Fiscalía apela aval de juez para que Carlos Cerdas y Mélida Solís salgan del país
Medidas cautelares fueron dictadas por lo que resta de la investigación
(CRHoy.com) La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta) apeló el levantamiento de la prohibición de salida del territorio costarricense que recaía sobre los empresarios Carlos Cerdas Araya y Mélida Solís Vargas.
El Ministerio Público confirmó el recurso la mañana de este viernes, ante consulta de CRHoy.com. En la respuesta suministrada no se precisaron las razones por las cuales se impugnó la resolución dictada el martes por el juez Félix Castellón Ruiz, del Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Pocos minutos después, la Corte Suprema de Justicia emitió un comunicado en el que detalló -como lo hizo el jueves este medio- las medidas cautelares que recaen sobre los implicados en el caso policialmente conocido como Cochinilla, incluidos los propietarios de las constructoras MECO y H. Solís (en el mismo orden).
Cerdas Araya y Solís Vargas mantienen una caución real -suerte de fianza- de $10 y $5 millones de dólares, respectivamente. Asimismo, sobre ellos recae una prohibición para comunicarse o influir en testigos del proceso. También tienen la obligación de no cambiar de domicilio y tenerlo actualizado.
El decisor dejó sin efecto el impedimento de salida del país, la entrega del pasaporte, la coordinación para que la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) no expidiera nuevas versiones de ese documento, así como con la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) para inhabilitar los hangares de los empresarios.
Sin embargo, los encausados deberán informar a la Fiscalía con al menos tres días de antelación sobre cualquier viaje que vayan a hacer, detallando la fecha de salida e ingreso, el motivo y el destino del mismo.
También descuentan obligación para mantener domicilio fijo y actualizado, así como prohibición para influir en testigos del proceso:
- Carlos Solís Murillo, exgerente financiero del Consejo Nacional de Vialidad.
- Carmen Madrigal Rímola, exdirectora de Proveeduría del Consejo Nacional de Vialidad.
- Abel González Carballo, gerente general de MECO.
- Alejandro Bolaños Salazar, representante legal de MECO.
- Tobías Arce Alpízar, empleado de MECO.
- Alejandra Bonilla Guillén, empleada de MECO.
De igual manera, deben cumplir con esas disposiciones los endilgados de apellidos Fallas Zúñiga, Cervantes Morales, Rivera Castro, Bolaños Salazar, Martínez Martínez, Herrera Chacón, Castro Rodríguez y Sánchez Castro.
Para los funcionarios públicos sospechosos se mantienen las medidas antes citadas, así como la reubicación de puestos. Estos son de apellidos Chaves Mora, Rodríguez Araya, Quesada Aguirre, Ortiz Vega, Lobo Bejarano, Monge Aguirre, Carmona Rivas, Mora Obando, May Cantillano, Rojas Monge y Zamora Zamora.
Las disposiciones dictadas fueron prorrogadas hasta la finalización de la investigación del escándalo de presunta corrupción en contratos de obra pública.
