Fiscalía: Batalla metió abusivamente a MECO en reunión oficial antes de definir modificación de contrato

Mauricio Batalla Otárola, en su condición de ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), incorporó de manera abusiva a José Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de Constructora MECO S.A., en una reunión oficial el 21 de junio del 2024.

El encuentro se realizó antes de aprobarse la modificación del contrato, en setiembre del mismo año, para remodelar la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), ajuste que terminó beneficiando a dicha empresa, según la investigación del caso Pista Oscura.

Así lo describe la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) en la orden de allanamiento que fue avalada por el Juzgado Penal de Hacienda para que se ejecutaran las diligencias judiciales el martes.

El expediente judicial 24-000454-1218-PE investiga supuestas irregularidades cometidas en dos etapas, que se relacionan con la adjudicación de un contrato por casi $40 millones que se le otorgó a MECO. La causa indaga la posible comisión de los delitos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Por este caso detuvieron el martes a Batalla Otárola, al director de Aviación Civil, Marcos Castillo Masís; al jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la Comisión Nacional de Emergencias, Henry Villalobos Solís y Alejandro Picado Eduarte, presidente de esa misma institución.

La causa se relaciona con la adjudicación de un contrato para que esa empresa asumiera la reparación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós (AIDOQ), bajo el argumento de que presentaba daños provocados por el paso de tres tormentas tropicales. No obstante, informes técnicos previos descartaron que ese fuera el origen de la afectación estructural.

Dos etapas

La primera etapa en la que presuntamente se cometieron ilícitos fue durante las gestiones previas a la firma del decreto de emergencia, que incluyó a Liberia como uno de los cantones afectados por dos ondas tropicales y la tormenta Bonnie.

Esto se logró gracias a la intervención de Alejandro Picado Eduarte, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), quien, según la investigación, consiguió la gestión utilizando datos falsos en los informes.

Al incorporar a Liberia en dicha lista, se incluyó al aeropuerto guanacasteco como una de las infraestructuras supuestamente dañadas por los embates naturales, lo que permitió destinar un millonario monto para remodelar la pista de aterrizaje mediante un procedimiento de contratación por excepción.

No obstante, estudios técnicos confirmaron que los daños en la pista existían desde antes de las tormentas, por lo que no podía incluirse la terminal aérea entre las obras a ejecutar. Aun así, el presidente Rodrigo Chaves y la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana, firmaron el decreto de emergencia que autorizó el giro de esos fondos.

Con ello, se evitó la fiscalización previa de la Contraloría General de la República (CGR).

Por su participación en esta etapa se investiga a Chaves, Díaz y al exministro del MOPT, Luis Amador.

A pesar de lo anterior, Mauricio Batalla impulsó una modificación al contrato para que MECO continuara con las obras y pudiera cobrar la totalidad del monto acordado, sin recibir sanciones por los incumplimientos detectados.

La segunda etapa fue la modificación del contrato, para supuestamente favorecer a MECO, empresa que propuso una ingeniería de valor, en medio de cuestionamientos por incumplimiento con la calida de las obras que se estaban haciendo.

La orden de allanamiento confirma que en la reunión en la que Batalla incorporó a Sanchéz, también participaron Marco Castillo Masís, director de Aviación Civil y Henry Villalobos Solís, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); así como los funcionarios públicos Alexander Sánchez Mora, Sylvia Vanessa Jiménez Cascante, Fabián Brenes Arce y David Rojas Alfaro, funcionarios de la Unidad Ejecutora a cargo del proyecto.

En ese encuentro, según detalla el documento, Batalla recibió una explicación técnica por parte de la Unidad Ejecutora sobre los incumplimientos de MECO. Se le informó sobre deficiencias en el desempeño del asfalto colocado en la pista, las retenciones de pago aplicadas debido a la calidad del material, y la suspensión unilateral de la obra por parte de la empresa.

No obstante, el entonces ministro restó importancia a las advertencias e indicó que el proyecto no podía paralizarse. Además, presionó a los funcionarios para que valoraran cualquier propuesta de “ingeniería de valor” presentada por el contratista, invocando el principio de “valor por dinero”, según consta en el documento judicial.

Ese mismo día, fue cuando Batalla introdujo a Sánchez Zumbado en la reunión oficial previo a que se conociera la aprobación de la modificación del contrato para que MECO mantuviera las obras en el aeropuerto de Liberia.

"Batalla Otárola, prevaleciéndose de su cargo e influencia jerárquica como Ministro de Obras Públicas y Transportes, en forma abusiva al tratarse de una reunión técnica y de carácter interno de los encargados del proyecto, continuó dirigiendo el ilícito proceso de modificación contractual al incluir de inmediato en la reunión al imputado José Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de la empresa Constructora MECO S.A. y le habló de la apertura que tenía la administración para valorar la propuesta de ingeniería de valor", menciona el texto judicial.

Según la Fiscalía, Sánchez influyó al referir que la propuesta nacía de la situación meteorológica y de que no se tenían registros de intervenciones en aeropuertos internacionales de la magnitud contratada.

También reconoció que tuvieron problemas con el grado de desempeño del ligante asfáltico que el contrato establecía colocar y que determinaron visualmente, sin haber practicado ensayos de laboratorio, que el material de la base y subbase del pavimento se encontraba en buenas condiciones.

Basados en eso, sugirieron que la administración no debería perder dinero interviniendo esa sección de la estructura de pavimento.

Esta es una de las acciones que la Fiscalía califica como acciones delictivas impulsadas por Batalla para favorecer la modificación del contrato y favorecer a MECO, sin importar las valoraciones técnicas emitidas por los expertos de la Unidad Ejecutora.

MECO: no fue una opción discrecional

La Constructora MECO defendió el accionar de sus personeros aduciendo que la ingeniería de valor ejecutada no fue una opción discrecional ni una medida arbitraria, sino una facultad y obligación legal que tenían como contratistas.

"MECO identificó que el diseño original realizado por la Administración contenía un sobredimensionamiento técnico innecesario, específicamente en la propuesta de intervenir las capas estructurales de la pista que, según estudios técnicos, se encontraban en condiciones estructurales adecuadas.

La propuesta de ingeniería de valor surge precisamente de ese hallazgo: los ingenieros de la Administración habían contemplado una intervención sobredimensionada (incluyendo la base y subbase), cuando en realidad dichas capas presentaban propiedades físico-mecánicas plenamente competentes, como fue confirmado por estudios técnicos independientes, incluyendo informes de la verificadora de calidad de la Administración y del experto internacional en pavimentos aeroportuarios contratado por la propia Administración a través de COCESNA", detallaron.

Con ello, sostienen que cumplieron con el deber técnico y legal al proponer una alternativa racional, eficiente y avalada por terceros expertos, con la cual, indican, el Estado se ahorró ¢4.000 millones, en comparación con el diseño original de la Administración.