Fiscalía: diputada Nájera supo de estructura paralela y recibió pagos en campaña

La Fiscalía General sostiene que Paola Nájera Abarca, actual diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) por la provincia de Cartago, tuvo conocimiento de la existencia de una estructura paralela de financiamiento irregular durante la campaña de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República. Sin embargo, apunta a que no lo denunció ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ni ante al Ministerio Público, pues se benefició de los fondos gestionados bajo esa figura en la campaña electoral de 2022.

¿Por qué Nájera figura entre los 7 miembros de los Supremos Poderes acusados por presuntos delitos electorales? La Fiscalía General apunta a que Nájera Abarca formó parte del comité ejecutivo del PPSD durante la contienda electoral y que fue secretaria propietaria de dicho comité, entre julio y octubre de 2021.

La Fiscalía General detalla que la hoy diputada, en ese lapso, conoció y no denunció ante las autoridades competentes las contribuciones recibidas por la agrupación política a través del fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por la empresa ATA Trust Company, representada por Arnoldo André Tinoco, actual canciller de la República y financista de campaña de Chaves.

Nájera se vinculó al PPSD el 5 de octubre de 2020. A partir de diciembre de ese año, con un plan de coalición entre el partido y el grupo afín a Chaves, participó en reuniones para una eventual coalición partidaria. Incluso, el 6 de febrero de 2021, estuvo en una actividad organizada por el actual mandatario en el hotel Radisson, en San José. En la reunión también estuvo Luz Mary Alpízar, fundadora y presidenta del PPSD, actual diputada por la provincia de Alajuela, quien fue acusada por la Fiscalía General.

Durante la campaña, la diputada conformó la comisión para construir el plan de gobierno y la comisión política. Pese a que la coalición no logró integrar a miembros de otros partidos, Nájera se mantuvo cercana a la campaña de Chaves y a partir del 4 de julio de 2021 participó en sesiones del Comité Ejecutivo Nacional del PPSD en condición de secretaria general propietaria.

¿Sabía Nájera de la existencia de una estructura paralela de financiamiento? La Fiscalía General citó que la casa de campaña de Chaves (llamada casa Progreso), ubicada en Barrio La California, en San José, fue avalada por el Comité Ejecutivo Superior y las autoridades correspondientes para ser sede del PPSD. Desde ahí, se realizó la campaña de Chaves y el alquiler del inmueble se pagó con fondos provenientes de donaciones recaudadas, presuntamente de manera ilegal, por el fideicomiso Costa Rica Próspera.

Según la acusación, Nájera sabía de esta situación al estar nombrada secretaria general propietaria del Comité Ejecutivo Nacional del PPSD y, además, trabajó en la casa de campaña como directora de comunicación.

Una testigo entrevistada por la Fiscalía General, quien formó parte de la campaña de Chaves, confirmó que Nájera conocía de la existencia del fideicomiso y detalló que en casa Progreso la actual diputada estaba con frecuencia y que en las reuniones en el inmueble también participó Luz Mary Alpízar, actual diputada, quien es la fundadora y la presidenta del PPSD.

Así las cosas, a los ojos del Ministerio Público, Nájera y Alpízar sabían que dicha casa (pagada con dinero proveniente del fideicomiso Costa Rica Próspera) estaba vinculada con la campaña presidencial de Chaves por el PPSD.

Por ejemplo, el 14 de agosto de 2021, como secretaria general propietaria, Nájera acordó que el día 25 de agosto de 2021 se haría un taller de “principios partidarios” dentro de ese inmueble.

Según la Fiscalía, entre julio y agosto de 2021, Nájera trabajó como directora de comunicación para la campaña de Chaves. Dicha labor le fue pagada con honorarios provenientes del fideicomiso Costa Rica Próspera. En total, entre el 19 de julio y el 16 de agosto de 2021, Nájera recibió un pago total de $2.881 dólares (aproximadamente ¢1.4 millones, al tipo de cambio vigente el 25 de junio de 2025).

El 19 de agosto de 2021, Nájera Abarca, como secretaria general del PPSD, presentó al TSE el acta de la asamblea nacional del partido y en ese documento consta que ese día el entonces candidato Chaves Robles se refirió al fideicomiso Costa Rica Próspera, advirtiendo la existencia de cuestionamientos en torno a esa figura.

En esa misma asamblea fueron aprobadas las candidaturas a diputados y Nájera fue electa como aspirante por el primer lugar por la provincia de Cartago. Incluso, previo a esta decisión, el comando de campaña le comunicó a la agencia publicitaria Madison Revolution S.A. (pagada también con recursos del fideicomiso Costa Rica Próspera) el listado de los aspirantes a diputados (incluida Nájera).

Para la Fiscalía General, Nájera Abarca conocía que el PPSD se beneficiaba de las contribuciones, donaciones y aportes del fideicomiso Costa Rica Próspera, en contraposición a lo dispuesto en el Código Electoral.

Tuvo conocimiento, pues la acusación detalla que la actual diputada recibió pagos de honorarios por parte del fiduciario ATA Trust por el trabajo realizado durante la campaña presidencial de Chaves Robles.

Según la fiscalía, Nájera tenía conocimiento de que los fondos recaudados y gestionados por el fideicomiso no provenían de las contribuciones legales recibidas en cuentas del PPSD y que estas no fueron reportadas.

Así las cosas, insistió la Fiscalía General, como secretaria general del comité ejecutivo superior del partido, ni desde el nombramiento a partir del 4 de julio de 2021, ni desde su acreditación ante el TSE el 27 de agosto de 2021, denunció ante las autoridades competentes la existencia del fideicomiso "Costa Rica Próspera” y de las contribuciones, donaciones y aportes ilegales de los que se benefició el partido durante la campaña electoral.

La Fiscalía General acusó a Nájera Abarca por la comisión del ilícito regulado en el numeral 275 inciso a) del Código Electoral, el cual detalla lo siguiente:

La pena será de prisión de 2 a 6 años para:

1. El o la miembro del comité ejecutivo superior del partido, que tenga conocimiento de contribuciones, donaciones o aportes contraviniendo las normas establecidas en este Código, en dinero o en especie, y no lo denuncie ante las autoridades competentes.

El lunes 23 de junio, a través de un video publicado en las redes sociales oficiales, la diputada Nájera indicó que para entonces no había recibido el traslado de cargos y desconocía lo señalado en la acusación.

“Soy muy respetuosa de la justicia. De todo el proceso que se ha llevado y se llevará a cargo”. Estoy en toda la disposición de colaborar, de la manera más transparente, como el día de hoy lo he hecho”, expuso.

La acusación también incluye al presidente Chaves, a Pilar Cisneros Gallo, diputada y jefa de fracción del PPSD; a Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República; a Arnoldo André Tinoco, canciller; a Luz Mary Alpízar Loaiza, diputada y presidenta del PPSD y a Julio “Waldo” Agüero Sanabria, diputado del PPSD.

Según la investigación que arrancó en 2022, año en que Chaves asumió como mandatario, entre 2021 y 2022, en el marco de la campaña electoral, se habrían utilizado 2 estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del PPSD, en el período electoral 2022-2026.

Dichas estructuras identificadas fueron el fideicomiso Costa Rica Próspera y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, junto a otros imputados, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).

Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la tesorería del PPSD, tal como exige el Código Electoral. “Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”, citó la entidad.

El Código Electoral señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.