Fiscalía de Nueva York indagó a Tradeco previo a presiones de Chaves para contratarlos

La Oficina del Fiscal de Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York abrió una investigación en 2019 para determinar si sociedades vinculadas a la constructora mexicana Tradeco mantenían nexos con una red de narcotráfico hondureña.

Se trata del grupo en el que operaban el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado y su hermano Juan Antonio Hernández Alvarado, conocido como "Tony", quien además fue diputado de Lempira.

El 25 de febrero de ese mismo año, esa oficina notificó a la Fiscalía de Honduras que tenía un proceso en curso contra "Tony" Hernández "por su participación en una asociación delictiva de tráfico de drogas y otros delitos relacionados con el uso de armas de fuego".

Mediante el documento DOJ: CRM-182-67011, al que tuvo acceso CR Hoy, la Oficina de Asuntos Internacionales de la División Criminal del Departamento de Justicia de EE. UU. pidió apoyo a las autoridades hondureñas.

El objetivo era obtener información sobre actas constitutivas de sociedades ligadas a Hernández, contratos públicos, registros de viaje, licencias de armas, antecedentes de incidentes criminales entre 2008 y 2018, domicilios en Tegucigalpa y cuentas bancarias.

"La investigación de los EE. UU. ha revelado que Hernández Alvarado estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de cargamentos de múltiples toneladas de cocaína que llegaron a Honduras por medio de aviones, embarcaciones rápidas y, por lo menos en una ocasión, un submarino, desde el 2004 o alrededor de esa fecha, hasta el 2016 o alrededor de esa fecha. Hernández Alvarado tuvo acceso a laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los cuales parte de la cocaína fue marcada con el símbolo 'TH', es decir, 'Tony Hernández'. Hernández Alvarado también coordinó y en ocasiones participó proporcionando fuerzas de seguridad fuertemente armadas para el transporte de cargamentos de cocaína dentro de Honduras, incluyendo integrantes de la Policía Nacional de Honduras y traficantes de drogas afinados con, entre otras, las ametralladoras".

El escrito también detalla la relación de "Tony" Hernández con la organización criminal Los Cachiros. En 2014, una reunión grabada en audio y video mostró cómo aceptó ayudar a Devis Leonel Rivera Maradiaga, exlíder del grupo, a cambio de sobornos por unos $50 000 para lograr que el Gobierno hondureño pagara deudas pendientes a compañías fachada vinculadas con lavado de dinero.

Nexos con Tradeco

El vínculo con Tradeco salió a la luz tras la detención de "Tony" Hernández el 23 de noviembre de 2018, cuando intentó aterrizar en Miami con ocho armas en su poder, luego de salir de Honduras y pasar por Houston.

Durante su declaración, el político confesó que parte del objetivo del viaje era reunirse con Carlos González Macías, entonces directivo de la constructora mexicana.

"(…) admitió, en parte, que había viajado a Houston para reunirse con González Macías después de una o más reuniones previas en México, (ii) González Macías estaba involucrado en ‘tratos' en México y Honduras, (iii) González Macías tenía una compañía llamada Tradeco que él deseaba utilizar para ‘invertir' en Honduras, y (iv) Hernández Alvarado había platicado sobre presentar a González Macías o un asociado a un ministro en Honduras que pudiera facilitar un trato".

Uno de los teléfonos decomisados a Hernández contenía documentos sobre transacciones comerciales relacionadas con Sociedad Mercantil Tradeco de México (también citada como Tradeco) y con Profesionales de la Construcción S.A. de C.V., además de cheques emitidos por Hamada Latin American Armored Rentals S.A. a la empresa J y V Hernández S. de R.L.

Ese mismo día, también fue arrestado Marlon Fabrizio Pacheco Morales, presunto colaborador de "Tony", quien declaró haber escuchado rumores sobre sus actividades de narcotráfico.

Agregó que en Houston se reunieron con Theo Franz Uclés Castillo, vinculado a un sujeto detenido en EE. UU. por lavado de dinero, aunque la causa luego se desestimó.

Este sujeto era el apoderado legal de una de las sociedades de Tradeco en Honduras y pasó por Costa Rica para evitar controles más estrictos al verse acorralado por este caso.

"De acuerdo a registros de viaje, Uclés Castillo tenía planeado salir de los Estados Unidos en un vuelo comercial desde el Aeropuerto Internacional de Miami la semana del 26 de noviembre de 2018, o alrededor de esa fecha. Uclés Castillo no abordó el vuelo, sin embargo, parece haber salido de los Estados Unidos de una manera que le permitió evitar contacto con personal del orden público y aduanas. Parece haber viajado en vuelos comerciales a través de Costa Rica, Honduras y Panamá el 11 de diciembre de 2018, o alrededor de esa fecha"

En el cateo al teléfono de Pacheco, las autoridades hallaron contactos de Honduras, México y Colombia, entre ellos uno guardado como "Carlos México", que resultó ser el número del vicepresidente de Tradeco.

Pacheco relató que González Macías era dueño de una empresa mexicana a la que el gobierno hondureño debía dinero por obras viales y que, el 22 de noviembre de 2018, participó junto a "Tony" Hernández en una reunión con él.

"De acuerdo a registros telefónicos, González Macías había estado en contacto previamente con un individuo que se cree está involucrado en actividades de distribución de cocaína en Houston, Texas y Atlanta, Georgia", señala el documento oficial.

Registros bancarios obtenidos por las autoridades estadounidenses vinculan a González Macías con las siguientes compañías:

• Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V.
• Tradeco Ingeniería, S.A. de C.V.
• Tradeco Infrastructure, Inc.
• Itecsa, LLC.
• Advantix Payroll, LLC.
• Cometa USA, Inc.
• Ledergy LLC.

Advertencia de Amador

Pese a que estos cuestionamientos eran públicos desde 2019, el presidente Rodrigo Chaves Robles —según el testimonio del exministro Luis Amador—, entre 2022 y 2023 presionó a varios entes decisores para otorgar a Tradeco el contrato de ampliación de la ruta Barranca-Limonal.

Por este motivo, la Fiscalía General abrió una causa penal en su contra por el presunto delito de prevaricato, tramitada bajo el expediente 23-000008-1878-PE. Este delito, tipificado en el artículo 357 del Código Penal de Costa Rica, castiga con penas de dos a seis años de prisión a los funcionarios que dicten resoluciones contrarias a la ley o basadas en hechos falsos.

En su declaración del 11 de junio, Amador señaló que, a finales de 2022, Chaves exigió que Tradeco se quedara con ese contrato:

"(…) lo malo fue cuando el presidente empieza a preguntar cómo se hace la cesión y si se tenía que hacer una nueva contratación, entonces se le dice que la cesión es entre privados, es una cesión de contrato de una empresa privada a otra, siempre y cuando hubieses aprobación del BID".

El exjerarca explicó que, durante ese periodo, distintos interesados visitaron Casa Presidencial para reunirse con Chaves y con él. Entre los oferentes figuraba la constructora mexicana, cuyo nombre volvió a surgir en la investigación judicial.

El actual vicepresidente de Tradeco, Yves Loustalot Laclette, figura también en el expediente por una presunta relación con Chaves dentro del proceso que indaga las presiones para beneficiar a la empresa.

Desde el 23 de octubre, CR Hoy solicitó una entrevista con representantes de Tradeco en Costa Rica y directivos en México para conocer su posición sobre estos señalamientos y la mención de Loustalot en el expediente. También se envió una serie de consultas a Andrea Beirute, quien se identificó como contacto de la compañía al enviar un comunicado de prensa en el que indicaban que no existía ningún proceso legal que involucrara a la compañía.