Fiscalía Anticorrupción abre evidencia confiscada a Batalla y otros sospechosos de Pista Oscura

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) realiza la apertura de evidencia digital relacionada con el caso Pista Oscura, la causa penal que investiga una serie de anomalías que, supuestamente, fueron orquestadas desde el Gobierno de Rodrigo Chaves para desviar cerca de $40 millones y realizar una reparación parcial de la pista del aeropuerto Daniel Oduber Quirós, en Liberia.

Esta diligencia se inició el lunes 26 de mayo y podría extenderse hasta el próximo 10 de junio, debido al volumen de pruebas e información recabada, confirmó el Ministerio Público a CR Hoy.

Hace un mes, la Fiscalía efectuó una serie de allanamientos y detuvo a cuatro imputados: el exministro de Obras Públicas y Transportes, Mauricio Batalla Otárola; el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), Alejandro Picado Eduarte; el director general de Aviación Civil (DGAC), Marcos Castillo; y un ingeniero de la CNE, Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización.

Las presuntas acciones ilegales se dividen en dos líneas de investigación. La primera está vinculada con la preparación del contrato para las obras y la modificación de un decreto de emergencia emitido meses después de varias tormentas, con el objetivo de incluir a Liberia —y, por ende, a la terminal aérea— en dicha declaratoria.

Según el Ministerio Público, la emergencia se justificó de forma falsa, atribuyendo los daños que presentaba la pista a la tormenta tropical Bonnie y a otras ondas tropicales ocurridas en 2022. No obstante, los perjuicios se habían presentado con anterioridad a esos fenómenos naturales.

Esa maniobra permitió modificar un decreto ejecutivo e incluir a Liberia en la emergencia nacional, lo que habilitó una contratación por $39,9 millones adjudicada a la empresa Constructora MECO S. A.

Al haberse emitido la declaratoria de emergencia, los trámites para ejecutar las obras se simplifican, ya que se requiere realizarlas en el menor tiempo posible. Esto implica no solo la disponibilidad inmediata de los recursos, sino también que no se necesita el refrendo previo de la Contraloría General de la República.

La segunda línea de investigación recae sobre la ejecución de las obras, pues, al parecer, en medio de irregularidades, se redujo la cantidad de trabajos en la pista y el valor del contrato solo disminuyó en $4 millones. En total, se imputan a 14 personas por estos hechos.

Además de los capturados, en la causa se investiga a otras diez personas, entre ellas el exdirector de Aviación Civil Fernando Naranjo Elizondo; el exministro del MOPT Luis Amador Jiménez (ya indagado por la Fiscalía General); y la exministra de la Presidencia, Natalia Díaz Quintana.

La exjerarca fue citada la semana pasada ante la FAPTA. Ella y al menos otros cinco involucrados debieron acudir al llamado entre el martes y el miércoles de esa semana para presentar sus datos de identificación.

"No me puedo referir al tema, hay un artículo expresamente lo prohíbe en el Código Procesal Penal que habla justamente de la confidencialidad de las investigaciones, entonces como formo parte de, no puedo dar declaraciones ni referirme al fondo de esto.

Siempre estoy dispuesta a colaborar con las autoridades", manifestó Díaz.

La investigación la señala como una de las firmantes —junto al presidente Rodrigo Chaves Robles— del decreto ejecutivo N.° 44.072 del 21 de junio de 2023, con el cual se modificó un decreto previo de julio de 2022 para ampliar la declaratoria de emergencia. Se incluyó así al cantón de Liberia, en Guanacaste, entre las zonas afectadas por las ondas tropicales 11 y 12, y la tormenta Bonnie, lo que facultó a la administración para gestionar contrataciones bajo el régimen de excepción de la Ley Nacional de Emergencias, evitando controles como el refrendo de la Contraloría, con base en una justificación presuntamente premeditada por parte del MOPT y la CNE.

Además de Díaz, en días recientes se citó también a Orlando Marín Fallas, ingeniero jefe de la Unidad de Gestión de Procesos de Reconstrucción de la CNE.

A Marín se le atribuye haber intervenido en el supuesto plan criminal que investiga la Fiscalía. En reuniones virtuales y actividades presenciales, habría ejercido presión indebida sobre los ingenieros de la Unidad Ejecutora del proyecto para que accedieran a las pretensiones de la empresa imputada, Constructora MECO S. A., la cual supuestamente procuraba reducir las obras sin una disminución proporcional en el valor del contrato.

Este martes, la FAPTA recibió a Fernando Naranjo Elizondo, quien fungió como director de la DGAC entre octubre de 2022 y el 12 de marzo de 2024.

A él se le atribuye haber dado apariencia de legalidad a la intervención por emergencia, así como haber emitido instrucciones verbales a ingenieros de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica para que colaboraran con el Conavi en la elaboración de los términos de referencia para contratar la rehabilitación de la pista bajo ese régimen.

Federico Baltodano Aragón, miembro de la junta directiva del Conavi, también fue citado. Se le atribuyen acciones similares a las de Marín Fallas.

José Alfredo Sánchez Zumbado, presidente de Constructora MECO S. A., y Mario González Chinchilla, ingeniero de esa compañía, completan la lista de los seis imputados citados esta semana por el Ministerio Público.

De acuerdo con parte del expediente judicial en poder de CR Hoy, la empresa representada por estos dos sospechosos fue la que promovió una "ingeniería de valor" para reducir las obras y evitar la reparación completa originalmente estipulada en el contrato.

Chaves por aparte

En el caso específico del mandatario Rodrigo Chaves Robles, se le investiga en un expediente aparte que se tramita de forma distinta. Dado que Chaves es el único que actualmente mantiene la inmunidad otorgada por la Constitución Política, el proceso penal en su contra requiere un tratamiento especial.

Ese expediente avanza de manera paralela y bajo las órdenes de la Fiscalía General, según explicó el fiscal Carlo Díaz durante el operativo en el que fueron detenidos Batalla, Picado y otros dos funcionarios.

Las diligencias, detenciones y allanamientos realizados esa semana corresponden al proceso contra imputados sin fuero especial. Por esa razón, no se ejecutaron operativos ni en Casa Presidencial ni en la residencia de Chaves, ni se le decomisaron dispositivos electrónicos, como ocurrió con los otros investigados.

"Estos hechos que se investigan son los mismos de la causa que se tiene contra Amador, contra el presidente y otra persona. Lo único es que, como aquella causa se inició con fuero por ser miembros de Supremos Poderes, se lleva en un legajo aparte. 

Mientras que Batalla no estaba de ministro en ese momento y tampoco tienen inmunidad el director de Aviación Civil ni el presidente de la CNE, por eso esta causa avanza mucho más rápido que la que lleva la Fiscalía General, porque sí tiene un fuero que hace que todo sea más lento", puntualizó el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga.

La causa contra el mandatario sigue su curso aparte. Aunque en este momento no ha sido necesario, el fiscal general podría solicitar en el futuro autorización a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia para realizar operativos o decomisos necesarios para la investigación.

Durante uno de sus programas semanales, Chaves se refirió a estos operativos y volvió a cuestionar el actuar del Ministerio Público y del OIJ, a pesar de que las diligencias se realizan con aval judicial y conforme a la ley.

Pese a ello, el presidente reaccionó con gestos y declaraciones abiertamente confrontativos y desafiantes ante la posibilidad de una intervención judicial en su casa o despacho, consciente de que enfrenta más de 50 causas en investigación.

En su discurso, desvió la atención al vincular la campaña electoral de 2026 con la gestión del Poder Judicial, diciendo que no "le toquen los huevos al jaguar".

"Yo les digo: no le jalen el rabo a la ternera. Tengan paz, yo quiero paz. (…) El Poder Judicial tratando de desprestigiar al gobierno porque según ellos, yo soy el candidato. Tengan paz, muchachos del Poder Judicial, a mí me preocupa que la gente está brava con ustedes", manifestó con una postura retadora.