Fiscalía: candidato a diputado del PUSC ya es imputado en caso Richter
Actual regidor tenía rol de enlace entre legislador Leslye Bojorges y grupo criminal investigado por lavado, según el expediente.
PUSC – Jorge Arturo Campos Araya y el diputado Leslye Bojorges León
La Fiscalía General de la República confirmó que Jorge Arturo Campos Araya, ratificado como candidato a diputado por Alajuela para el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), ya figura como imputado en el caso Richter.
El actual regidor de la Municipalidad de Alajuela antes solo aparecía como objeto de investigación en el expediente 24-000059-0033-PE, pero ahora se suma como el sexto imputado.
Los otros cinco son Leslye Bojorges León, diputado del PUSC; María Gabriela Jiménez Corrales, alcaldesa de San Ramón; Lourdes Sáurez Barboza, exdirectora de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP) y hoy presidenta del AyA; Marlen Luna Alfaro, expresidenta de Migración y actual jerarca del IFAM; y Carlos Ávila Arquín, viceministro de Transportes.
La causa penal persigue los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
El Ministerio Público destacó que de los seis imputados, únicamente a Campos no se le decomisó el teléfono. Los demás celulares no han sido revisados porque se está a la espera de la autorización judicial para la apertura.
De momento ninguno de los seis imputados ha sido indagado ni existe audiencia programada en el corto plazo.
Aspirante a diputado y supuestas ilegalidades
Campos Araya es señalado en el expediente como enlace entre Bojorges y otras personas que presuntamente participaron en el engranaje de favores irregulares impulsados por el legislador.
La documentación judicial sostiene que sobre Campos "hay indicadores claros de ilegalidad en su modo de actuar que han sido expuestos en los informes y al considerarse personas de enlace o puente entre el diputado y otras personas para cometer actos que trasgreden los deberes de la Función Pública".
El expediente lo perfila como persona de confianza del legislador y lo vincula en llamadas con Jonathan Herrera González, empresario autobusero investigado por lavado de dinero en el caso Madre Patria (22-005018-0042-PE).
En esas comunicaciones se evidencia la cercanía entre los investigados y cómo solicitaban apoyos en medio de la campaña política en la que Campos Araya aspiraba a la alcaldía de Alajuela, aunque finalmente solo alcanzó el cargo de regidor.
(…) Arturo le pregunta que si está en comunicación directa con Leslye, el mae lo está ayudando o lo está abandonando. Jonathan le contesta que "el mae me está ayudando". Arturo le dice que la idea "es que nos ayudemos entre los dos". Jonathan le pregunta que si puede sacar un ratito el sábado en la mañana y venir, él le da los locales, para que escoja cuál quiere, hay un local muy grande que él (Arturo) puede poner una vara de operaciones… (…)
La investigación reveló que entre el 19 y el 24 de octubre de 2023, Bojorges sostuvo reuniones con el presunto líder del caso Madre Patria, el español Fernando Gómez González, y con Herrera, para coordinar supuestamente el pago de retribuciones económicas a favor del diputado, provenientes del grupo criminal.
El documento indica que Bojorges aprovechó su cargo para ejecutar actos contrarios al deber de probidad en beneficio de Gómez y Herrera, ambos ligados a la compañía de autobuses.
"Lo anterior, previa intermediación de Jorge Arturo Campos Araya, quien puso en contacto a Jonathan Herrera González con el investigado Leslye Rubén Bojorges León, bajo la intención de que esté último beneficiara a la organización en temas relacionados con la explotación y funcionamiento de rutas de transporte público, donde justamente las empresas autobuseras de Fernando Gómez González ofrecían servicios de transporte o tenían la finalidad de hacerlo".
Beneficios en campaña electoral
A Campos, ahora candidato del PUSC, también se le atribuyen acciones en conjunto con Bojorges y la actual alcaldesa de San Ramón, María Gabriela Jiménez Corrales —quien recientemente se apartó del PUSC para adherirse a Rodrigo Chaves Robles—, con el fin de obtener beneficios indebidos para terceros.
El informe lo vincula además con reuniones junto a Lourdes Sáurez Barboza, entonces directora de Infraestructura del MEP, imputada en esta causa por encuentros clandestinos con Bojorges en su despacho, burlando los controles de seguridad.
Sáurez, pese a la investigación en su contra, fue designada por Chaves hace menos de dos meses como presidenta ejecutiva del AyA.
Según el informe 01-IP-OECDO-2024, las comunicaciones captadas reflejan que miembros del caso Madre Patria buscaban incluir de forma irregular a personas de confianza en temas políticos. Además, señalan que el diputado favorecía los intereses de la organización criminal, aprovechando su investidura y recibiendo ventajas económicas en efectivo.
