Fiscal cuestionada por #cementazo interpone recurso contra delito de tráfico de influencias
(CRHoy.com).- Berenice Smith Bonilla, fiscal cuestionada por el cementazo, presentó por medio de su abogado un recurso ante la Sala Constitucional contra el delito de tráfico de influencias, precisamente ese es el delito por el que ella tiene abierto un proceso penal, ya con fecha de juicio, junto con el exmagistrado Celso Gamboa y el alcalde de San José, Johnny Araya.
Smith Bonilla fue suspendida el 6 de mayo de este año, por la Corte Suprema de Justicia, ya que figura en esa causa penal. Precisamente, el Tribunal Penal del Segundo Circuito Judicial de San José fijó para el 20 de enero del próximo año el inicio del juicio.
Además, el 14 de julio del 2018, a la fiscal se le había suspendido por 2 meses sin goce de salario por la desestimación del expediente penal vinculado con el caso cementazo y en el cual están señalados los exlegisladores Víctor Morales Zapata y Otto Guevara por un el presunto delito de tráfico de influencias a favor de importador de cemento chino, Juan Carlos Bolaños.
En el recurso de amparo, presentado por el abogado de Smith Bonilla, Federico Campos, se cuestiona el término "ventajas indebidas", señalando que se está frente a un concepto jurídico indeterminado que da forma a un tipo penal abierto, "en los cuales las fronteras de las conductas punibles son difusas en detrimento de la seguridad jurídica, ya que no dice nada en concreto y, de forma arbitraria, podrían referirse a muchas cosas según el antojo del aplicador jurídico (fiscal o juez)".
En su pretensión, Smith solicitó que se decrete la inconstitucionalidad del término y que se ordene al Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de San José se suspenda la prosecución del mismo hasta tanto no se resuelva la admisibilidad, "y en caso de ser admitida la presente gestión para su estudio de fondo, hasta tanto no se dicte la resolución respectiva de la presente acción".
En la "Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública", se establece el tráfico de influencias en el artículo 52. ¿Qué dice?: "Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita persona, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro".
El Centro de Investigación Jurídica en Línea, el cual es un convenio del Colegio de Abogados y de la Universidad de Costa Rica, estableció en un informe de investigación sobre el tráfico de influencias que "en síntesis, es una actuación de una persona tendiente a favorecer a otros o a sí misma, aprovechándose de las condiciones particulares en que se encuentra, lo que le permite influir sobre un funcionario público para obtener la ventaja o beneficio económico indebido. Se trata de una influencia suficiente sobre ciertos funcionarios públicos que adoptan importantes decisiones".
Magistrada se inhibe
La acción de inconstitucionalidad se mantiene en estudio de admisibilidad, sin embargo, la magistrada Nancy Hernández, de la Sala Constitucional, se inhibió de conocer el caso.
Hernández explicó, en el documento de su inhibitoria, que fue la encargada de instruir un proceso administrativo contra el exmagistrado Celso Gamboa, quien es coimputado con Smith Bonilla en la causa por tráfico de influencias.
En su inhibitoria indicó que en el proceso disciplinario DCP-04-2017, "se evacuaron hechos y probanzas relacionadas con la accionante Smith Bonilla, culminando las anteriores labores de investigación en la emisión de un informe de recomendación a la Corte Suprema de Justicia para sancionar la conducta del encausado".
Incluso, la magistrada Hernández indica que Smith Bonilla no figuró en esa causa disciplinaria porque, en su caso, la competencia disciplinaria le correspondía a otro órgano.
Votación secreta
En una votación secreta, la Corte Suprema de Justicia, rechazó una investigación disciplinaria contra la decisión del Consejo Superior de reconocer 6 años de trabajo a la fiscal suspendida Berenice Smith para que pueda pensionarse.
El Consejo Superior acordó –en sesión número 84-19 del 26 de setiembre anterior- reconocer más de 6 años de servicio laborados por Smith en Guatemala para poder cumplir con el tiempo de 30 años de servicio de trabajo en el Poder Judicial.
Esto lo logró gracias al doble voto de Fernando Cruz, quien es Presidente del Poder Judicial y también integrante de la Sala Constitucional.
Ante una consulta de CRHoy.com, el Ministerio Público confirmó que se presentó una denuncia contra Cruz por el presunto delito de prevaricato y que la misma está en estudio.
Este lunes, en Corte Plena se conoció , según lo dicho por el propio Cruz, que Smith Bonilla ya presentó ante el Consejo Superior la solicitud de jubilación.