Femicidio de Kimberly: acusación penal revela maltratos y amenazas de esposo antes de asesinarla

 

La acusación penal presentada por la Unidad de Género de la Fiscalía de Heredia contra Deive Oldemar Pérez Mena —esposo de la joven madre Kimberly Araya Granados, cuyos restos fueron encontrados en la ruta 32, cerca del túnel Zurquí, en abril de 2024— revela la crueldad, los maltratos y las amenazas con las cuales el sujeto se dirigía a ella.

La pieza acusatoria, en manos de CR Hoy, detalla los crueles hechos y la forma en que se habría cometido el femicidio contra su pareja y madre de sus tres hijos: dos menores de 10 y 11 años, y una niña de 4 años.

Fue el propio sospechoso quien denunció la supuesta desaparición de la madre de sus hijos, aunque lo hizo 24 horas después de ocurridos los hechos.

Sin embargo, diversas pruebas recabadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) —como videos de cámaras de seguridad y rastros encontrados en la vivienda de la pareja, ubicada en San Luis de Santo Domingo de Heredia— lo vinculan con el crimen.

Los investigadores documentaron que el hombre conducía su vehículo con un aparente “bulto” en el asiento trasero, cubierto con una sábana.

Esto ocurrió alrededor de la medianoche del jueves 18 de abril de 2024, unas dos horas después del último rastro de la mujer, muy cerca de la vivienda. Pérez habría conducido desde la casa hasta un barranco en la ruta 32, dentro del parque nacional Braulio Carrillo, en un recorrido de menos de media hora.

Al día siguiente, alrededor de las 9:00 a. m. del viernes, el hombre regresó en su vehículo al sitio donde habría arrojado el cuerpo, presuntamente para verificar que no estuviera en un área visible.

Los agentes detectaron huellas de llantas y zacate “majado”, pero no hallaron otros elementos. No obstante, con la ayuda de un perro especializado lograron ubicar los restos humanos.

La lluvia fue clave para el hallazgo, ya que la precipitación ayudó a dispersar el olor de los restos humanos en descomposición, lo que permitió a los perros rastreadores acercarse a la zona.

“En la primera revisión no se logró percibir el olor. Después, en una segunda revisión había un olor que emanaba un poco fuerte debido a que había llovido en ese momento y eso nos daba el indicio de que podríamos estar ante la presencia cuerpo”, afirmó en aquel momento el director del OIJ, Randall Zúñiga.

El cadáver fue encontrado en un acantilado de aproximadamente 1.400 metros de profundidad; sin embargo, quedó atascado en una pendiente de 20 metros.

Recuento de maltratos

Ambos estuvieron casados desde junio de 2010 y estaban por cumplir 14 años de matrimonio cuando ocurrió el crimen. Según la Fiscalía, la relación se caracterizó por un ciclo de violencia doméstica.

Uno de los primeros incidentes documentados ocurrió en 2022, cuando Kimberly trabajaba en un supermercado en Cartago junto a su hermana. Ahí, el sospechoso protagonizó una discusión con la víctima y la amenazó gravemente:

"…Si me sigue hablando así le rompo el hocico…", cita la acusación.

En 2023 ocurrieron dos nuevos episodios en la vivienda de la madre de Kimberly. El imputado llegó al lugar para intimidarla y restringir su autodeterminación. La obligó a retirarse del lugar y le dijo en dos ocasiones distintas:

"… ¿Usted no tiene casa, qué está haciendo aquí?…" 

"… ¿Usted no tiene cama o casa? Váyase de aquí…". 

A inicios de 2024, se repitieron hechos similares, uno en casa de la madre y otro en su vivienda. En una ocasión, ella estaba acompañada de sus hijos y su hermana cuando se dio otra discusión, en la que Araya decidió poner fin a la relación.

Le pidió que se separaran. Este, en un intento de coacción, él respondió de forma amenazante que se iría, pero se llevaría a los tres hijos en común.

Días después, mientras ambos se encontraban en un vehículo cerca de la plaza de la Cultura en San José, el sujeto le pidió que lo besara.

Ante la negativa de ella, el sospechoso “se molestó” y, mediante intimidación, se negó a encender el vehículo. Ella se vio obligada a besarlo para poder retirarse del sitio.

Todo escaló hasta que, el 18 de abril de 2024 Pérez Mena aprovechó su superioridad física y la vulnerabilidad de Kimberly —quien estaba sola— para acabar con su vida mediante un mecanismo de trauma idóneo, asfixiándola.

Una vez cometido el crimen, introdujo el cuerpo sin vida en la cajuela de su vehículo, un Kia Picanto modelo 2016, y lo condujo hasta el sector de San Jerónimo, en Moravia, dos kilómetros después del túnel Zurquí en dirección a Limón.

Allí sacó el cuerpo de la cajuela y lo lanzó a una pendiente, logrando que su paradero se mantuviera incierto durante al menos siete días, mientras era buscada intensamente por familiares, amigos y cuerpos de rescate.

El 26 de abril de 2024, gracias a las labores de búsqueda, el cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición. Presentaba trauma en la extremidad superior derecha, equimosis en brazo y antebrazo, hematomas en el dorso de la mano y cianosis del lecho ungueal en la mano derecha. La causa de muerte fue catalogada como homicida desde el punto de vista médico-legal.

La equimosis es una lesión bajo la piel, generalmente causada por un golpe, caracterizada por depósitos de sangre extravasada, mientras que la cianosis del lecho ungueal es una coloración azulada o morada debajo de las uñas, causada por falta de oxígeno en la sangre. En este caso, podría asociarse con asfixia.

Duros testimonios

Los testimonios de la hermana y madre de la joven relatan que el Deive Oldemar ejercía violencia verbal constante y que ella estaba inmersa en un ciclo de violencia doméstica.

Otros familiares y allegados aseguraron que en 2023 Deive Oldemar manifestó que, si descubría una infidelidad, la mataría. Este antecedente, según la Fiscalía, refuerza la tesis de que cumplió con su amenaza.

Amigos y compañeros coincidieron en que Kimberly era víctima de agresiones físicas y psicológicas por parte del acusado, y que ella sentía que no podía separarse debido a una fuerte dependencia emocional y las complicaciones económicas que generaría el divorcio.

Describieron al imputado como una persona agresiva, celosa, tóxica y controladora, que en una ocasión incluso intentó agredirla físicamente.

Una amiga cercana al sujeto declaró que, días antes de la desaparición, él le comentó que tenía problemas con su pareja y que sospechaba que ella tenía un amante. Agregó que no quería separarse por los hijos y por respeto a la madre. Este testimonio confirma el control posesivo que ejercía el imputado.

Otro conocido relató que el imputado era una persona violenta, conflictiva y retadora, tanto así que fue excluido de su equipo de fútbol. Este detalle contribuye a perfilar el temperamento del imputado.

Un testigo adicional aseguró que Deive Oldemar lo contactó para consultarle sobre rastreos telefónicos y ubicación GPS.

También le dijo que, usando un teléfono antiguo de su esposa, logró obtener información del viaje en Uber que ella hizo el 18 de abril, lo cual contradice la versión que inicialmente dio ante el OIJ.

En total, la Fiscalía ofreció 21 testigos que acreditan la relación violenta que el acusado mantenía con su esposa, así como el ciclo de control y maltrato sistemático al que la sometía.

Uno de los testigos indicó que cuando Kimberly buscó asesoría legal para divorciarse, él se negó tajantemente.

También consta que el Pérez reconoció ante terceros que necesitaba cambiar a sus hijos de centro educativo porque sabía que iba a ser detenido, y que por eso dio poder legal a su hermana para que asumiera los trámites administrativos.

El Ministerio Público también ofrece más de 50 elementos probatorios. La única diligencia pendiente es una ampliación de la autopsia, la cual permitiría determinar si las lesiones halladas en el cuerpo coinciden con un síndrome de asfixia, lo que reforzaría la tesis del femicidio.

Múltiples delitos y amplia investigación

De acuerdo con la Fiscalía de Heredia, los hechos configuran un delito de amenazas contra una mujer, castigado con hasta dos años de cárcel; seis delitos de restricción a la autodeterminación, sancionados con hasta cuatro años de cárcel cada uno, y un delito de femicidio, castigado con hasta 35 años de prisión.

Todos estos delitos están contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres.

A esto se suma un delito de simulación de delito, previsto y sancionado por el artículo 327 del Código Penal, con pena de hasta dos años de cárcel.

En total, el imputado se expone a una pena acumulada de hasta 61 años de prisión, la cual deberá readecuarse conforme a la legislación vigente.

Para acreditar estos delitos, la Fiscalía ofrece una gran cantidad de evidencia recopilada por el OIJ, entre ellas cuatro informes policiales, que documentan las principales diligencias realizadas: ubicación del cuerpo y lesiones, localización de indicios, victimología, entrevistas, detención del imputado e inspección del sitio del suceso.

La prueba recabada permite acreditar la participación del acusado en los hechos. En primera instancia, el 19 de abril de 2024, en horas de la noche, el sujeto se presentó ante el OIJ de Heredia para denunciar la desaparición de su esposa.

Él alegó que desde el día anterior no había tenido comunicación con ella y que ella no regresó a la vivienda.

Con base en la información recolectada, se procedió a revisar cámaras de seguridad de distintos lugares visitados por la víctima el 18 de abril, lo cual permitió acreditar su desplazamiento y comprobar que, efectivamente, regresó a su casa, sitio donde fue atacada por su esposo.

Posteriormente, este trasladó el cuerpo en su vehículo hasta el sector del Zurquí, propiamente en la ruta 32, donde lo lanzó a una pendiente.

Además, la Unidad de Análisis Criminal logró extraer los mensajes de los teléfonos decomisados al imputado. Entre ellos, se evidenció una serie de comunicaciones que demuestran manipulación, control e intimidación ejercidos por el acusado.

También se determinó que el mensaje enviado desde el teléfono de Kimberly a su hermana, María José, fue escrito por el presunto femicida, con el objetivo de obstaculizar la investigación y desviar la atención de las autoridades.

Con base en la prueba material recopilada a lo largo de la investigación, se logró desacreditar el relato del supuesto asesino, quien inicialmente presentó una denuncia por desaparición el 19 de abril.

Sin embargo, tras el análisis de grabaciones de video en sectores como Heredia, San Isidro y Santo Domingo, se acreditó que él acabó con la vida de su pareja, cuyo cuerpo fue hallado gracias al rastreo en la zona, el 26 de abril de 2024.

Amplias pruebas

La Fiscalía también cuenta con el acta de inspección, levantamiento del cuerpo y el informe de autopsia realizado a la víctima, en el cual se detalla la ubicación del cuerpo, las lesiones sufridas y se concluye que la causa de muerte fue homicida desde el punto de vista médico-legal.

Asimismo, fueron decomisados videos captados en el peaje del Zurquí, donde se observa al acusado transitando en su vehículo durante la madrugada del 19 de abril. La inspección ocular del automotor permitió localizar sangre humana en la alfombra de la cajuela, lo que refuerza la hipótesis del traslado del cuerpo por parte del imputado.

Esto fue confirmado mediante pruebas forenses aplicadas por la unidad canina y los reactivos Kastle-Meyer y Luminol.

La acusación también indica que el imputado, a sabiendas de que había cometido un hecho delictivo y mientras aún se desconocía el paradero de Kimberly, realizó trámites para cambiar a sus hijos de centro educativo. Así consta en las certificaciones de traslado del 2024 de la Escuela San Luis Gonzaga (uno de los niños) y del Centro Educativo Jesús Argüello Villalobos (otro de los menores).

Por su parte, la Sección Especializada contra el Cibercrimen accedió al contenido de una computadora portátil marca Huawei, en la cual se hallaron registros de búsquedas sobre rastreos telefónicos por satélite, instalación de aplicaciones de mensajería como WhatsApp y noticias relacionadas con el caso.