zona de protección de la quebrada que recorre el lindero oeste de la propiedad, de sur a norte… Por lo tanto, el área efectiva para inventario de potrero de esta finca es de 10,7 ha". Sin embargo, la fiscalía sostiene que la información es falsa y contradice lo señalado en el inventario forestal de noviembre de 2023, cuando la regente manifestó que solo 5,2 has de esa finca eran repastos (42%) y que el 58% restante correspondía a área de bosque (7 ha).

Para el Ministerio Público, Camacho emitió en el lapso de 3 meses 2 criterios "diametralmente opuestos" sobre el tipo de cobertura de la finca de interés.

"Conforme a las reglas de la sana crítica y la experiencia, este cambio no obedece a una modificación verdadera en la cobertura de la finca (pues los peritos confirmaron la existencia de bosque), sino que responde a los intereses económicos del imputado Pacheco Dent, quien requería construir ese camino para poder desarrollar su proyecto urbanístico (residencias y un hotel de playa) y, como ya se había advertido, entre mayor cantidad de bosque existente, menor cantidad de árboles que podían talarse, por ello, convenía manifestar que ya no existían esas 7 hectáreas de bosque que inicialmente se habían reconocido, sin que ahora la totalidad de esa finca era terreno con pastizales", describió el documento de apelación presentado por el fiscal.

Para Hernández, la regente "desapareció" en un período de 3 meses unas 7 hectáreas de bosque de la finca 7-48141 sin justificación o criterio técnico y sin que los funcionarios públicos Salas Rodríguez y Campbell Lindo advirtieran una situación irregular e impidieran el aprovechamiento del terreno con bosque.

Incluso, el fiscal señaló que en la gestión de noviembre de 2023 Camacho no aportó constancia de no bosque en relación con la finca 7-59699 "porque está totalmente cubierta por bosque". Para el funcionario, de esta manera se recomendó y se autorizó una tala bajo la modalidad de inventario forestal, lo cual sería ilegal.

En febrero, la regente señaló que una imagen Google Earth demostraba que la finca correspondía a potreros arbolados y que era la única disponible. Sin embargo, según la fiscalía, obvió el mapa de Fonafifo 2005 (donde se señala que era bosque) y otras herramientas disponibles.

De paso, reprocha el fiscal Hernández, Camacho se limitó a indicar que eso fue lo manifestado por los propietarios sin ningún sustento técnico, más que la versión dada por los interesados en la tala, quienes refieren que la cobertura boscosa se mantiene como potrero desde hace 20 años. "Es decir, desde el 2004, posterior a la imagen de Fonafifo 2000, lo que determina que realizaron cambio de uso de suelo".

En la apelación sobre el rechazo a las medidas cautelares, el funcionario enfatizó en que el actuar de Camacho habría sido doloso y que "no obedeció a un criterio profesional, sino que deliberadamente habría manipulado información y datos plasmados en los documentos para lograr el objetivo de talar la mayor cantidad de árboles posible para la construcción del camino en la propiedad.

El 17 de abril de 2024, mediante oficio firmado por Campbell Lindo, se aprobaron los permisos de aprovechamiento forestal para cortar los 29 árboles.

De momento, está pendiente la fijación de la audiencia donde se resolverá la petición de la fiscalía para imponer medidas cautelares (sin prisión preventiva) a los imputados.