Fiscal de caso Barrenador defiende investigación: “no hay interés político, representamos a la ciudadanía”
Presidenta de la CCSS y 7 directivos quedaron en libertad: afrontan posible suspensión del cargo
Ronald Segura, el fiscal que lidera el equipo a cargo del caso "Barrenador", despejó los cuestionamientos en torno a la rapidez o actuar del Ministerio Público para investigar, realizar allanamientos y detenciones sobre las supuestas presiones de Marta Esquivel y el resto de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar la administración de 138 Ebais con sobreprecios excesivos.
Segura recalcó que la Fiscalía no tiene ningún interés político en el tema, pese a los cuestionamientos que provienen de figuras cercanas al gobierno de Rodrigo Chaves, como la ministra de la Presidencia, Laura Fernández y la diputada oficialista, Pilar Cisneros.
El fiscal recalcó que incluso no fue el Ministerio Público que empezó con las indagaciones, sino que desde la misma Caja Costarricense de Seguro Social se presentó una denuncia robusta. Además, desmintió que se hayan ordenado diligencias judiciales de forma apresurada.
Hemos hecho un trabajo completamente técnico que no tiene nada que ver con ningún tema político. Las denuncias se recibieron por parte de la Auditoría de la CCSS y de la Contraloría, el Ministerio Público ni siquiera inició la investigación de oficio.
También se ha hecho en un plazo rápido, por la complejidad del caso y la gravedad que reviste, pero esto no significa que en otros casos como el del Banco Nacional nosotros incluso en 11 días hicimos los allanamientos, aquí se tardaron poco más de 2 meses.
De manera que el pueblo tiene que entender que esto no se hizo rápido por ningún interés político, sino porque el Ministerio Público tiene que hacerlo conforme a la ley corresponda.
El Ministerio Público es completamente transparente en indicar el trabajo que hacemos en beneficio de los costarricenses. El Ministerio Público en Costa Rica representa a la ciudadanía. No representamos ningún interés más que el de todos los costarricenses.
Marta Esquivel y 7 exdirectivos y funcionarios podrían afrontar la suspensión como miembros de Junta Directiva de la Caja a los imputados durante un plazo de 6 meses, en caso de que el Juzgado Penal de Hacienda autorice la petición de la Fiscalía.
El Ministerio Público también pidió impedir la salida del país y que deban entregar el pasaporte ante una autoridad judicial, así como firmar una vez al mes. Las otras restricciones serían no entrar en contacto con testigos ni influir en el cuestionado proceso de licitación de las 10 áreas de salud, dado que sigue en trámite.
Con estas limitantes pretenden mitigar el riesgo de fuga y el riesgo de obstruir la investigación, así como el proceso de adjudicación.
El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que varias cooperativas sigan con la administración de centros médicos, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el "Caso Barrenador".
Envuelve a altos funcionarios y miembros de la Junta Directiva del Seguro Social costarricense, y gira en torno a los contratos a varias cooperativas para la administración de unos 138 Ebais: adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.
Esto representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones durante los 10 años de contrato: dinero que alcanzaría por ejemplo, para la construcción de un hospital completo como el nuevo Monseñor Sanabria, de Puntarenas.
Marta Esquivel y los 7 imputados más durmieron la noche del lunes en las celdas judiciales del OIJ en el Segundo Circuito Judicial de San José. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE.
Esta mañana se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares, con la exposición de los abogados defensores, luego que anoche fueron puestos en libertad al descartarse la posibilidad de la prisión preventiva.
