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Financista de Chaves ligado a desarrollo residencial bajo la lupa de Fiscalía

Constructor ligado con desarrollo inmobiliario compró bonos de campaña por ₡231 millones

Por Pablo Rojas | 8 de May. 2025 | 2:36 pm

El financista de campaña del presidente Rodrigo Chaves está ligado al desarrollo bajo investigación. CRH

Un comprador de bonos de la campaña electoral de Rodrigo Chaves Robles, presidente de la República, figura como parte del desarrollador de un proyecto residencial en Portalón de Savegre, Quepos, Puntarenas, el cual está bajo investigación por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental del Ministerio Público.

Presuntamente, el desarrollo inmobiliario, ubicado en una zona boscosa y con vistas al mar, pretendía establecerse en una propiedad que, en parte, contemplaría bosque perteneciente al Corredor Biológico Paso de la Danta.

Este corredor biológico fue creado en el año 2000, con una extensión territorial de más de 82 mil hectáreas (ha). Comprende los cantones de Aguirre y Osa, en Puntarenas, así como Pérez Zeledón y Dota, en San José. En su disposición territorial abarca tres áreas de conservación: La Amistad Pacífico, Pacífico Central y Osa.

El desarrollador inmobiliario, cuya empresa estaría ligada a las tareas constructivas del proyecto, es un empresario de apellido Arce, quien, según los registros del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), adquirió bonos de certificados de cesión "B" y "A", de contribución estatal, emitidos por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD), por un monto total de ₡231 millones, para la campaña presidencial de Chaves en 2022. Así las cosas, fue el mayor tenedor de bonos de campaña del actual mandatario.

Por este caso, Ariel Robles Barrantes, diputado del Frente Amplio y representante del cantón de Pérez Zeledón, presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público el 5 de septiembre de 2024, y a partir de ello se abrió la causa penal 24-000079-1111-PE.

En el documento de la denuncia, el diputado señaló que, aparentemente, desde 2022 se habría introducido maquinaria pesada para cortar árboles y que se habría removido tierra para preparar las tareas constructivas.

Robles añadió que las propiedades ligadas al desarrollo, según datos del Registro Nacional, están a nombre de la sociedad Griffin Wellness CR Sociedad de Responsabilidad Limitada, con cédula jurídica 3-102-868337, ubicada en Savegre, Quepos. Estas son:

  • Inmueble matrícula 6-0048211, plano catastrado P-0480225-1982.
  • Inmueble matrícula 6-0083574, plano catastrado P-0681052-1987.
  • Inmueble matrícula 6-0086471, plano catastrado P-0982298-1991.
  • Inmueble matrícula 6-0091117, plano catastrado P-0077403-1992.
  • Inmueble matrícula 6-0091116, plano catastrado P-0077402-1992.

Además, el diputado detalló que también se incluye una propiedad a nombre de Friends of Portalón Sociedad Anónima, cédula jurídica 3-101-868714, ubicada en Savegre (inmueble matrícula 6-0104129, plano catastrado 6-0034800-2023). Arce figura como apoderado de esta sociedad, según el Registro Nacional.

La Fiscalía Ambiental de Osa apunta a que, en este caso, se habría formulado un plan para inducir a error a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), al presuntamente presentar una certificación que indicaba que el sitio no correspondía a bosque, con el fin de obtener la viabilidad ambiental para el desarrollo del proyecto. No obstante, una inspección realizada por Setena y la fiscalía, efectuada meses atrás, determinó que el sitio en cuestión se encuentra dentro de un área boscosa, por lo que no se permite la edificación de obras.

Mediante la resolución de la medida cautelar, se ordenó a la empresa responsable eliminar las obras sobre la quebrada, permitir la restitución de las áreas de protección de los cuerpos de agua y realizar obras de mitigación para prevenir derrumbes o deslizamientos.

La Fiscalía mantiene en curso una investigación por los presuntos delitos de cambio de uso de suelo, tala ilegal, aprovechamiento ilegal de recursos forestales, usurpación de aguas, destrucción de vegetación dentro de un área de protección, tala en área de protección, invasión de un área de protección y falsedad ideológica.

El caso se tramita bajo el expediente 24-000079-1111-PE.

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