Fiscal: “Daño puede ser catastrófico si se desfinancia la CCSS”

Ronald Segura, el fiscal que lidera el equipo del Ministerio Público a cargo del caso "Barrenador" sobre las supuestas presiones de Marta Esquivel y el resto de la Junta Directiva de la CCSS para adjudicar la administración de 138 Ebais con sobreprecios, aseguró que el impacto causado al sistema de salud con esta contratación, podría ser catastrófico. 

Consideramos que los hechos son muy graves: el daño causado a las finanzas públicas puede ser catastrófico para la Caja. La ciudadanía tiene que entender que el único lugar en Costa Rica donde toda la gente es igual es en la Caja. 

Si desfinanciamos la Caja y la salud pública cae, ténganlo por seguro que va a pasar como en Estados Unidos donde hay 42 millones de personas que no tienen acceso a la salud. 

Es muy importante para nosotros que la salud pública se defienda: por eso es que nosotros estamos pidiendo la suspensión funcional del cargo de ellos, para efectos que no interfieran con los testigos, ni con el proceso que se está llevando en la Contraloría, ni que obliguen tampoco al Departamento Jurídico a emitir un refrendo de esta contratación que desde todo punto de vista es lesiva a los intereses financieros de la institución. 

El fiscal recordó que la licitación sigue en curso: aunque ya que está adjudicada por la Junta Directiva de la CCSS, falta el refrendo y hay una impugnación en la Contraloría.

Por eso, el Ministerio Público solicitó anoche al Juzgado Penal de Hacienda, autorizar la suspensión como miembros de Junta Directiva de la Caja a los imputados durante un plazo de 6 meses, de los 8 imputados excepto a quienes ya no la conforman.

Esta mañana se continúa con la audiencia de medidas cautelares, con la exposición de los abogados defensores de Marta Esquivel y el resto de directivos y exfuncionarios, luego que anoche fueron puestos en libertad al descartarse la posibilidad de la prisión preventiva.

El Ministerio Público también se pidió impedir la salida del país y que deban entregar el pasaporte ante una autoridad judicial, así como firmar una vez al mes. Las otras restricciones serían no entrar en contacto con testigos ni influir en el cuestionado proceso de licitación de las 10 áreas de salud, dado que sigue en trámite.

Con estas limitantes pretenden mitigar el riesgo de fuga y el riesgo de obstruir la investigación, así como el proceso de adjudicación.

El escándalo de supuesta corrupción y tráfico de influencias por sobreprecios excesivos en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que varias cooperativas sigan con la administración de centros médicos, fue nombrado por los agentes judiciales a cargo como el "Caso Barrenador".

Envuelve a altos funcionarios y miembros de la Junta Directiva del Seguro Social costarricense, y gira en torno a los contratos a varias cooperativas para la administración de unos 138 Ebais: adjudicación con un sobrecosto estimado de unos ₡12.400 millones por año.

Esto representaría para la entidad un pago de sobreprecios total de $239 millones durante los 10 años de contrato: dinero que alcanzaría por ejemplo, para la construcción de un hospital completo como el nuevo Monseñor Sanabria, de Puntarenas.

Marta Esquivel y los 7 imputados más durmieron la noche del lunes en las celdas judiciales del OIJ en el Segundo Circuito Judicial de San José. La causa se tramita bajo el número de expediente 24-000267-1218-PE.