Fiscalía de Género necesita más personal; Gobierno bloquea recursos, denuncia diputada
La diputada liberacionista y presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Paulina Ramírez, cuestionó "el empecinamiento del Ministerio de Hacienda" por negarle recursos a la Fiscalía Adjunta de Género y acusó al Gobierno de debilitar la atención de la violencia contra las mujeres y los delitos sexuales en perjuicio de menores de edad.
"No podemos normalizar que la violencia siga marcando la vida de tantas mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país. Cada expediente en la Fiscalía Adjunta de Género representa una historia de dolor que pudo haberse evitado. Callar o negar recursos es, en la práctica, darle la espalda a esas víctimas", advirtió la congresista, al reclamar que la Fiscalía requiere 53 plazas nuevas, mientras que el Ejecutivo se niega a girar fondos para más personal.
Ramírez alertó que "la carga de trabajo es asfixiante. En promedio, cada fiscal maneja alrededor de 236 expedientes a la vez, pero hay despachos en los que un solo fiscal enfrenta entre 500 y hasta 800 casos.
"¿Cómo garantizar acceso a la justicia pronta y cumplida con semejante presión? Hablamos de maltratos, abusos, relaciones impropias, violaciones y femicidios. No son casos aislados; en la mayoría, el agresor es alguien cercano: un padrastro, un vecino, un compañero de trabajo o la propia pareja", añadió.
Recordó que el año pasado, cuando se asignaron apenas 10 plazas adicionales pero temporales, se lograron resolver más de 5.370 causas, reduciendo el rezago en un 54 %. "Ese dato lo demuestra: cuando hay más personal, se salvan más vidas y se reduce la impunidad. Lamentablemente, hoy esas 10 plazas ya no existen en la Fiscalía de Género", dijo.
Para 2025, la Asamblea Legislativa aprobó ¢2.332,9 millones con la finalidad de crear 75 plazas para reforzar el trabajo de esta Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda solo había girado, al mes de abril, ¢748,8 millones, lo que permitió la contratación de 22 nuevos funcionarios.
Ramírez explicó que para 2026 se requieren al menos 53 plazas nuevas: cinco fiscales adjuntos, cuatro profesionales, siete fiscales auxiliares, 14 técnicos judiciales y 23 fiscales. Indicó que la inversión asciende a ¢1.584,1 millones, lo que representa apenas un 0,01 % del presupuesto nacional. "Es fácil concluir que, con pocos recursos, pero administrados con eficiencia, se puede transformar la atención de miles de víctimas en el país", sostuvo.
En 2024 ingresaron 32.689 denuncias a nivel nacional:
Por maltrato: 6.538 casos.
Por abuso sexual a menores: 4.248 casos.
Por relaciones sexuales con personas menores de edad: 2.648 casos.
Además, se registraron 80 homicidios de mujeres, de los cuales 29 fueron femicidios reconocidos oficialmente.