Fiduciaria de Canciller no devolverá $3,8 millones a empresaria sin acuerdo de partes, orden arbitral o judicial

La fiduciaria ATA Trust, fundada y administrada por el canciller de la República, Arnoldo André Tinoco, confirmó a CR Hoy que no devolverá los $3,8 millones que mantiene bajo custodia de la compañía hondureña SGM Comercial S.A., salvo por acuerdo de partes, orden arbitral o resolución judicial.

La empresa de André aseguró que garantiza tener los fondos en su poder, luego de que este medio diera a conocer, este jueves, que la empresaria dueña de SGM, Dulce María Mejía Casco, reveló en su declaración ante el Ministerio Público que sospecha que sus fondos fueron utilizados con fines políticos.

Mejía sostuvo en su exposición ante la Fiscalía —en la que denunció al canciller por administración fraudulenta— que la retención de la millonaria suma coincide con el periodo en el que se investiga el presunto uso irregular de dinero durante la campaña para impulsar la candidatura de Rodrigo Chaves Robles, mediante un fideicomiso manejado por ATA Trust.

No obstante, la fiduciaria sostiene que garantiza que el dinero permanece en su posesión a la fecha.

"Podemos afirmar y garantizar que los fondos objeto de la denuncia mencionada se encuentran totalmente disponibles y debidamente custodiados en nuestras cuentas bancarias en bancos del sistema bancario nacional. ATA TRUST COMPAY S.A. es la encargada de custodiar y girar dineros según las partes negociantes le instruyan en forma conjunta. Nunca de forma independiente o sin instrucción de dichas partes", indicaron.

Mejía acudió a la justicia costarricense el pasado 24 de abril para denunciar que la empresa de André Tinoco se estaba apropiando de manera irregular de su dinero, ya que en septiembre de 2021 puso en custodia de la fiduciaria $4 millones, de los cuales se rebajaron $113 mil por concepto de honorarios e impuestos.

Un año después solicitaron la devolución del dinero; sin embargo, desde octubre de 2022, la compañía del canciller ha puesto obstáculos —según la denuncia— para reembolsar el monto que le pertenece a SGM Comercial S.A.

Tal como lo adelantó CR Hoy, la fiduciaria habría obstaculizado una auditoría solicitada por la compañía hondureña en 2022, con la que se pretendía la devolución del dinero. Desde entonces, están luchando por recuperar los fondos.

La fiduciaria insiste en que existe un tercer participante en el contrato que debe autorizar ese movimiento y un beneficiario, mientras que la parte hondureña afirma que no autorizó en el contrato la participación de nadie más que SGM y ATA Trust.

"Debido a la existencia de un conflicto entre las partes intervinientes y tomando en cuenta que entre ambas partes no hay acuerdo sobre las instrucciones del desembolso, el contrato de depósito y custodia obliga a ATA TRUST a no entregar los dineros a ninguna de las partes, si no es por acuerdo de partes, orden arbitral o judicial. ATA TRUST ha invitado reiteradas veces a ambas partes a iniciar dicho proceso para poder entregar los fondos, sin que a la fecha ninguna de ellas lo haya iniciado", informó la fiduciaria.

Concluyeron que, por razones de una cláusula obligatoria de confidencialidad del contrato, no pueden brindar más detalles del caso, pero rechazan cualquier "insinuación maliciosa" en contra de la empresa y sus representantes, por lo que no descartan accionar legalmente contra los responsables por las difamaciones y calumnias expresadas.

Esto responde a lo manifestado por Mejía Casco ante la Fiscalía, sobre el supuesto uso del dinero que ella aportó al fideicomiso con fines políticos entre 2021 y 2022.

La empresaria asegura que existen muchas coincidencias entre lo ocurrido con su dinero y el informe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos (DFPP) del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), sobre el presunto uso de estructuras paralelas de manera ilegal por parte del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), con el cual Rodrigo Chaves Robles ganó las últimas elecciones.

"El dinero fue usado con fines políticos, no tengo pruebas directas, pero las coincidencias con el informe del Tribunal Supremo de Elecciones son muy serias y me hacen sospechar un uso indebido del dinero que entregamos en custodia", dijo.

Ese informe del TSE fue remitido a la Fiscalía General, donde actualmente está bajo investigación para determinar si Rodrigo Chaves, Arnoldo André Tinoco y otras personas relacionadas con la campaña incurrieron en delitos electorales, los cuales se castigan con penas de cárcel.

Además, Mejía sostuvo que detectaron la posibilidad de que los fondos que su empresa aportó en calidad de custodia se habrían mezclado con otros que no les pertenecían.

"Descubrimos durante el intento de la auditoría que los fondos estaban mezclados con otros fideicomisos, lo cual fue confirmado cuando se nos negó su realización con el argumento de que comprometeríamos otros fideicomisos por compartir cuenta.

(…) Después de conocer informes públicos en Costa Rica sobre un posible financiamiento electoral irregular en el que ATA TRUST habría estado implicado. Eso coincidió con la negativa de devolvernos los fondos.

(…) Los fondos estaban mezclados representa una violación directa al deber fiduciario y confirma nuestra sospecha de mal manejo o desvío de fondos" dijo.

En virtud de los hechos narrados, la Fiscalía General confirmó que, bajo la causa 25-000040-0030-PE, se investiga a Arnoldo André Tinoco por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta.

Además, se confeccionó un testimonio de piezas (un expediente paralelo) contra Phillip André y Alonso Vargas, el cual fue remitido el lunes a la Fiscalía Adjunta de Goicoechea, donde continuará el trámite correspondiente.

Con este expediente se pretende analizar la posible participación de ambos en los hechos denunciados.

Financiamiento de Chaves

ATA Trust S.A. es la misma que administró el fideicomiso Costa Rica Próspera, el cual fue utilizado para financiar la campaña presidencial de Rodrigo Chaves Robles.

Costa Rica Próspera, constituido el 25 de febrero de 2021 por Chaves Robles y el empresario Jack Loeb Casanova como fideicomitentes y fideicomisarios, en asocio con ATA Trust Company S.A. —representada por Alonso Vargas Araya, en calidad de fiduciaria— surgió con la supuesta intención de recaudar y gestionar fondos para las aspiraciones políticas del hoy mandatario, y habría operado como una estructura paralela de financiamiento, al margen de la tesorería oficial del PPSD. Todo esto se realiza al margen de lo que establece el Código Electoral.

El informe final de investigación sobre presuntos delitos de financiamiento ilegal en la campaña del presidente, elaborado por el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, señaló que, durante la investigación preliminar, no se lograron identificar productos tangibles que respaldaran la versión de los fideicomitentes (como informes, reportes, propuestas, minutas de reunión, etc.) sobre el supuesto interés de analizar políticas públicas o temas de la realidad nacional.

El informe del TSE fue secuestrado por la Fiscalía General como parte de una investigación por presuntos delitos electorales cometidos durante la campaña del mandatario y André Tinoco.