Fiscalía: Alpízar tuvo amplio conocimiento de financiamiento irregular en campaña de Chaves y no denunció
Acusación señala que, como presidenta del PPSD, tuvo rol preponderante en campaña y se percató de anomalías con fideicomiso Costa Rica Próspera
Luz Mary Alpízar, diputada y fundadora del PPSD. Foto: Luz Mary Alpízar/Facebook
La Fiscalía General señala a Luz Mary Alpízar Loaiza, presidenta del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y actual diputada de esa agrupación política, por no denunciar la existencia de una estructura paralela de financiamiento irregular en la campaña electoral que encabezó Rodrigo Chaves Robles, actual presidente de la República, en 2022.
Alpízar, quien se distanció de Chaves y de la bancada oficialista desde mediados de 2023, habría incurrido en violaciones al Código Electoral al conocer la existencia de estas anomalías y no denunciarlas a las autoridades competentes: Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y Ministerio Público. Lejos de eso, se habría beneficiado de ello en la campaña electoral.
La acusación penal detalla que la campaña de Chaves utilizó el fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por la firma ATA Trust S.A., vinculada a Arnoldo André Tinoco, actual canciller de la República y financista de la campaña, para recaudar fondos con fines electorales al margen de la ley.
Para la Fiscalía General, Alpízar supo que el fideicomiso captó dinero sin que se utilizara la cuenta bancaria única del PPSD para recibir financiamiento privado (así lo dispone el Código Electoral). Además, hubo fondos que se recaudaron por medio de personas y mecanismos no autorizados por el Comité Ejecutivo Nacional del PPSD (como lo dispone la legislación electoral).
Alpízar Loaiza fungió como presidenta del PPSD entre el 6 de febrero de 2020 y el 6 de febrero de 2024. A la luz de la investigación, para el momento de los hechos formaba parte del comité ejecutivo nacional y, además, era miembro fundador de la agrupación. Incluso, desde diciembre de 2020, integró la comisión política del PPSD que negoció e involucró a Chaves Robles con el partido que le permitió llegar a la Casa Presidencial.
De acuerdo con la documentación enviada por el PPSD y las sesiones del Comité Ejecutivo Nacional del PPSD, Alpízar Loaiza, como presidenta de la agrupación usó un correo electrónico que también fue empleado en las distintas comunicaciones que le fueron enviadas durante los meses de julio a setiembre de 2021, relacionadas a los distintos gastos sufragados por el fideicomiso Costa Rica Próspera.
Entre la prueba recabada por la Fiscalía General existe la grabación de la conferencia de prensa realizada el 7 de julio de 2021, día en que se oficializó la candidatura presidencial de Chaves por el PPSD. Dicha actividad, realizada en un hotel capitalino, fue costeada con dinero proveniente del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Posterior a esa fecha, la hoy diputada se enroló en el comando de campaña de Chaves que tenia como sede la denominada Casa Progreso, realizando múltiples funciones que fueron desde la coordinación con el personal y la facilitación del inmueble para las actividades partidarias.
El alquiler de dicho inmueble fue pagado por el fideicomiso Costa Rica Próspera. Según la investigación, Chaves lo ofreció a Alpízar Loaiza de manera “gratuita” y esta se encargó de inscribirlo como sede de la campaña ante el TSE.
La acusación sostiene que Alpízar conocía que el PPSD se benefició gratuitamente de bienes y servicios otorgados para uso temporal, en contravención de la normativa electoral que exige transparentar ante el TSE las contribuciones recibidas por las agrupaciones políticas. Según la fiscalía, Alpízar Loaiza nunca confeccionó las boletas de donación que, por acuerdo del comité ejecutivo partidario, se le encomendaron elaborar. Tampoco informó al TSE sobre las contribuciones recibidas.
Durante la campaña, la actual diputada gestionó la información para que el encargado del centro de contacto en Casa Progreso reclutara interesados en apoyar a la agrupación política. A esta persona también se le pagó con dinero proveniente del fideicomiso Costa Rica Próspera, a través de las cuentas bancarias de ATA Trust Company S.A., según reveló a la Fiscalía General.
Otro testigo detalló que coordinó información con fines electorales con Alpízar Loaiza. En primera instancia, por esas tareas le pagaron a través de ATA Trust Company S.A. Luego lo despidieron y lo volvieron a recontratar, pero ahora sí pagándole desde las cuentas del PPSD.
Alpízar Loaiza también estuvo al tanto de la contratación de la agencia Madison Revolution S.A. para el desarrollo de material publicitario de campaña. Precisamente, a dicha compañía se le pagó a través del fideicomiso Costa Rica Próspera.
Luz Mary Alpízar, primera de derecha a izquierda, en una actividad de campaña de Rodrigo Chaves Robles en enero de 2022. Foto: Luz Mary Alpízar/Facebook
Para la Fiscalía General, es claro que Alpízar tenía conocimiento de que los servicios contratados (alquiler de la casa de campaña, el personal del centro de contacto y la contratación de la agencia publicitaria) se pagaron con recursos provenientes del fideicomiso Costa Rica Próspera gestionado por ATA Trust Company S.A.
La acusación insiste en que Alpízar supo sobre contribuciones y donaciones que contravenían la normativa electoral y de los que el PPSD se benefició de fondos procedentes del fideicomiso Costa Rica Próspera, gestado como estructura paralela de financiamiento y que la hoy diputada trató de hacer ver ante la autoridad electoral que correspondían a donaciones en especie por parte de Jack Loeb Casanova, financista de campaña.
A Alpízar, la Fiscalía General le imputa la comisión del ilícito regulado en el numeral 275, inciso a) del Código Electoral, sobre la recepción de contribuciones privadas ilegales, que detalla lo siguiente:
La pena será de prisión de 2 a 6 años para el miembro comité ejecutivo superior del partido, que tenga conocimiento de contribuciones, donaciones o aportes contraviniendo las normas establecidas en el Código Electoral, en dinero o en especie, y no lo denuncie ante las autoridades competentes.
Tras conocer la acusación, Alpízar dijo que ella y el PPSD “son los principales interesados” en que se aclare todo lo referente a la investigación y dijo estar dispuesta a renunciar a la inmunidad parlamentaria para agilizar el proceso penal.
La acusación también incluye al presidente Chaves, a Pilar Cisneros Gallo, diputada y jefa de fracción del PPSD; a Stephan Brunner Neibig, vicepresidente de la República; a Arnoldo André Tinoco, canciller, a Paola Nájera Abarca, diputada del PPSD y a Julio “Waldo” Agüero Sanabria, diputado del PPSD.
Según la investigación que arrancó en 2022, año en que Chaves asumió como mandatario, entre 2021 y 2022, en el marco de la campaña electoral, se habrían utilizado 2 estructuras paralelas para financiar la campaña electoral del PPSD, en el período electoral 2022-2026.
Dichas estructuras identificadas fueron el fideicomiso Costa Rica Próspera y las cuentas bancarias personales de Sofía Agüero Salazar, hija del diputado Agüero Sanabria y exasistente del presidente Chaves, quien enfrenta un proceso penal independiente en el expediente 22-000210-0276-PE, junto a otros imputados, bajo investigación de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta).
Para la Fiscalía General, ambas vías de financiamiento operaron al margen del control del TSE y de la tesorería del PPSD, tal como exige el Código Electoral. “Lo anterior, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”, citó la entidad.
El Código Electoral señala que toda contribución a partidos políticos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizadas únicamente a través de los mecanismos oficiales del partido político.
