Fiscalía desmonta 5 falsedades dichas sobre el caso “Barrenador”

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) investiga a Marta Eugenia Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y a otros 7 altos mandos de la entidad por presuntos delitos de tráfico de influencia e influencia contra la Hacienda Pública en la contratación de 5 cooperativas para la administración por 10 años de 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebais) en 10 áreas de salud.

La Fapta y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apuntan a que la cúpula de la CCSS habría contratado a las cooperativas en detrimento de otra licitación que estaba en curso desde 2021. Con esta decisión, según señalan, se concretaron contrataciones que generarían sobreprecios de hasta ₡12.400 millones anuales.

Tras allanamientos y detenciones por este caso, el Poder Ejecutivo lanzó numerosos descalificativos contra el actuar del Ministerio Público y de la policía judicial. Rodrigo Chaves, presidente de la República, y Laura Fernández, ministra de la Presidencia, acusaron "abuso de poder" y de crear un "show" con la investigación. No obstante, desde la Fiscalía General refutan con sustento este tipo de aseveraciones.

"Han surgido una serie de personas que con una grosera ignorancia o un populismo desmedido han pretendido desinformar a la población costarricense en general. Cuando uno ve eso, no me queda más que pensar que por dicha este país está lleno de gente educada y la gente educada comprende qué es la institucionalidad", citó Boraschi este 30 de setiembre, durante el programa radial semanal del Ministerio Público.

El funcionario subrayó que el Poder Judicial, con el Ministerio Público incluido, está llamado a velar por el cumplimiento del marco jurídico. Además, reiteró que están llamados a ejercer la acción penal en casos donde existan posibles delitos.

En este caso en concreto, Boraschi apuntó que un juez de garantías autorizó los allanamientos para la recolección de prueba clave para la investigación y que hubo 2 denuncias previas que sustentaron la apertura de la causa penal: una de la Auditoría Interna de la CCSS y una relación de hechos preparada por la Contraloría General de la República (CGR), las cuales advirtieron posibles anomalías en los procesos de licitación.

"El tema se ha manejado con grosera ignorancia. Yo supongo que adrede porque el Artículo 289 del Código Procesal Penal es muy claro en que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar y tiene la obligación de impedir que se produzcan consecuencias ulteriores a la denuncia de ese delito y promoverá la investigación para determinar las circunstancias del hecho, los autores o partícipes", citó Boraschi.

El funcionario enfatizó en que "en este caso en concreto se detuvieron a imputados para evitar la obstaculización del proceso o la pérdida de prueba relevante". Por eso, puso como ejemplo la eliminación de 300 correos electrónicos de la cuenta de uno de los imputados en la causa justo cuando se realizaba la audiencia para la solicitud de medidas cautelares.

"No podemos actuar para ver qué piensa el Poder Ejecutivo de lo que hacemos. Nosotros le debemos obediencia a la ley y este tipo de actuaciones, tratando de descalificar lo que hacemos, lo que pretenden es generar cortinas de humo detrás del principio de separación de poderes o hacerle una confusión a la gente respecto a lo que puede, o no puede hacer una institución", citó el funcionario.

5 premisas falsas sobre el caso

• Falsedad: "Se detuvo para luego investigar".

Respuesta de Boraschi:

"No, precisamente ante el desarrollo que llevaba la investigación se hizo necesario, primero, parar los efectos del delito. Es precisamente el 30 de setiembre que empezaban a regir los contratos que estaban siendo investigados y cuestionados. Necesitábamos recuperar prueba, necesitábamos frenar las consecuencias ulteriores del delito como nos lo exige el Código Procesal Penal y necesitábamos ya ejercer una serie de acciones tendientes a recuperar prueba y frenar actuaciones que pusieran aún más en riesgo la Hacienda Pública"

• Falsedad: La Fiscalía pudo haber citado en lugar de detener a los imputados.

Respuesta de Boraschi:

"Es una opción que está presente en todas las investigaciones del Ministerio Público, pero es con base en esa potestad que tenemos de detención y de las necesidades probatorias, en este caso las necesidades de ir a buscar prueba específica que está en el ámbito de intimidad de los imputados, como pueden ser sus computadoras, documentos teléfonos celulares, que se tomó la decisión de detener. Cuando yo llamo a una persona a mi despacho y que se presente a rendir una declaración indagatoria, diay la primera obvia es por qué y aquí el porqué es más que obvio".

• Falsedad: "La licitación de los Ebais no está en firme".

Respuesta de Boraschi:

"Eso es una mentira. Ya inclusive con documentos técnicos, emitidos por órganos técnicos, no solo de la CCSS, sino de la CGR, ha dicho que solo 1 de las 10 líneas no está en firme. Las demás están en firme. Tanto así que desde que se rinden las garantías de parte de las empresas que están participando de esas contrataciones se generan expectativas de derecho que pueden ser reclamadas ante los Tribunales de Justicia. Es decir, el daño a la Hacienda Pública está hecho. No hace falta nada"

• Falsedad: "No se ha pagado un 5 y por eso no hay delito".

Respuesta de Boraschi:

"Claro, ese es un argumento que han venido utilizando. Sin embargo, el solo hecho de tomar acciones que pongan en riesgo la Hacienda Pública sin que ese resultado llegue a darse, sin que se haya depositado 1 solo colón o cobrado 1 solo colón, el solo hecho de tomar esas acciones contra la Hacienda Pública con sobreprecios que van desde un 33% a un 67%, eso consuma para efectos de los delitos investigados el delito como tal. No estábamos esperando que se erogara un solo centavo para que existiera la posibilidad de la comisión de los 2 delitos investigados: tráfico de influencias e influencia contra la Hacienda Pública.

• Falsedad: "Si la junta directiva de la CCSS no avalaba, aun con sobreprecio, los usuarios de 10 Ebais se iban a quedar sin el servicio".

Respuesta de Boraschi:

"Eso no es cierto. Ya las mismas instituciones u órganos de la CCSS lo han dicho. Además, quiero ser muy franco en esto: ese es un problema de la junta directiva de la CCSS y ellos tuvieron 2 años para resolverlo. Echaron por la borda una licitación que tramitaron casi estos 2 años para terminar en esta contratación que está siendo objeto de la investigación penal. Es decir, tenían que dar una respuesta y precipitaron las acciones, las hicieron a su manera y eso es lo que nos tiene acá".

Las adjudicaciones contemplan los servicios de administración de 138 Ebais existentes en 10 áreas de salud: Pavas, Desamparados 2, Santa Ana, Escazú, San Francisco-San Antonio, San Pablo, Barva, Tibás, La Carpio-León XIII, y San Sebastián-Paso Ancho.

La Fiscalía sostiene que los imputados en el caso anularon el procedimiento de compra que estaba listo para ser publicado y en su lugar instruyeron uno nuevo en el cual habrían ejercido control y, prevaleciéndose de sus cargos, influyeron sobre otros funcionarios para modificar el pliego de condiciones de acuerdo con los intereses de las cooperativas.

Las autoridades judiciales también apuntan que miembros de la junta directiva sostuvieron reuniones con los oferentes, lo cual pudo haber generado una ventaja indebida a estos.

También, se investiga sobre el plazo de contratación del servicio adjudicado, puesto que la Ley de Contratación Pública dispone de un período ordinario que no puede superar los cuatro años. Sin embargo, este se confirió por 10 años.

Entre los detenidos en los allanamientos realizados el pasado 23 de setiembre, además de la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel Rodríguez, figuran: María de los Ángeles Gutiérrez, gerente general interina; Johnny Gómez y Zeirith Rojas, representantes de los patronos en la junta directiva; Jorge Porras y María Isabel Camareno, representantes de los sindicatos; Roberto Quirós y Jorge Araya. Todos formaron parte de las juntas directivas que intervinieron en la adjudicación.

Todos fueron puestos a las órdenes de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) para ser indagados y luego, tras quedar en libertad, enfrentaron en la última semana la audiencia de solicitud de medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda del II Circuito Judicial de San José.

Las cooperativas adjudicadas fueron Coopesana, Coopesalud, Coopesiba, Coopesaín y Asemeco.