Fiscal señala “aparente propósito de frenar algunos procesos penales” tras protesta en su contra
Carlo Díaz, fiscal general del Ministerio Público, se refirió a la manifestación que se realizó en su contra frente a la Fiscalía General de la República y la catalogó como una violación al principio de la separación de poderes, luego de que varios miembros del Poder Ejecutivo, entre ellos el presidente Rodrigo Chaves, apoyaran la protesta.
Esto lo dijo a través de un comunicado de prensa enviado por su departamento de comunicación minutos después de la 1:00 p.m., donde garantizó que el Ministerio Público continuará con su trabajo en las investigaciones para proteger a la población.
El jerarca habló de una posible intención por frenar algunas investigaciones.
El rol del Ministerio Público es esencial en un Estado de Derecho y en la defensa de la democracia, a través de actuaciones objetivas y estrictamente apegadas a la ley, sin que las críticas o presiones externas puedan influir en su labor.
Es relevante destacar que, en los últimos dos años, la Fiscalía ha llevado a cabo un trabajo arduo y decidido en la lucha contra la delincuencia y la corrupción, lo cual ha generado diversas críticas y ataques por parte de quienes se ven involucrados en estos procesos.
A través de los medios de comunicación, hemos observado que la convocatoria a esa manifestación ha sido promovida por el Poder Ejecutivo, en una clara transgresión al principio de separación de poderes y la institucionalidad, y con un aparente propósito de obstaculizar o frenar algunos procesos penales.
Frente a esta situación, reiteramos a la ciudadanía nuestro firme compromiso: el Ministerio Público continuará su labor, reforzando las investigaciones y protegiendo los derechos de todas las personas involucradas en los procesos, sin que nos tiemble la mano para aplicar la ley, sin importar quién sea el implicado.
Entre los casos que actualmente el Ministerio Público investiga relacionados con el Poder Ejecutivo están la presunta estructura paralela de espionaje político, destinada a obtener información sobre personas o grupos que podrían atacar al presidente Chaves; los allanamientos al bufete de abogados LexiCorp del canciller Arnoldo André; la investigación por una estructura paralela que habría financiado la campaña de Chaves, y el caso Barrenador, que investiga un presunto sobreprecio en el contrato de administración de 148 ebais otorgados a un grupo de cooperativas por la Caja Costarricense de Seguro Social.
