Fiscal General vuelve a ocultar información de interés público, esta vez sobre el caso UPAD
(CRHoy.com) El expediente judicial que investiga delitos de presunto prevaricato contra el presidente de la República Carlos Alvarado Quesada por la creación y operación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) se encuentra engavetado en la oficina del fiscal general a.i Warner Molina, quien lo recibió desde julio y a la fecha no ha avanzado con la apertura del teléfono celular del mandatario.
Tras una consulta hecha por CRHoy.com sobre el estado procesal de la investigación, el fiscal Molina indicó a través de la oficina de comunicación del Ministerio Público, que no brindará información sobre el caso, aún y cuando el caso reviste de un alto interés público, pues el presidente Alvarado figura como imputado.
"De acuerdo con la Fiscalía General, por encontrarse el procedimiento en la etapa preparatoria, con base en lo dispuesto por el artículo 295 del Código Procesal Penal, las actuaciones son privadas. Por lo tanto, no puede brindarse ningún detalle adicional", expresa la respuesta de Molina.
Al ser un proceso contra el Presidente, es el fiscal general quien debe encargarse exclusivamente de las diligencias de investigación.
La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó a este medio que desde hace más de 3 meses el expediente fue trasladado al Ministerio Público, luego de haber declarado inadmisible las últimas gestiones interpuestas por los abogados de las partes imputadas en el caso UPAD, que iban en el sentido de evitar la apertura de los teléfonos y el computador de Carlos Alvarado.
"En relación a la consulta, el expediente no se encuentra en este despacho, fue devuelto a la Fiscalía General en el mes de julio, sin pendientes por resolver. Lo anterior es lo que nos indican en la Sala de Casación Penal (Sala III)", expresó la oficina de prensa del Poder Judicial tras la consulta de este medio.
John Brenes, abogado de Felly Salas quien fue la jefa de despacho de Alvarado y también figura en la investigación, indicó a este medio que a Sala de Casación Penal le recordó a las partes que el proceso no está paralizado y que, siempre y cuando se haga bajo la supervisión del Juez de Garantías y que la prueba que emerja sea únicamente la que se relacione con los hechos investigados, se puede realizar la diligencia pendiente de examen de los dispositivos secuestrados.
La abogada querellante en este proceso, Gloria Navas, aseguró que debido a la tardanza para la apertura de los dispositivos, interpuso una gestión de pronta resolución ante la fiscalía general.
"El asunto lo es de interés público y urge cumplir con los procedimientos de investigación. En apariencia el asunto aparenta estar "varado". Esta representación no conoce las causas. Empero, estamos muy conscientes que el tiempo sigue corriendo en favor de los investigados, incluyendo el Presidente Alvarado a quien se le estima imputado por los presuntos delitos de Prevaricato y otros", reza la queja de la jurista.
Caso UPAD
El presidente Alvarado ordenó en 2019 la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) que consistía en una oficina con asesores de su despacho, quienes estaban encargados de recopilar bases de datos de instituciones públicas que a su vez contenían información sensible de los costarricenses.
De ese modo, en un marco de presunta ilegalidad, el equipo presidencial accedió a información confidencial, para la cual no tenían ningún respaldo jurídico para manipular.
En febrero del 2020, CRHoy.com dio a conocer la existencia de esa oficina de recolección de datos privados, por lo que el gobierno tuvo que derogar el decreto ejecutivo con el cual se otorgó marco jurídico a la UPAD.
Una semana más tarde, la entonces fiscal general Emilia Navas allanó por primera vez en la historia la Casa Presidencial, donde además, le decomisaron los teléfonos celulares al mandatario Carlos Alvarado, mismos que un juez autorizó abrir pero que, hasta ahora, dicha acción no ha sido ejecutada.
