La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada (FAEDO) apeló la decisión del Juzgado Penal de Limón que permitió la liberación de dos trabajadores de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), sospechosos en el caso Petro Coke, el cual permitió desmantelar una red de robo de combustible que, en apariencia, era dirigida por el empresario caribeño Gilbert Bell Fernández, alias Macho Coca.

A finales de la semana pasada, un juez ordenó un cambio en las medidas cautelares en lugar de prisión preventiva, autorizó que los dos funcionarios —de apellidos Méndez Contreras y Arrieta Reyes— salieran de la cárcel.

En su lugar, se impusieron otras restricciones, como firmar semanalmente, la prohibición de salir del país, mantener domicilio y empleo fijos, entre otras.

A pesar de que la Fiscalía se opuso a ese cambio de circunstancias, el Juzgado le dio la razón a los dos imputados. Por esa razón, el Ministerio Público apeló de inmediato la decisión para tratar de mantener en prisión preventiva a los dos empleados de la Refinadora.

Ahora están a la espera de una nueva audiencia, que deberá agendar el Tribunal Penal de Limón.

La Fiscalía pedirá a los jueces que revoquen la resolución y volverá a insistir en la necesidad de que ambos imputados permanezcan en prisión preventiva, mientras las indagaciones continúan de la mano con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

"La Fiscalía de Narcotráfico quien defiende este caso, se opuso en todo momento a la solicitud presentada por la defensa para el cambio de medida cautelar, y sustituir la prisión preventiva que tenían estos imputados. 

Sin embargo, el Juzgado Penal dictó un cambio de medidas pese la oposición del Ministerio Público.

Ante ello, debemos aclarar que la Fiscalía ha mantenido en todo momento su posición, de que estos imputados deben estar en prisión preventiva y no con medidas sustitutivas a ellas", detalló el fiscal adjunto, Mauricio Boraschi.

El fiscal recalcó que fue gracias a la insistencia de la Fiscalía y del OIJ que se logró desmantelar la organización criminal presuntamente dirigida por Macho Coca, quien también tendría vínculos con personal de Recope para afectar a la entidad y la distribución de hidrocarburos en el país.

Boraschi también señaló que la liberación de los dos funcionarios no es definitiva, ya que está pendiente de resolverse la apelación. Otros dos imputados también solicitaron un cambio en las medidas cautelares, pero en sus casos no fue aprobado.

Caso PetroCoca

El 10 de diciembre del 2024, la FAEDO dirigió 38 allanamientos y logró la detención de 12 imputados implicados con el robo de combustible en oleoductos ubicados en Limón.

De ellos, a seis les impusieron prisión preventiva, entre ellos Macho Coca con 8 meses, y el resto se ha mantenido cumpliendo otro tipo de medidas cautelares.

Previamente en octubre, también se realizaron varios operativos y se consiguió la captura del cabecilla Bell Fernández, un presunto criminal de alto perfil que en esta ocasión es investigado por figurar líder de una organización dedicada al robo de combustible en el Caribe.

Según el informe preliminar, a los sospechosos se le relacionan con la aparente sustracción de combustible desde el poliducto propiedad de Recope, utilizando una línea marina hasta diferentes predios ubicados en el sector de Moín. 

En ese lugar se cree que llenaban recipientes como pichingas, estañones o incluso tanquetas, para finalmente trasladarlo a otras zonas por medio de autobuses, vagonetas, vehículos livianos y camiones, entre otros.

Solo en setiembre el presunto robo significó un perjuicio económico para Recope que asciende a los ₡80 millones de colones. Las tomas ilegales se encuentran al margen derecho del río Bartolo, donde aparentemente se sumergían las mangueras que daban hasta el poliducto, lo que constituye un riesgo muy elevado de contaminación.

Meses previos, el personal de Recope detectó patrones irregulares en propiedades cercanas a la terminal de Moín.

Además de la casa de Macho Coca, se allanó un hotel, 4 predios y varias casas de habitación, donde se ubicó maquinaria sofisticada para cometer posibles actividades delictivas.

También se inspeccionaron autobuses, vagonetas, vehículos de carga, tanques de almacenamiento, camiones cisterna, mangueras de alta presión y hasta dispensadores de combustible (como los que se encuentran en estaciones de servicio), entre otros implementos en esas propiedades.

La orden de allanamiento señala que la estructura criminal habría sustraído 279 mil litros de gasolina y diésel solo durante setiembre.

Según un informe policial, los sospechosos contaban con un predio al que accedían por medio de un portón metálico de color verde, ubicado dentro de la misma propiedad del establecimiento a donde almacenaban el producto robado y las herramientas para cometer las intervenciones a la tubería de Recope.

Los investigadores entrevistaron a un funcionario de la Refinadora, quien les confirmó que habían detectado gran cantidad de tomas ilegales en Limón, Matina, Siquirres y Turrialba durante este año, pero recientemente tuvieron informes directamente de las líneas marinas.

Randall Zúñiga, director del OIJ, explicó que el modo de operar de la presunta organización era esperar a que llegara un barco a puerto a transferir combustible para poder llegar hasta las tomas ilegales y poder extraer el combustible. Por cada barco, según el jefe policial, podían llenar hasta 5 cisternas.

Añadió que las intervenciones para demoler estructuras usadas como predios o bodegas en meses anteriores, en esa misma zona, estarían relacionadas con el caso, pues se usaban como puntos intermedios entre el barco y el punto final, que son los depósitos de Recope.

"De estos lugares intermedios tenemos que se utilizaron buses donde se transportaban pichingas y envases de combustible, así también se ha logrado ubicar vagonetas, siendo que en la parte de la góndola se trasladaban pichingas y envases también", dijo.

La orden de allanamiento señala que los sospechosos también utilizaban vehículos tipo pickup y camiones que usualmente se mantenían en el predio del hotel mencionado, el cual tiene conexión interna con otros predios ubicados al costado oeste.

En la operación delictiva se usaban mangueras especiales que tenían un valor cercano a los ¢30 mil cada metro. Es decir, hicieron inversiones millonarias o tomaron insumos de alto valor de su capital para poner en marcha el plan.

Las investigaciones datan desde el 2023 y se trabajan bajo el expediente 23-008666-0042-PE. Según Recope, solo entre octubre de 2023 y marzo de 2024 se decomisaron más de 127.000 litros de combustible en diferentes operativos.

Además, se detectaron túneles clandestinos, tomas ilegales y transportes ocultos de gasolina dentro de propiedades privadas. Las pérdidas económicas se calculan en ₡5.000 millones.