Fiscal de Panamá revela relación de ticos con grupo de narcotráfico

(Ciudad de Panamá) 37 personas detenidas, entre ellas el hijo de un diputado panameño, fue el resultado de la Operación Jericó, un trabajo realizado por las autoridades judiciales de Panamá en los últimos meses para desarticular a una organización criminal dedicada a lavar dinero y a exportar droga vía terrestre, con la colaboración de un grupo de costarricenses.

32 particulares y 5 funcionarios figuran como sospechosos en la investigación que inició desde hace dos años, cuando la policía empezó a darle seguimiento a embarcaciones de pesca artesanal y lanchas rápidas procedentes de Colombia, que estaban llegando a puntos de recibo en la comarca Kuna Yala, provincia de Darién, Panamá.

Uno de los sujetos arrestados por presunto blanqueo de activos es Abraham Rico Pineda, hijo del diputado panameño Raúl Pineda, del Partido Revolucionario Democrático (PRD).

Las autoridades constataron que los cargamentos ingresaban a través de trochas selváticas, donde contrataban indígenas para usar los mismos pasos de migrantes, y movilizar los paquetes sin ser detectados por la policía, con la finalidad de ser trasladados vía terrestre a la frontera con Costa Rica, donde eran recibidos por un clan nacional que se encargaba del resto de la logística.

La Fiscalía de Delitos Relacionados con Droga de Panamá, confirmó que el grupo tenía un soporte económico que le permitía operar y sufragar toda la logística relacionada con "recibo de dinero, así como la colocación, integración y estratificación a través de empresas y comercios que no se compadecen con la realidad económica".

Joseph Allan Díaz Calderón, fiscal de Delitos Relacionados con Drogas de la Fiscalía de Panamá, explicó en una entrevista con crhoy que una vez logrado el objetivo de sacar la droga de la selva, la agrupación tenía al menos 3 grupos de acopio antes de llegar a Costa Rica.

En San Miguelito contaban con un taller donde modificaban los vehículos para hacerles un doble forro, con el objetivo de ocultar droga y dinero, contando con el apoyo de personal del Servicio Aeronaval panameño.

"Cuando tenían la droga en San Miguelito se coordinaba la logística por medio de comunicaciones telefónicas y reuniones para trasegar la sustancia hacia la frontera con Costa Rica. Para eso se utilizaron varios modus operandi, como la creación de vehículos con doble fondo y buses dedicados al transporte de mensajería para llevarlas a Costa Rica", añadió.

Durante diferentes operativos lograron ubicar varios carros de la organización, en los cuales decomisaron $125 mil en efectivo, acomodados en envolturas plásticas, así como 3 mil kilogramos de cocaína en 26 eventos de incautación en los últimos dos años.

En esa parte de la logística era donde entraban en juego los ticos, incluso Díaz explicó que conocieron de la participación de mujeres de la organización que llegaban a Chiriquí para tomar el mando de algunas funciones de trasiego.

"En esta Operación Jericó no se ha individualizado ninguna persona de nacionalidad costarricense, sin embargo, como si lo hemos hecho en otras operaciones. En la investigación sí hay constantes menciones en el expediente de personas costarricense que cruzan la frontera y son el enlace directo con el grupo investigado y desarticulado. Se habla de ingresos por medio de Chiriquí, usando a personas de sexo femenino como apoyo logístico para adecuar vehículos con doble fondo desde ese lugar hasta la capital de Panamá.

Es una estructura netamente panameña con contactos colombianos y costarricenses, de hecho en la operación hay tres personas elevados con alerta roja en Interpol para ser ubicados en el plazo de investigación y lograr su aprehensión", reveló el fiscal.

Pidieron investigar a diputado

La Procuraduría General de la Nación entregó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá el pasado 7 de noviembre de 2024, el expediente del caso donde se menciona al diputado Pineda por su posible participación en el esquema de lavado de activos junto a su hijo.

Como parte de la documentación entregada a los magistrados se aportó transcripciones de interceptaciones telefónicas, informes de vigilancia y seguimiento, informe de relación de eventos y análisis, información incautada de dispositivos y computadoras de una empresa relacionada con ambos.

A eso se sumó la sentencia condenatoria del colombiano Jonathan Parra, quien admitió haber recibido de Rico la suma de $89.985.00 en efectivo el 20 de mayo de 2024, producto del blanqueo de capitales con precedente reunión y conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

"Son denuncias que tienen que ser admitidas por el pleno de la CSJ, nosotros nos constituimos como defensores y vamos a presentar acciones y recursos para que esta denuncia no sea admitida, primero porque no cumple con los requisitos, además estamos hablando de una persona aforada (fuero especial) y no puede ser que a una persona bajo esta condición se le escuchen conversaciones con su hijo sin cumplir con el debido proceso", dijo Víctor Orobio, abogado de Pineda.

Por su parte, el diputado había externado que confía en el sistema de justicia de su país y los órganos judiciales en medio de una situación que califica como difícil al ver a su hijo preso.

"Creo en la inocencia de mi hijo, el tiempo va a pasar y nosotros vamos a probarlo", dijo tras negarse a hablar sobre la solicitud que hizo la fiscalía sobre la investigación en su contra.

 

Otro caso

Más costarricenses figuran como parte de otra investigación por narcotráfico en Panamá, se trata de la Operación Éxodo, en la cual la Fiscalía conoció que dos costarricenses quienes en apariencia tienen vínculo con un grupo narco de ese país vecino, viajaron a la capital canalera para reunirse con miembros de la organización, con el fin de coordinar envíos de cargamentos de cocaína hacia Costa Rica y posteriormente a Europa.

El fiscal detalló que por medio de la investigación, localizaron a los ticos en Ciudad de Panamá, además escucharon conversaciones telefónicas en las que ellos habrían participado para cooperar con el grupo criminal.

"En el caso Éxodo se identificó la relación de personas costarricenses que cruzaron hacia la ciudad capital en Panamá para realizar logística en contaminación de contenedores. De hecho, en esta operación se pudo determinar también comunicaciones telefónicas con costarricenses que ayudaron a dar con el decomiso de 190 láminas de cocaína en Barajas, España.

En investigación homóloga con Costa Rica, se pudo constatar incluso comunicaciones por medio de una aplicación de llamadas encriptadas que dieron cuenta de un nexo entre células organizadas en Panamá en apoyo logístico con Costa Rica, incluso el pago del dinero de este envío de drogas desde Costa Rica se dio a través de empresas panameñas", indicó Díaz.

Según las autoridades, el grupo rompía los sellos de los contenedores para vulnerar las cargas y luego usaban sellos clonados de la Autoridad Nacional de Aduanas para ocultar la manipulación de lo que se iba a exportar.

El funcionario explicó a este medio que además de las personas, también está bajo la lupa una empresa costarricense dedicada a la exportación e importación de productos, sin embargo, como el caso está en curso, prefirió no adelantar datos de la misma pues están recabando información con colaboración del Ministerio Público de nuestro país para poder desarticular la operación en suelo costarricense.

"En efecto hemos venido trabajando durante este tiempo con la Fiscalía de Costa Rica para identificar a la empresa y la sociedad anónima que se encargó del envío de la sustancia ilícita y de la cual se fijaron personas desde esa empresa que llegaron a Panamá para realizar las reuniones con panameños. Hasta este momento son investigados hasta momento luego de que se identificaran las comunicaciones y reuniones sobre la logística del envío de droga a España", dijo.

La Operación Éxodo es una investigación realizada entre Panamá, España, Croacia, Dubai, Francia y Europol. Datos compartidos por la fiscalía panameña apuntan a que este caso se empezó a investigar en 2022.