Fiscal de Cibercrimen investigado aparece nombrado en el gobierno de Rodrigo Chaves
Estuvo incapacitado casi un mes y pidió permiso sin goce salarial para salir del Ministerio Público
Esteban Aguilar Vargas, el fiscal de la Unidad de Cibercrimen del Ministerio Público quien es hermano de Gabriel Aguilar, el jefe del despacho del mandatario Rodrigo Chaves Robles, fue nombrado en un alto cargo del Gobierno.
Fue designado como subdirector Nacional de Ciberseguridad en el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), por la jerarca Paula Bogantes. Así lo confirmó la entidad en un boletín.
Esteban Aguilar ha estado en el ojo público durante las últimas semanas al ser protagonista de polémicas y acusaciones contra su superior jerárquico, el fiscal general de la República Carlo Díaz. Adicionalmente, figura en investigaciones penales y disciplinarias.
Justamente hoy 31 de marzo se termina una incapacidad que tramitó el funcionario para salir del Ministerio Público: ha estado fuera de la institución desde el 3 de marzo pasado, día que solicitó un permiso sin goce salarial por el plazo de un año.
Aguilar Vargas recientemente presentó una extensión de la licencia médica y pidió aplazar el inicio del permiso que solicitó para abandonar temporalmente su nombramiento en propiedad en el Poder Judicial.
El exfiscal aprovechó la incapacidad para participar en la marcha promovida por el mandatario Rodrigo Chaves Robles contra el fiscal general, razón por la cual está siendo investigado por la Inspección Judicial, órgano disciplinario de esa institución.
El día de la marcha, Esteban posó abrazado en una tarima semiimprovisada junto a su hermano, Gabriel. Esta relación llevó al fiscal general a tomar precauciones, luego de que circularon informaciones en octubre del año pasado sobre una posible filtración de información de causas penales contra figuras del Gobierno.
En la protesta, el fiscal de Cibercrimen, quien ha acusado a su superior de supuesto acoso laboral —lo que fue desmentido por Díaz—, incluso tomó la palabra después de que Chaves y sus figuras más cercanas intervinieran.
Aguilar emitió declaraciones contra el fiscal general: “Aquí los únicos que han sido elegidos por Dios son todos ustedes, quienes nacieron en Costa Rica”, dijo irónicamente en referencia a declaraciones de Díaz y replicando un ataque recurrente del mandatario.
Minutos antes, el mandatario defendió a Esteban Aguilar en su discurso y aseguró que el fiscal general “lo ha atacado”.
Aguilar Vargas solicitó autorización para ausentarse de sus funciones durante un año, apenas dos días hábiles después de ser notificado sobre una de las investigaciones disciplinarias en su contra.
El 3 de marzo se incapacitó por primera vez por un plazo de dos semanas y, ese mismo día, envió un oficio al fiscal general de la República pidiendo que se le otorgara un permiso sin goce de salario por 12 meses, a partir del 11 de marzo.
La fiscala subrogante, Karen Valverde, asumió la solicitud y la aprobó, por lo cual el permiso empezaba a regir a partir del 18 de marzo, fecha en que el fiscal de Cibercrimen debía regresar a sus funciones. Sin embargo, ese día inició su segunda incapacidad, lo que retrasó su salida temporal del Ministerio Público.
Aguilar ya acumula seis expedientes disciplinarios administrativos abiertos ante la Inspección Judicial, el órgano disciplinario del Poder Judicial.
Cuatro de los expedientes administrativos-disciplinarios fueron abiertos este año. El pasado 27 de febrero, la Inspección Judicial realizó el traslado de cargos del expediente 25-00312-31-DI en su contra.
En él se le acusa de aparentes incorrecciones en el ejercicio del cargo y en su vida privada, que afectarían la imagen de la institución, además de una falta de respeto hacia sus superiores jerárquicos.
A Aguilar Vargas también se le reprochan infracciones por realizar declaraciones ante medios de comunicación utilizando su cargo, en las cuales pudo haber violado la prohibición de divulgar información que atentara contra el secreto de las investigaciones o que, innecesariamente, pudiera afectar derechos de terceros.
En marzo, Aguilar también confirmó la existencia de una causa penal abierta en su contra por aparente violencia doméstica.
