Firma contratada por la CCSS pagó $200 millones para resolver casos de sobornos
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) contrató el sistema informático ERP a la empresa alemana SAP, la cual ha sido investigada en Estados Unidos por desarrollar esquemas para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que SAP debía pagar más de $220 millones para resolver investigaciones por sobornos en el extranjero.
De acuerdo con el Departamento, existieron esquemas para sobornar a funcionarios públicos en Sudáfrica e Indonesia, por lo que se les acusó de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
Por este caso, SAP firmó un acuerdo con el Departamento de Justicia para un procesamiento diferido de tres años. "SAP pagó sobornos a funcionarios de empresas estatales en Sudáfrica e Indonesia para obtener valiosos contratos gubernamentales", aseguró Nicole M. Argentieri, fiscal general adjunta interina de la División Criminal del Departamento de Justicia.
Según documentos judiciales, SAP y sus cómplices pagaron sobornos y ofrecieron beneficios a funcionarios públicos, tales como:
- Dinero en efectivo.
- Contribuciones políticas.
- Transferencias electrónicas.
- Bienes de lujo adquiridos en viajes de compras.
En Sudáfrica, entre 2013 y 2017, los agentes de SAP sobornaron a funcionarios y falsificaron los libros, registros y cuentas de la empresa para obtener ventajas en contratos con diferentes entidades gubernamentales, tales como la Ciudad de Johannesburgo, la Ciudad de Tshwane, el Departamento de Agua y Saneamiento, y Eskom Holdings Limited (empresa estatal de energía).
Además, entre 2015 y 2018, también habrían ofrecido dinero a funcionarios indonesios para obtener ventajas en contratos con el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca y la Agencia de Accesibilidad de Telecomunicaciones e Información.
Tal como reportó el Departamento de Justicia, SAP debe pagar una multa penal de $118,8 millones y se le confiscó administrativamente más de $103 millones.
Por su parte, Jessica D. Aber, fiscal general del Distrito Este de Virginia, explicó que SAP aceptó su responsabilidad por prácticas corruptas.
Las investigaciones fueron realizadas por dicho departamento y la Comisión de Bolsa y Valores por violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. La Unidad de Corrupción Internacional del FBI y el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. están investigando el caso.
La Justicia estadounidense resalta que SAP tiene antecedentes, ya que en 2021 alcanzó un acuerdo de no enjuiciamiento con la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia; también hizo acuerdos administrativos con los Departamentos de Comercio y Tesoro por violaciones a leyes de exportación, y existe una resolución de 2016 por presuntas violaciones a la FCPA en Panamá.
La empresa cooperó con la investigación, proporcionando documentos, entrevistas con empleados y preservando comunicaciones comerciales relevantes de los celulares, entre otros apoyos.
Ante una consulta de CR Hoy Héctor Arias, director del Plan de Innovación de la CCSS, respondió que, aunque los sindicatos han expresado opiniones sobre la implementación del ERP y la Auditoría Interna ha emitido algunas advertencias respecto a la salida en vivo del sistema —las cuales están siendo atendidas—, hasta la fecha no se ha recibido ningún reporte relacionado con las polémicas mencionadas, por lo que este tema es ajeno a su Dirección.
Además, Arias rechazó categóricamente cualquier señalamiento relacionado con las controversias que enfrenta la empresa SAP a nivel internacional. Añadió que desde que asumió como director del proyecto en octubre de 2023, se ha dado estricto cumplimiento a los términos contractuales establecidos. Explicó que el contrato para la implementación del ERP fue gestionado mediante un proceso de contratación iniciado en 2018 y firmado en 2020 por la Gerencia Financiera, con las empresas GBM y Corte Inglés Costa Rica S.A. (ahora Qintes S.A.) como socios implementadores, y no directamente con SAP.
CR Hoy consultó ante SAP sobre estos hechos, pero al cierre de la nota no se ha obtenido respuesta.
Situación en Costa Rica
Diferentes sindicatos del sector salud han denunciado la entrada del sistema ERP, ya que aseguran irregularidades en el proceso. De hecho, la contratación se dio en 2017 por $47 millones y el proceso de salida en vivo enfrentó atrasos de años.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), denunció ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y la Contraloría General de la República (CGR) la implementación del sistema.
En la denuncia se planteó que la Junta Directiva conoció una serie de informes técnicos relacionados con el nuevo sistema e ignoró las advertencias de los entes técnicos y “trasladó la valoración a la administración de las gerencias de la institución”.
Posteriormente, parece ser que la Presidenta Ejecutiva, realizó una interpretación del acuerdo de Junta Directiva, para obligar a las gerencias a implementar ese nuevo sistema ERP-SAP, aun con las consecuencias que podrían generar en los servicios de salud en dos dimensiones, por un lado, la estructura funcional interna, y, sin duda alguna, por otro lado, los efectos e impactos en la población costarricense, indica la denuncia.
Además, la Auditoría Interna de la CCSS confirmó en un oficio de advertencia que, con la salida en vivo del nuevo sistema informático SAP-ERP, se materializaron riesgos que ya habían sido advertidos.
Lo hallado por el órgano auditor en 27 unidades del sistema de salud fue preocupante:
Un colapso operativo, financiero y tecnológico que pone en riesgo la continuidad de los servicios donde se identifican desabastecimientos de medicamentos, atrasos en la entrega de insumos médicos y más de 1.500 facturas pendientes por más de $22 millones de dólares. Además, se presentaron retrasos en pagos a funcionarios y a terceros, inconsistencias en el sistema financiero ERP y una preocupante dependencia de procesos manuales en áreas clave, como farmacia, mantenimiento y activos lo que incrementa la vulnerabilidad del sistema de control interno exponiendo a la Institución a riesgos operativos, financieros, legales y reputacionales.
