Feminicidio y cultura: Desafíos de la sociedad costarricense
El feminicidio responde a una de las formas de violencia de género más atroces que conoce la humanidad. Esto ocurre cuando una mujer es asesinada por su condición de mujer, en la mayoría de los casos, quienes ejercen tan brutal acción suelen ser sus parejas o exparejas sentimentales, sin embargo, puede ser causado por un hombre con quien nunca existió un afecto u relación de pareja.
En Costa Rica, es en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (LPVcM) del 2007 donde se encuentra tipificado este delito. Hasta los inicios del 202, esta ley solo contempla los casos en que el agresor fuera cónyuge o pareja actual de la víctima, sin embargo, ese mismo año sufrió una importante reforma en que aceptaría los casos en donde existiera una relación de noviazgo, convivencia, no convivencia, casual u análoga, marcando un hito relevante en la justicia costarricense.
Por otro lado, en Costa Rica se ha establecido el feminicidio ampliado que visibiliza la muerte de mujeres que por razones de género que no habían sido contemplaras en la LPVcM, asimismo, se agrega el femicidio en otros contextos donde se incorporan nuevos escenarios y se establece la pena de hasta 35 años de prisión para quienes se hubiesen aprovechado una relación de pareja, familiar o de confianza para violentar de tal manera la vida de una mujer.
Ahora bien, es evidente que el país ha tenido claro los parámetros judiciales para procesar los casos de feminicidio, además de adoptar herramientas internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que pretenden respaldar los derechos y la dignidad de las mujeres en cualquier situación, pero, ¿realmente ha funcionado?
Está muy claro que el Estado tiene un mecanismo legal para tratar con tan atroces crímenes, pero el problema radica en la debilidad del sistema en prevenir estas acciones y proteger la dignidad de las mujeres antes de ser víctimas, no existe un protocolo claro y direccionado a la salvaguarda de estas vidas.
En el 2022, el Ministerio Público recibió 137 denuncias por tentativa de femicidio de los cuales, solo 26 personas fueron condenadas por este delito. Durante el año de confinamiento en 2020, se reportaron 15 casos por feminicidio ampliado y 14 según el artículo 21 de LPVcM y para el año pasado fueron 10 mujeres bajo el artículo 21 de LPVcM y 9 de otros contextos, así concluye el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.
Los agresores no distinguen de edad, profesión o condición social, no importa si es su pareja sentimental, madre de sus hijos, familiar, vecina o una desconocida. Se ha convertido en una caza, un juego de poder que termina con la vida de muchas mujeres con mentas y sueños por cumplir, la sociedad costarricense ha sido testigo de ello y se vuelve cómplice al no denunciar y alzar la voz la vida de cada una de estas mujeres.
El feminicidio representa una de las manifestaciones más extremas de la violencia de género, y en Costa Rica, la evolución legislativa ha sido significativa para enfrentar este flagelo. Las estadísticas y la realidad cotidiana evidencian que, aunque existen mecanismos judiciales robustos, la prevención y la protección efectiva de las mujeres siguen siendo áreas de gran debilidad.
Para avanzar hacia una sociedad costarricense más segura y equitativa para las mujeres, es crucial no solo fortalecer las leyes existentes sino también implementar políticas y protocolos claros y efectivos que protejan a las mujeres antes de que se conviertan en víctimas. La educación, la concienciación y la intervención temprana son herramientas indispensables para combatir el feminicidio desde sus raíces culturales y sociales.
Internacionalista y Máster en Ciencias Política con Énfasis en Cooperación Internacional